La Justicia española insiste en que Francia debe extraditar a los jefes de ETA

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha vuelto a reclamar a Francia que extradite a los últimos jefes de la banda terrorista ETA en el marco de la causa que investiga a estos exdirigentes por el delito de lesa humanidad. José Antonio Urruticoechea Bengoechea 'Josu Ternera', Garikoitz Aspiazu Rubina 'Txeroki', Mikel Carrera Sarobe 'Ata', Aitxol Iriondo Yarza y Aitor Elizarán Aguilar fueron procesados por el antecesor de Lamela, el magistrado Juan Pablo González, en octubre de 2015, momento en que el juez también decidió cursar una petición de extradición para aquellos que estaban encerrados en cárceles francesas, que eran todos menos Ternera, quien se encontraba y aún hoy continúa en paradero desconocido.

Desde entonces, sin embargo, las autoridades galas han evitado atender la petición de la Audiencia Nacional, una apatía a la que han contribuido la pasividad de Lamela desde que se hizo cargo del caso —ya que no ha ordenado ninguna diligencia más allá de la orden de trocear el procedimiento— y la división en el seno de la Fiscalía del alto tribunal español, que ha mostrado diferentes criterios durante la instrucción. Muestra de la fricción que provocó el asunto en el seno del ministerio público fue el rocambolesco episodio que tuvo lugar con motivo del cumplimiento de condena de uno de los cinco procesados, Aitor Elizarán.

El exdirigente etarra, tras despedirse de sus compañeros de prisión en Francia, fue metido en un avión por las autoridades galas con destino a Barajas el 4 de diciembre de 2015. A pesar de que el juez de enlace Javier Gómez Bermúdez avisó a la Audiencia Nacional de que el exmiembro de la cúpula terrorista iba a llegar en avión, ningún policía ni guardia civil se personó en el aeropuerto para encajarle los grilletes y ponerlo a disposición judicial. Un día después, y ya fugado el etarra, el juez José de la Mata, que estaba de guardia ese fin de semana, cursó una orden de detención a petición de Dignidad y Justicia, asociación que interpuso la querella que dio origen a la causa. La decisión del magistrado fue respaldada por el fiscal que ese día estaba de guardia, criterio que no compartió sin embargo el ministerio público días después, cuando la Guardia Civil dio con el paradero de Elizarán y solicitó su detención.

Muestra por otro lado de la mencionada pasividad de Lamela en la causa es la paralización de la misma, en la que no se ha practicado diligencia alguna desde que la magistrada decidiera dividir el procedimiento y derivarlo a diferentes juzgados que habían entendido de temas vinculados a los distintos procesados. Un escrito de Dignidad y Justicia presentado en la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso El Confidencial, de hecho, se queja de este aparente desinterés en impulsar la causa mostrado por Lamela. La asociación critica que la magistrada troceara la causa, como argumentó, para agilizar la instrucción y, sin embargo, no haya habido ningún avance desde entonces.

En este contexto de pasividad se enmarca la reciente petición de la jueza de que se practiquen las diligencias acordadas inicialmente por su predecesor en el cargo, quien pretendía que Francia accediera a 'prestar' a los presos procesados a la Audiencia Nacional para que el Juzgado número 3 les tomara declaración en el marco de la instrucción de lesa humanidad. En concreto, Lamela dictó una providencia el pasado 1 de marzo en la que insistía en que Francia debe hacer el siguiente movimiento. "Dado el tiempo transcurrido sin haber cumplimentado la comisión rogatoria remitida el 28 de octubre de 2015 a las autoridades judiciales galas, líbrese oficio a las mismas a fin de que se dé cumplimiento a dicha comisión rogatoria", reclama la jueza, quien al tiempo que hace esta petición ordena descafeinar la causa dejando sin efecto algunas diligencias acordadas por su antecesor.

En concreto, Lamela acuerda no llamar a declarar en calidad de imputados, como había determinado el juez González, a los exmiembros de la cúpula terrorista Aitzol Iriondo, Jurdan Martitegui, Garikoitz Aspiazu Rubina 'Txeroki', Aitor Elizarán, Soledad Iparraguirre, Mikel Albisu, Mikel Carrera Sarobe y Gorka Palacios. Asimismo, deja al margen de la causa a uno de los procesados, Aitor Elizarán, el protagonista de la rocambolesca historia narrada, y pide que declaren 'Txeroki', Carrera Sarobe e Iriondo Yarza —los tres procesados al margen de Ternera, que está huido—, encerrados en las prisiones de Arlés, Read Sud Francilien y Moulins Yzeure.

La admisión a trámite de la querella presentada por Dignidad y Justicia así como el mencionado procesamiento de los cinco exmiembros de la cúpula de ETA representaban una investigación pionera en la Audiencia Nacional, que por primera vez acusaba a los jefes de la banda de esta tipología delictiva tan grave, y que además lo hacía con base en la teoría jurídica de hacer responsables de los asesinatos no solo a quienes aprietan el gatillo, sino también a los que ordenan hacerlo. La decisión de la Audiencia Nacional de investigar únicamente los crímenes de lesa humanidad cometidos por la banda después de 2004, sin embargo, limitaba la instrucción únicamente a los mencionados exjefes de ETA.

Dejaba al margen de las diligencias, por lo tanto, a la mayor parte de cúpulas de la banda, lo que motivó que Dignidad y Justicia interpusiera otra querella contra el resto de exdirigentes ante las autoridades judiciales argentinas, que dicidieron admitir a trámite el escrito de la asociación de víctimas e iniciar una investigación complementaria a la de la Audiencia Nacional. A nivel institucional, el Defensor del Pueblo ya ha mostrado su apoyo a la investigación de los jefes de ETA por lesa humanidad, un respaldo que será trasladado por Dignidad y Justicia a la causa que instruye la Corte Federal Argentina.