Los negocios de Ignacio González: tarifa del 5%, testaferros y pelotazos informáticos

Ignacio González fue expulsado de la política en junio de 2015, pero luego inició otra carrera incluso más lucrativa. El expresidente del Gobierno madrileño contactó en los últimos meses con empresarios para ofrecerles sus servicios de intermediario ante organismos públicos de la comunidad. La tarifa que aplicaría sería de un 5% sobre el importe de los contratos que les consiguiera. También se ofreció para solventar los problemas que tuvieran con la Administración. Su centro de operaciones era el despacho que había abierto a comienzos de 2016 en el número 89 de la calle de Alcalá, justo enfrente del Retiro.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo condujo a esa dirección este miércoles por la tarde para que estuviera presente en el registro de la oficina. Después, a medianoche, los agentes lo llevaron a los calabozos de la Comandancia de Madrid en Tres Cantos. El exdirigente del Partido Popular, licenciado en Derecho, se había dado de alta de nuevo como colegiado en octubre de 2015 con el número 87.759. Pero no pretendía ejercer la abogacía, según han explicado a El Confidencial fuentes cercanas al caso. De hecho, año y medio después de abrir bufete, no se conocía su participación en ningún procedimiento judicial. Su verdadero objetivo era trabajar como lobista y, para ello, exhibía como credenciales su experiencia en la Administración Pública y sus contactos en los ayuntamientos de la comunidad después de tres décadas como mano derecha de Esperanza Aguirre.

Los investigadores también detectaron durante los seguimientos e intervenciones telefónicas de la operación Lezo, iniciada en el verano de 2016, que González contactó con otros empresarios para tratar de poner en marcha negocios y cerrar operaciones inmobiliarias. Hace unas semanas, en plena investigación, se deshizo de una participación del 3% en una sociedad inmobiliaria, Marpepina SA, que tiene como principal activo un solar en Marbella para la construcción de 20 viviendas. Hasta ahora se desconocía su participación en esa mercantil, que se remontaría a 2002, fecha de constitución de la sociedad. Por la venta, González habría ingresado 136.000 euros. Los investigadores restan valor a este movimiento.

Los otros negocios que intentó durante la investigación terminaron en fracaso, según las fuentes preguntadas por El Confidencial. El tránsito al sector privado del expresidente autonómico (2012-2015), ex secretario general del PP madrileño (2011-2016) y expresidente del Canal de Isabel II (2003-2012) no estaba siendo tan exitoso como los pelotazos que supuestamente lideró cuando estaba en el sector público.

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Los expertos en delitos económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están investigando su relación con un empresario que estuvo imputado en Gürtel, Joaquín Molpeceres, propietario de la constructora de obra pública Licuas, con activos valorados en 71 millones de euros en 2015. Fuentes próximas a las pesquisas sostienen que Molpeceres habría actuado presuntamente como testaferro de González. El político del PP habría puesto bajo control del empresario gran parte del patrimonio que habría recibido por favorecer a otras compañías. También los regalos abonados por la propia Licuas. Las fuentes consultadas mencionan en concreto una vivienda en Baqueira Beret que habrían estado disfrutando González y su familia a pesar de que no figura a su nombre en ninguna base de datos oficial, un caso similar al escándalo del ático de Estepona por el que está siendo investigado desde 2012. Con el sueldo público que percibía González, otra vivienda de lujo habría activado todas las alarmas. Pero Molpeceres tenía suficientes ingresos como para camuflar los bienes de otra persona.

Agentes de la UCO registraron la sede de Licuas este jueves ante los indicios de que González intervino para beneficiarle en adjudicaciones públicas. Una de las especialidades de la constructora son las conducciones hidráulicas para el abastecimiento de agua para el consumo, es decir, el negocio principal del Canal de Isabel II, el ente público de la Comunidad de Madrid que González habría utilizado para amañar concursos públicos y operaciones mercantiles, dentro y fuera de España, con las que habría amasado una auténtica fortuna, según sostienen los investigadores. El importe total de los fondos saqueados por esta trama aún no ha podido ser cuantificado, pero se estima que el agujero que provocó supera los 25 millones de euros.

En 2013, en plena crisis de la obra pública, Licuas se llevó un contrato de 6,2 millones más IVA del Canal de Isabel II para la explotación y el mantenimiento de la depuradora de Valdebebas. Se presentó al concurso en una UTE con la empresa de servicios Urbaser, propiedad hasta el pasado diciembre del Grupo ACS, presidido por Florentino Pérez. Los agentes de la UCO también acudieron el miércoles a la sede de Urbaser para llevarse los expedientes de varias adjudicaciones. Asimismo, los investigadores se llevaron cajas con documentos de la Subdirección de Contratación del Canal de Isabel II y precintaron varios despachos.

Como reveló este diario, la empresa pública del agua habría estado empleando durante años un sistema de baremación en las licitaciones que facilitaba el fraude. Primero se valoraban los aspectos económicos y, posteriormente, los apartados técnicos, de carácter puramente subjetivo. Si la empresa que debía llevarse el contrato era demasiado cara, sólo tenía que manipularse la evaluación técnica de su proyecto para que se colocara primera.

La otra empresa pública de la Comunidad de Madrid que centra las diligencias del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional es la Agencia para la Administración Digital, antigua Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM). El director del organismo hasta octubre de 2014, José Martínez Nicolás, fue detenido este jueves. Es la segunda vez que duerme en los calabozos de la Comandancia de Tres Cantos. Ya fue detenido por los mismos agentes de la UCO en la operación Púnica. En ese otro procedimiento, se descubrió que presuntamente habría concedido contratos a Indra para compensar los pagos que la multinacional tecnológica había realizado previamente para mejorar la reputación 'online' de Ignacio González.

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El papel de ICM en la operación Lezo sería mucho más importante que en Púnica. Según fuentes cercanas al caso, los agentes disponen de una avalancha de indicios que acreditaría que la agencia pública de informática habría estado concediendo contratos durante años por importes muy superiores a los reales. Con la diferencia, las empresas adjudicatarias abonaban luego facturas de gastos electorales del Partido Popular. En ese mecanismo habría participado Indra con contratos de soporte informático, asistencia en elecciones municipales y autonómicas e implantación de plataformas de gestión académica, entre otros servicios. Esta parte del caso también salpica a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC), que en 2010 recibió una adjudicación de ICM por importe de 5,9 millones de euros para modernizar y externalizar los sistemas de información corporativa de la comunidad.

Sin embargo, la agencia ICM también habría sido utilizada por González y sus colaboradores para saquear la Administración pública. En concreto, según han confirmado fuentes cercanas al caso, se investigan los contratos que recibió de ese organismo la mercantil Secuenzia Pixels, propiedad de la mano derecha del expresidente madrileño, Ildefonso de Miguel. Este hombre de negocios fue gerente del Canal entre 2004 y 2009. Dimitió tras descubrirse precisamente que su empresa había estado recibiendo adjudicaciones de ICM, otro ente público. En total, entre 2006 y 2008, Secuenzia Pixels se llevó siete contratos por importe de 3,9 millones para suministrar aplicaciones informáticas. Parte de esos fondos habrían terminado en las cuentas del propio Ildefonso de Miguel, pero también en las del dirigente que supervisó esas operaciones desde la cúspide del Gobierno regional: Ignacio González.