con carlos mayor oreja y pedro calvo

La UCO investiga el primer pufo del Canal en Colombia en el año 2001 con Gallardón

Los investigadores analizan la compra de Inassa en 2001. El Canal pagó 83 millones por una empresa que valía ocho un año antes. Los registros relacionados han provocado la primera fricción en Fiscalía

Foto: Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González.
Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González.

La UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han retrocedido en sus investigaciones hasta el año 2001, cuando el Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón decidió que el Canal de Isabel II debía iniciar su aventura empresarial en el extranjero comprando el 75% de la empresa Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios SA). Como ya publicó El Confidencial, la Comunidad de Madrid pagó 73 millones de dólares (entonces 83,6 millones de euros) por una sociedad que había costado un año antes poco más de siete millones de dólares (ocho millones de euros). Un auténtico pelotazo para los vendedores y una operación cuanto menos dudosa para el comprador.

La investigación de esta operación ha provocado la primera fricción entre el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, y los dos fiscales encargados del caso Lezo, en el que han sido detenidos Ignacio González y otras 11 personas por el desvío de fondos del Canal. La jefatura de Anticorrupción defendía que la compra de Inassa (ordenada por Gallardón) no podía vincularse con otras operaciones posteriores de Inassa (ya bajo la presidencia de Ignacio González), y que por tanto no podían estar bajo el paraguas del mismo sumario. De hecho, Moix quiso vetar registros vinculados a la compra de Inassa, lo que provocó la queja de los dos fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez. Moix les trasladó su decisión primero verbalmente y luego por escrito, pero ambos se opusieron y pidieron el amparo del artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal, que permite convocar una Junta de Fiscales con el resto de los compañeros para que voten si la orden debe ser acatada.

Otro problema era la fecha. Transcurridos 16 años desde la compra de Inassa, Moix considera que los presuntos hechos delictivos podrían estar prescritos. Porque, ¿cómo se fraguó este primer pelotazo? Hay que remontarse mucho más en el tiempo. Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios SA) existía desde 1996, cuando se creó en la ciudad colombiana de Barranquilla para llevar agua potable al municipio. El primer socio español de Inassa fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que tenía el 51% de la compañía. Agbar decidió vender su participación en el año 2000. El negocio, al parecer, no era rentable.

Los socios colombianos que tenían el otro 49% decidieron adquirir el resto de Inassa a través de la Sociedad de Aguas de América. La compra se efectuó por siete millones de dólares (ocho millones de euros de la época). Pero Inassa enseguida encontró nuevos socios e hizo el puente aéreo, de Barcelona a Madrid. Empezó a negociar con el Gobierno regional, presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón y con Carlos Mayor Oreja como presidente del Canal. Ambos decidieron que la comunidad debía crear una sociedad vehículo, bautizada Canal Extensia, para comprar Inassa y empezar el desembarco madrileño en Colombia, puerta de acceso a otros futuros negocios en Sudamérica.

Ignacio González, a su llegada a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos. (EFE)
Ignacio González, a su llegada a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos. (EFE)

Pero en septiembre de 2001, tras un pequeña crisis de Gobierno, el Canal pasó a depender de la Consejería de Medio Ambiente, y la presidencia de la empresa pública pasó a manos de Pedro Calvo. El 14 de noviembre de ese año, el consejo de administración del Canal acordaba la creación de Canal Extensia, y un mes después, el 13 de diciembre, Canal Extensia compraba el 75% de Inassa por 73 millones de dólares (83,6 millones de euros), 10 veces más que lo que habían pagado un año antes los socios colombianos por el 49%. Canal Extensia pagó 10 millones de dólares ese mismo mes, 61,5 millones en febrero de 2002 y 1,5 millones en diciembre de 2002. No fue el único desembolso. Dos meses antes, en octubre de 2002, el Canal realizó una ampliación de capital en Inassa por otros 13,7 millones de euros. Es decir, que la operación costó a las arcas públicas madrileñas 97,3 millones de euros.

La compra de Inassa supuso para el Canal, una empresa puramente madrileña, la internacionalización de sus negocios. Inassa era titular en esos momentos del 60,4% de la Triple A de Barranquilla, que a su vez tenía participaciones en otras nueve compañías, y del 51% de Watco Dominicana, otra firma en República Dominicana. En 2003, el 'tamayazo' aupó a la presidencia de la Comunidad de Madrid a Esperanza Aguirre. Y con ella, su hombre fuerte en el Ejecutivo autonómico, el vicepresidente Ignacio González, pasó a ser también presidente del Canal.

Ya con Ignacio González, Canal Extensia siguió con las compras en Sudamérica. En 2005, compró otro 3% de Inassa que pertenecía a otra empresa española, Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa), pagando 600.000 dólares (unos 511.000 euros). Al año siguiente, en 2006, una nueva ampliación de capital hizo que Canal Extensia se hiciera con el 81,24% de Inassa, desembolsando otros 16,1 millones de euros. Poco después se adquirió la Triple A de Ecuador por un millón de euros. En 2006, Canal Extensia, a través de Inassa, también amplió su participación en la Triple A de Barranquilla abonando otros 15 millones de euros. Hoy tiene el 67,9%. La última de las operaciones de Inassa fue en 2013, cuando se adquirió el 75% de la firma brasileña Emissao, una operación que es el eje del caso Lezo.

La UCO y la Fiscalía creen que el precio de la compra de Emissao estaba inflado y que se pudo desviar parte del dinero al patrimonio personal de los principales investigados. La Audiencia Nacional ha remitido a las autoridades brasileñas la orden de detención de Sebastiao Cristovam, el empresario brasileño que vendió el 75% de Emissao. Otro de los detenidos en la operación es María Fernanda Richmond, la directora financiera del Canal que autorizó el pufo brasileño.

Carlos Mayor Oreja.
Carlos Mayor Oreja.

Los investigadores creen que Emissao puede ser solo la punta del iceberg. Los investigadores también han puesto sus ojos en varios contratos que el Canal se llevó en República Dominicana, Panamá y Haití. En este último país caribeño, Inassa, a través de otra firma participada, Metroagua, obtuvo dos contratos de 21 millones para realizar obras de infraestructuras del agua tras el terremoto que sacudió ese país en 2010. Parte de estos fondos, aunque fueron adjudicados por el Gobierno haitiano, procedía de la Agencia Española de Cooperación. Se sospecha que Inassa pagó comisiones a funcionarios haitianos y que parte de esas comisiones también se derivaron a los bolsillos personales de los directivos de Inassa.

Según fuentes cercanas al caso, los investigadores habrían conseguido acreditar que la trama que presuntamente lideraba González habría aplicado ese mecanismo de forma sistemática para desviar fondos públicos del Canal de Isabel II: adquirir sociedades en Sudamérica pagando cantidades muy superiores a los precios reales y desviar luego la diferencia a sociedades instrumentales y cuentas 'offshore'. Para asegurarse el éxito del pelotazo, la red pagaba comisiones millonarias a los gestores locales que accedían a vender empresas al Canal por importes inflados.

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