implicados en la operación lezo

Francisco Marhuenda y Mauricio Casals, imputados por coaccionar a Cifuentes

El director de La Razón y el presidente de la sociedad editora del diario están acusados en la operación Lezo de haber intimidado y coaccionado a la presidenta de la Comunidad de Madrid

Foto: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. (EFE)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. (EFE)

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha imputado al director del diario La Razón, Francisco Marhuenda, y al presidente de la sociedad editora del periódico, Mauricio Casals, por presuntas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Las imputaciones se producen en el marco de la operación Lezo lanzada por la Guardia Civil a primera hora de miércoles por el presunto desvío de fondos del Canal de Isabel II y proyectos financiados con fondos públicos. Los dos están citados para declarar ante Velasco este jueves a las 12 horas.

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Según fuentes cercanas al caso, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habrían interceptado llamadas en las que los directivos de La Razón confesaban que habían presionado a Cifuentes para que no denunciara ante la Justicia las irregularidades que había detectado su Gobierno en el Canal de Isabel II. Se da la circunstancia de que uno de los principales responsables del desvío de fondos de las empresa pública del agua fue presuntamente el presidente de su filial en Suramérica, Edmundo Rodríguez, con un asiento también en el Consejo de La Razón.

La propia Cifuentes ha sido citada este miércoles para se pronuncie sobre esas presiones y ratifique el informe que trasladó a la Fiscalía tras hallar anomalías en las filiales del Canal de Isabel II. El consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, la directora del gabinete de la presidenta, Marisa González, el consejero delegado de Planeta, José Crehueras, y el gerente del Canal, Rafael Prieto, también han tenido que declarar como testigos ante la Corte esta mañana, todos ellos por la operación que ha lanzado la Guardia Civil a primera hora y que, por el momento, se ha saldado con la detención de Ignacio González y otra decena de personas.

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La presidenta autonómica ha comparecido ante los medios esta mañana y ha asegurado que "siempre" colaborarán con la Justicia, puesto que su Gobierno tiene "tolerancia cero con la corrupción" y son "los primeros interesados" en que todo se descubra. Ante las preguntas de los periodistas, Cifuentes ha dicho que no puede hacer declaraciones porque el caso "está bajo secreto de sumario", aunque sí ha confirmado que en 2016 remitieron "a la Fiscalía un informe sobre el Canal y desde ese momento la colaboración ha sido, es y será absoluta". Según ha podido saber El Confidencial, la presidenta no declarará presencialmente, sino que lo hará por vídeoconferencia.

El informe de Cifuentes

En mayo de 2016, el Gobierno de Cristina Cifuentes informó que el nuevo director gerente del Canal de Isabel II, Rafael Prieto, estaba haciendo un análisis de la sociedad del Canal en Iberoamérica y sus filiales comenzando por la operación de compra más reciente, realizada en 2013. Esta compra es la relativa a la que hizo el Canal en noviembre de 2013 de una empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes por un importe de 21 millones de euros. Un año después, el valor contable era de cinco millones.

Según explicó entonces el portavoz del Gobierno regional y presidente del Canal, Ángel Garrido, habían aparecido cuestiones que les parecían "anómalas", relativas a diferentes etapas, precios, plazos y fórmulas de pago de la operación. Por ello, las pusieron en conocimiento de la Fiscalía para determinar si alguna de estas anomalías eran constitutivas de delito. Por su parte, Cifuentes también detalló que lo detectado tenía que ver con compra de acciones o letras de una sociedad a un precio mayor del establecido, y recalcó que la responsabilidad de esto se circunscribía en el que fue responsable de la entidad en esa área en ese momento y no del Ejecutivo regional que presidió Ignacio González.

Cifuentes aludía entonces al directivo ya cesado, Edmundo Rodríguez, que fue presidente ejecutivo de la Sociedad Interamericana Aguas y Servicios, S.A. (Inassa), empresa del Grupo Canal en Colombia. Además, el pasado mes de julio, el Gobierno regional denunció ante la Fiscalía General del Estado presuntas irregularidades detectadas en el proceso de adquisición de esta compañía por parte del Canal de Isabel II. Por otro lado, el Canal procedió al cese de la directora Financiera y de Desarrollo de Negocio, María Fernanda Richmond, por pérdida de confianza por su participación en la compra de Emissao. Richmond también ha sido detenida este miércoles en el marco de la operación Lezo.

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