Ciudadanos presiona al PP para que Pedro Antonio Sánchez también deje el acta

Tras la dimisión de Pedro Antonio Sánchez de la presidencia de Murcia, los equipos negociadores de PP y Ciudadanos han iniciado nuevas conversaciones para llegar a un acuerdo que permita investir al candidato propuesto por el PP, Fernando López Miras, a finales de mes. La voluntad de los de centro, insisten fuentes del partido, es dar estabilidad a la Región y firmar un nuevo pacto lo antes posible. Sin embargo, nuevos escollos impiden el rápido entendimiento. Además, la formación de Albert Rivera y liderada en Murcia por Miguel Sánchez piensa insistir en que Pedro Antonio Sánchez deje el acta de diputado como estaba previsto en el primer punto del acuerdo firmado en 2015 en el caso de que un cargo público resultara imputado.

El secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, afirmó este miércoles en el Congreso de los Diputados que “lo correcto sería que dejara el acta” y confirmó que así lo ha trasladado su formación al PP murciano. “Lo hablaremos en la nueva negociación. Ya les hemos dicho que Murcia tiene que superar la situación de crisis y vamos a intentar que Pedro Antonio Sánchez sea pasado y no marque ni el presente ni el futuro al menos hasta que se aclare su situación judicial”. El que dejará de ser presidente de la Región en las próximas semanas de manera oficial está imputado en el caso Auditorio por cuatro supuestos delitos de corrupción y la Audiencia Nacional ha pedido a los tribunales competentes de Murcia que lo investiguen también por otros tres delitos en la trama Púnica.

Más allá de la situación del líder de los populares murcianos, Ciudadanos ha puesto sobre la mesa en a nueva mesa negociadora la condición ‘sine qua non’ de que se eliminen los aforamientos a través de una reforma del Estatuto de Murcia. En realidad, está condición estaba incluida en el anterior pacto de investidura, como también en el resto de comunidades y en el acuerdo nacional que permitió que Mariano Rajoy volviera a ser presidente del Gobierno de la Nación. Los populares, por su parte, continúan rechazando esta cuestión mientras no se vincule la limitación de las acusaciones particulares en los juicios por parte de los partidos políticos.

Este último punto supone un nuevo desencuentro entre las formaciones, como confirmó Villegas este miércoles en el Congreso. “En Ciudadanos creemos que no se pueden ligar ambas cosas. Para eliminar los aforamientos existe un mecanismo a través de la reforma del Estatuto de Murcia. Para limitar las acusaciones populares no existe y entendemos además que es un debate general que probablemente habrá que hacer a nivel nacional”. En Ciudadanos desechan -al menos de momento- la opción de que el nuevo pacto de investidura en Murcia contenga esta petición de los conservadores.

Más allá de las discrepancias, como ya publicó El Confidencial, Ciudadanos ve con buenos ojos a López Miras y, sobre todo, ve necesario garantizar la estabilidad del Gobierno hasta el fin de esta legislatura. El acuerdo que firmarán en las próximas semanas, eso sí, será distinto al firmado en 2015, al no tener como objeto una investidura y cuatro años por delante, y apostará por reformular aquellos puntos del acuerdo actual —que el PP habría roto, a ojos de Ciudadanos— y que sin duda supusieron una fuente de conflictos. Lo que en el partido de centro descartan es entrar en el Gobierno autonómico e insisten en dar cumplimiento a la hoja de ruta aprobada en la asamblea general naranja del pasado febrero, donde el partido acordó la entrada en ejecutivos autonómicos y locales a partir de 2019, tras el nuevo periodo electoral.

El proceso está en marcha. Este miércoles, la presidenta de la Asamblea, Rosa Peñalver, ha resuelto proponer a Fernando López Miras, diputado del PP, como candidato formal a la presidencia tras analizar las propuestas de los grupos parlamentarios. Ha convocado también Mesa y Junta de Portavoces para el día 20 de abril. En un comunicado, indica que a partir del jueves de la próxima semana se abre el proceso para llegar al debate de investidura, para el que la Junta deberá ordenar las fechas en las que se celebren los plenos, presumiblemente los primeros días de la semana que se inicia el lunes 24 de abril.