Una treintena de cooperativistas pide la intervención judicial de Multiópticas

Una treintena de socios de la cooperativa Multiópticas está poniendo patas arriba la compañía. Los críticos con la gestión del consejo rector de la mercantil han reclamado al Juzgado número 11 de Madrid, que investiga a la cúpula de la sociedad por deslealtad y acuerdos abusivos, que suspenda a la actual dirección e imponga un administrador judicial con el fin de evitar "la destrucción de pruebas y la consumación de nuevos delitos" por parte de los gestores.

En concreto, los díscolos acusan a sus directivos de volver a reincidir en los mismos ilícitos penales incluso después de la interposición de la querella investigada por el Juzgado número 11. Los culpan de haber "maniobrado" para modificar el valor de los votos con que cuenta cada cooperativista con el fin de dar más valor a socios afines e incluso a familiares, que controlarían 82 de los 214 sufragios existentes, un número suficiente para decantar a la asamblea general del lado del consejo rector, como de hecho entienden que ha ocurrido.

Estas maniobras, según los querellantes, consisten en la concesión de votos a sociedades unipersonales que no tendrían derecho a sufragio por separado y deberían unirse a un grupo de socios que como máximo tendrían cinco votos, pero que de esta forma pueden conseguir hasta cuadruplicar su representación en la asamblea de propietarios.

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"Han sorteado en fraude de ley el principio de un socio, un voto con el único objetivo de alterar la composición de los votos de la cooperativa para que el consejo rector pueda mantener el control de la mayoría", explican los querellantes, que detallan exhaustivamente el mecanismo utilizado presuntamente por la cúpula de la sociedad para llevar a cabo estas supuestas artimañas.

Aseguran además que, aprovechando esta posición predominante, la dirección de la compañía ha repartido alrededor de "seis millones de euros" en concepto de 'rappeles' (bonificaciones que aportan los proveedores por cumplimiento de objetivos y que todos los socios entregan a la cúpula) entre los cooperativistas de forma "absolutamente ilícita" y "abusiva", primando a los nuevos socios que acababan de ser admitidos gracias a las mencionadas maniobras de reparto del voto y que, según los querellantes, estarían más cerca del consejo rector.

"Mediante la creación de 'grupos comerciales de socios', los querellados efectuaron a sabiendas de su patente ilicitud un reparto de las bonificaciones ilícito, hecho a su medida y contrario a los intereses de la mayoría de los cooperativistas, lo que supone otro acuerdo abusivo que (...) atribuye cantidades que no corresponden en beneficio de unos pocos —que apoyan a los querellados o que incluso son ellos mismos— y un perjuicio a los socios con menor capacidad adquisitiva", arguyen desde el sector crítico.

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La comisión del delito societario de disposición fraudulenta de los bienes de la sociedad, del de imposición de acuerdos adoptados por mayoría ficticia y del de abuso y deslealtad profesional, así como la posibilidad de que los directivos sigan incurriendo en "reiteración delictiva" tras la presentación de la querella, son las causas principales de la petición por parte del sector crítico de un administrador judicial.

Aunque los querellantes señalan también el "incumplimiento de los estatutos", el "permanente conflicto" que existe entre el sector crítico y la cúpula, la continua "denegación de información" por parte de la dirección tras la petición de datos de los díscolos, el hecho de que siga vacante la plaza de director general de la compañía tras el despido el pasado junio de Javier Sanchís Martínez por su implicación en los papeles de Panamá o el medio millón de euros que la cooperativa abona a Deloitte para que este despacho ejerza la defensa letrada en los distintos pleitos planteados por los socios (que también pagan ese concepto).

Sangría de bajas por las altas cuotas

Según los querellantes, todas estas muestras de la gestión del consejo rector, junto a la elevada cuota que se cobra a los socios (2.000 euros al mes), han provocado que la compañía sufra una sangría de bajas en los últimos cinco meses. En concreto, desde octubre de 2016, nada menos que 43 ópticas han abandonado la cooperativa, algunas de las cuales formaban parte de la mercantil desde sus comienzos. "Otros socios permanecen en la cooperativa, pero han dado de baja algunos de sus establecimientos porque no pueden asumir los costes por óptica que la dirección aprobó en las asambleas de 2014", apuntan los querellantes, que también critican el sistema financiero de la empresa.

Multiópticas, acusan, tiene actualmente dos cajas, una destinada a sostener los gastos de la cooperativa, que se nutre del cobro de la mencionada cuota que los críticos consideran excesivamente elevada, y otra donde se acumulan las citadas bonificaciones, que —según los díscolos— se reparten de manera abusiva beneficiando a los socios del consejo rector.

Antes del 30 de junio, Multiópticas debe elegir un nuevo consejo rector, con lo que el conflicto judicial se torna especialmente importante, dado que pone en duda la imparcialidad del sistema de votación en un momento en el que tendrá que decidirse precisamente quién se hace cargo de la gestión de la cooperativa.