González saqueó una empresa pública para pagar "deudas del PP" de un millón de euros

Ignacio González habría amasado una fortuna amañando contratos públicos dentro y fuera de España, pero también cuidó las finanzas del Partido Popular. El instructor de la operación Lezo, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, acusa al expresidente de la Comunidad de Madrid y a sus colaboradores más cercanos de haber utilizado una empresa pública de la región para desviar fondos a la caja B del PP madrileño por un valor total de un millón de euros. El dinero habría servido para pagar “deudas” de la formación.

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Así consta en el auto dictado por Velasco este viernes a última hora para enviar a González a prisión incondicional y también en otro auto de registro, a los que ha tenido acceso El Confidencial. Según el juez, el saqueo de fondos para el PP se ejecutó a través de la Agencia para la Administración Digital, antigua Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM), el ente público encargado de la gestión digital y la asistencia informática de los organismos oficiales de la Comunidad de Madrid. La mecánica era sencilla.

González utilizó presuntamente su influencia sobre ICM para adjudicar contratos a empresas privadas por importes muy superiores al coste real de los servicios. Con la diferencia, las adjudicatarias abonaron facturas de proveedores del PP regional falsificando los conceptos mercantiles. La mayoría de esas facturas se correspondían con gastos de campañas electorales de la primera planta de Génova. Como adelantó El Confidencial, el juez Velasco ya considera acreditado en el caso Púnica que los populares madrileños financiaron con fondos opacos las campañas municipales y autonómicas de 2007 y 2011 y las elecciones generales de 2008.

Por la utilización de ICM, el juez Velasco imputa a González -expresidente de la Comunidad (2012-2015), exsecretario general del PP (2011-2016) y expresidente del Canal de Isabel II (2003-2012)- los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y cohecho. Además del dirigente popular, también habría colaborado en el desfalco de ICM el exdirector de ese organismo José Martínez Nicolás, detenido también este jueves por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de las pesquisas. Es la segunda vez que Martínez Nicolás es arrestado por la UCO. La primera se produjo en octubre de 2014 por su implicación en Púnica. Horas después fue relevado de la dirección de ICM.

Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado registraron las oficinas de ese ente público para llevarse los contratos inflados por la trama de la operación Lezo para camuflar el desvío de dinero público al PP. Los agentes también acudieron a las compañías que habrían colaborado en el fraude. La principal investigada es la multinacional tecnológica española Indra, participada mayoritariamente por el Estado (22%). En 2006, ICM adjudicó a Indra un contrato de 16,1 millones de euros para prestar asistencia informática a los funcionarios de la Comunidad de Madrid. En 2007, el mismo organismo concedió a Indra otro encargo para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas que ascendió a 13,5 millones. Y en 2010, ICM volvió a confiar en la misma compañía de telecomunicaciones para implantar la plataforma de gestión académica de la Comunidad por un importe de 15,8 millones.

Las licitaciones de ICM siguieron engrosando la cuenta de resultados de Indra durante los siguientes años. La UCO rastrea esas adjudicaciones y también otras que específicamente tenían como objetivo el procesamiento y la difusión de los datos de las elecciones autonómicas. En los comicios de 2007, Indra asumió ese servicio por 1,2 millones. Volvió a hacerlo en las elecciones de 2011 por 2,9 millones de euros. Y en las elecciones de 2015, ICM destinó otros 4,5 millones para Indra, pero finalmente se anuló el concurso y la Comunidad de Madrid firmó un convenio con el Ministerio del Interior para ceder el recuento de esos comicios.

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ICM e Indra ya habían sido investigadas en Púnica por el juez Velasco, precisamente, por haberse concertado para pagar servicios de reputación 'online' de Ignacio González. Los investigadores acreditaron en ese procedimiento un pago de 10.000 euros con dinero en efectivo no declarado. Por esos hechos fueron imputados el propio Martínez Nicolás y dos directivos de la empresa tecnológica, Santiago Roura y Javier de Andrés. Se da la circunstancia de que este último es marido de la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond, detenida e imputada también en la operación Lezo por haber autorizado operaciones ruinosas de la empresa pública del agua en Suramérica que presuntamente fueron utilizadas por González para desviar 23 millones de euros.

Los autos del juez Velasco a los que ha tenido acceso este diario también acusan a la trama del expresidente madrileño de “la adjudicación fraudulenta y posterior explotación de Golf Canal” -un hermano y un cuñado de González se llevaron el contrato- y del “blanqueo” de los fondos obtenidos con las operaciones del Canal de Isabel II. Los implicados "manejaban dinero en efectivo" de forma habitual, según el juez. Además, las diligencias efectuadas durante los últimos 10 meses habrían permitido descubrir que González recibió una “comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación del tren de Navalcarnero”. La empresa que abonó supuestamente la mordida fue OHL, que en 2007 se llevó el contrato de 366,4 millones de euros para construir la infraestructura. El expediente de esa misma adjudicación ya fue requisado por la UCO en el caso Púnica hace exactamente 14 meses.