El juez cree que el Canal amañó un contrato de 12 millones con la extesorera del Barça

Los tentáculos del 'caso Lezo' siguen creciendo. La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción investigan si directivos del Canal de Isabel II amañaron un jugoso contrato de 12 millones de euros concedido a la empresa Assignia Infraestructuras, del Grupo Essentium, controlado por Susana Monje, exvicepresidenta económica del F.C. Barcelona. Así lo revela el magistrado Eloy Velasco en el auto de prisión de Adrián Martín López de las Huertas, el último director gerente de la empresa pública madrileña hasta que Cristina Cifuentes le relevó a principios de 2016.

"Existen indicios de que Adrián Martín, como director gerente del Canal de Isabel II, habría intervenido activamente en la manipulación de los procesos de licitación de un contrato público de obras en Rivas Vaciamadrid, dirigiendo y asegurando su adjudicación a una sociedad del grupo empresarial Essentium", señala el auto de Velasco. Se refiere al contrato que en julio de 2014 Canal de Isabel II adjudicó a Assignia Infraestructuras por un importe de 11.938.089,26 euros (sin IVA) para el "proyecto de construcción de suministro de agua de riego con agua reutilizable en el municipio de Rivas Vaciamadrid".

El Canal pagó 12 millones para que Assignia construyera "todo el sistema de suministro, almacenamiento y distribución de agua reutilizada producida en el tratamiento de la estación depuradora Sur Oriental para el riego de las zonas verdes públicas tanto existentes como futuras del municipio de Rivas Vaciamadrid". La superficie total a regar ascendía a 3,9 millones de metros cuadrados. Adrián Martín es uno de los directivos del Canal detenido en la 'operación Lezo'. Junto a él han sido arrestados Edmundo Rodríguez, que fue presidente de Inassa (la filial del Canal en Suramérica) y María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal. El juez ha ordenado además la detención en Colombia de Diego García (uno de los gerentes de Inassa) y ha imputado al exgerente del Canal Ildefonso de Miguel.

Los investigadores creen que puede haber cierta conexión entre esta adjudicación en Rivas que se llevo Assignia y uno de los grandes pelotazos que está en la mesa de la Audiencia Nacional, la compra de la empresa brasileña Emissao, adelantada en exclusiva por El Confidencial. En la adquisición de Emissao también estuvo presente el Grupo Essentium, que acaba de denunciar en los tribunales al Canal para reclamar un millón de euros por unos supuestos trabajos de intermediación que el conglomerado dirigido por Susana Monje hizo para que el Canal comprara la firma brasileña.

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Como adelantó El Independiente, Essentium reclama en el juzgado de primera instancia número 77 de Madrid ese millón de euros en cumplimiento de un supuesto acuerdo por el que tendría derecho a percibir el 5% del montante económico en que se tasó el 75% de la compra de Emissao, adquirida en 2013 por 21,4 millones de euros. Dinero que finalmente no cobró. La Fiscalía cree que Assignia pudo ser luego compensada en 2014 con el contrato de Rivas.

Varios problemas judiciales

Assignia se llamaba antes Constructora Hispánica cuando pertenecía al empresario Alfonso García Pozuelo, uno de los procesados del caso Gürtel. García Pozuelo ya ha reconocido ante el juez que pagó sobornos a la trama dirigida por Francisco Correa a cambio de adjudicaciones públicas en ayuntamientos gobernados por el PP. La Fiscalía pide para él cuatro años y medio de prisión por cohecho y prevaricación. García Pozuelo también aparece en los papeles de Bárcenas como presunto donante del PP. El empresario vendió Hispánica en noviembre del 2009 al grupo asturiano Essentium para poder hacer frente a un juicio por delito fiscal por el que terminó pagando casi 20 millones.

Essentium rebautizó Hispánica como Assignia Infraestructuras y sentó en su consejo de administración a un exconsejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, Manuel Lamela, que llevó la cartera de Sanidad. Essentium pagó 34 millones por Hispánica, pero la operación de venta no se zanjó hasta finales de 2014 porque García Pozuelo llevó a los tribunales a la compradora porque no había pagado 7,5 millones de euros. Assignia, que pasa por serios apuros económicos, está envuelta en otros problemas judiciales. La Audiencia Nacional ha imputado a la empresa y varios directivos por los contratos que la constructora se llevó en Argelia, concretamente la construcción de un tranvía en la localidad argelina de Ouargla, en la misma causa en la que están imputados el embajador Gustavo de Arístegui y el exdiputado Pedro Gómez de la Serna.