El juez pide a los tribunales de Murcia que investiguen a Pedro Antonio Sánchez

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha solicitado este lunes al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia que investigue al presidente regional Pedro Antonio Sánchez por su vinculación con la trama Púnica. El magistrado le atribuye los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

Según explica el instructor en la exposición razonada que ha remitido al TSJ murciano, Sánchez empleó los servicios del empresario imputado en este caso, Alejandro de Pedro, para concertar trabajos reputacionales en Internet y redes sociales.

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Paloma Esteban

A pesar de que estos encargos tenían carácter privado, el juez Velasco defiende que el presidente autonómico disfrazó estas labores como prestaciones de servicios para la Consejería de Educación de Murcia. En un escrito de 32 páginas, el magistrado detalla los indicios recabados y precisa que Sánchez buscaba "limpiar" la "inconveniente imagen" provocada por las investigaciones judiciales a las que estaba sometido.

Su objetivo: presentarse a la presidencia del Gobierno autonómico, meta que consiguió, asegura de forma rotunda el juez. Velasco precisa que los trabajos para la mejora de su reputación 'web' no fueron sufragados de su bolsillo. Ni siquiera los pagó el personal de prensa de su gabinete ya que "no estaba entre sus labores acondicionar la imagen privada de una persona y él era consciente", agrega.

El magistrado describe que el presidente murciano encargó las labores con la promesa de futuras adjudicaciones de contratos públicos de formación que, tras ser "hinchadas", quedarían asignadas a empresas vinculadas al empresario y su socio, José Antonio Alonso Conesa.

Los trabajos se concretaron en un coste de 4.600 euros al mes e incluían la contratación de un periodista para un diario digital o la creación de un portal que daría cobertura al seguimiento de Sánchez. Debían prolongarse durante siete meses, de noviembre de 2014 a mayo de 2015, justo el periodo previo a la campaña electoral de ese año.

La operación policial abortó el proyecto

El proyecto no llegó a concretarse: ni se pagaron las cantidades estipuladas ni se adjudicó contrato alguno a cargo de Formación, explica el juez, que atribuye el brusco fin del proyecto a la operación policial de la Púnica desarrollada a finales de octubre de 2014. A pesar de ello, el magistrado defiende que el delito de fraude que atribuye al mandatario regional se consuma "con el mero acuerdo o concertación" con un interesado en contratos públicos y cita abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, entre la que destaca una sentencia de la que fue ponente el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

En cuanto a la revelación de información reservada, concluye que se produjo en el momento en el que se aportaron a "extraños a la Administración" -en referencia a De Pedro- documentos y se le comunicó la intención de contratar sur servicios. Respecto al cohecho, Velasco lo relaciona con "el soborno y corrupción" vinculada a recibir servicios personales a cambio de actuaciones administrativas en materia de concursos y contratación pública.

La exposición razonada describe los correos electrónicos, las llamadas telefónicas y los intercambios de whatsapp entre los protagonistas de la presunta trama. También refleja diversos informes sobre las labores reputacionales y la agenda de una empleada en la que se incluye la fecha del 3 de noviembre de 2014 como día de inicio de los trabajos y aporta la hoja de requisitos avalada por las partes y la oferta firme pactada.

Este lavado de cara en las redes sociales se extendía también a la mejora de la imagen de la entonces alcaldesa de Cartagena, la senadora del PP Pilar Barreiro, para la que las empresa de la Púnica preveían hacer "idénticos trabajos", en este caso, sin cargo alguna. "A Pilar se lo hacemos gratis", refleja una de las conversaciones que recoge el juez.

El magistrado, que ha pedido proceder contra Sánchez en contra de la Fiscalía Anticorrupción, concreta también que los empresarios celebraron con el 'popular' hasta cuatro reuniones "cuasi clandestinas", algunas de ellas en hoteles cercanos al Congreso de los Diputados.