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A prisión la exdirectora financiera del Canal, con fianza de cuatro millones
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El exgerente ingresa con una caución menor

A prisión la exdirectora financiera del Canal, con fianza de cuatro millones

El magistrado le atribuye la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, malversación y fraude

Foto: Sede del Canal de Isabel II. (Reuters)
Sede del Canal de Isabel II. (Reuters)

La exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond -mujer del actual consejero delegado de Indra, Javier de Andrés (imputado en Púnica)- ha ingresado en la noche del jueves en prisión con una elevada fianza de cuatro millones de euros por su vinculación con la operación Lezo. El juez Eloy Velasco, que no ha atendido la petición de Anticorrupción para que Richmond fuera a la cárcel sin caución, ha decretado, además, prisión eludible con fianza de 100.000 euros para el exgerente del ente Adrián Martín.

El magistrado atribuye a ambos la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, malversación y fraude. Les vincula con una de las operaciones encabezadas por el antiguo responsable de la filial sudamericana del Canal Edmundo Rodríguez Sobrino.

Foto: Ignacio González y Lourdes Cavero, en una imagen de archivo. (Gtres)
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En concreto, se trata de la compra sobredimensionada de una empresa brasileña efectuada por la filial sudamericana del Canal de Isabel II. Rodríguez Sobrino ocupó la presidencia hasta que Cristina Cifuentes le destituyó. Inassa pagó 21,4 millones de euros por la firma brasileña Emissao a finales de 2013. Un año después, su valor contable era solo de cinco millones. Inassa hizo la compra transfiriendo gran parte del dinero a una cuenta en la sucursal suiza del Royal Bank of Canada y usando una firma instrumental uruguaya para canalizar la operación.

Adrián de la Joya, imputado

Otra de las comparecencias celebradas en la tarde del jueves ha sido la del empresario Adrián de la Joya, que se encuentra entre la treintena de imputados vinculados al caso Lezo. Según informan fuentes de la investigación, tiene relación con el pago de una comisión relacionada con OHL.

Foto: Agentes de la Guardia Civil permanece en las inmediaciones del domicilio de Ignacio González. (EFE)

El magistrado y la Fiscalía Anticorrupción atribuyen a los arrestados del entramado Lezo, que presuntamente dirigía González, la comisión de hasta ocho delitos con penas aparejadas que superan los 40 años. A pesar de que Velasco considera probado que el entramado integraba una organización criminal, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido no acusar a los detenidos, con el expresidente de la Comunidad de Madrid a la cabeza, de este delito.

Fuentes de la investigación concretan que el Ministerio Público ha acordado esperar a un punto más avanzado de las investigaciones y a la revisión de la abundante documentación ocupada en la veintena de registros practicados, para considerar a González como cabecilla de una entramado con una calificación penal que puede elevar las futuras penas impuesta hasta en ocho años.

Los primeros detenidos en la operación Lezo llegan a la Audiencia Nacional

Las declaraciones continuarán este viernes, momento en el que el expresidente madrileño será conducido a las dependencias judiciales desde los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos. Es previsible que también serán trasladados el resto de detenidos. Entre ellos, se encuentran el hermano de González, Pablo, y su cuñado José Juan Caballero. También el expresidente de la filial del Canal en Colombia Edmundo Rodríguez Sobrino, junto a su secretaria, Clarisa Guerra.

El juez y los fiscales han dejado para el final el plato fuerte. Fuentes fiscales apuntan a El Confidencial que existen pocas dudas sobre qué reclamarán para el expresidente madrileño y para el que se considera su número dos en la trama, Rodríguez Sobrino, a la vista de lo decretado en la noche de este jueves. La investigación continúa secreta.

La exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond -mujer del actual consejero delegado de Indra, Javier de Andrés (imputado en Púnica)- ha ingresado en la noche del jueves en prisión con una elevada fianza de cuatro millones de euros por su vinculación con la operación Lezo. El juez Eloy Velasco, que no ha atendido la petición de Anticorrupción para que Richmond fuera a la cárcel sin caución, ha decretado, además, prisión eludible con fianza de 100.000 euros para el exgerente del ente Adrián Martín.

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