El juez acusa al PP de pagar con billetes "de procedencia opaca" sus actos de campaña

Los avances en la investigación sobre la presunta caja B del PP de Madrid han arrojado conclusiones demoledoras para el partido. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto un aluvión de evidencias que demostraría, por primera vez, que Génova habría estado utilizando “dinero en efectivo de procedencia opaca”, fuera de todo control, para pagar actos de campaña. Para rebasar de forma “sistemática los límites de gasto electoral” sin ser descubierto, el partido recurrió a “la articulación y empleo de una red de empresas” que facilitó “la materialización y ocultación de los gastos electorales no declarados”. En esa estrategia, empleó incluso dinero de sus diputados en la Asamblea de Madrid. Las acusaciones se desprenden de nuevos informes de la UCO incorporados a la pieza secreta que instruye el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, sobre la contabilidad paralela del PP regional.

Como adelantó El Confidencial este martes, los expertos en delitos económicos del Instituto Armado sostienen que esas “irregularidades, muchas de ellas con relevancia penal”, habrían permitido a la formación concurrir en condiciones ventajosas a al menos tres citas electorales: las municipales y autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008. El dinero opaco que manejó el partido en esos comicios salió presuntamente de donaciones ilegales de empresarios y de subvenciones públicas concedidas por gobiernos de la Comunidad de Madrid del propio PP. Los fondos llegaban a una entidad sin ánimo de lucro, Fundescam, y luego eran desviados mediante “facturas por conceptos mercantiles falsos” a las cuentas del partido.

Pero la trama que supuestamente lideraban el exsecretario general del partido y cerebro de Púnica, Francisco Granados, y el exgerente de la formación Beltrán Gutiérrez, también utilizó otras vías para aumentar su capacidad de gasto. En un auto de la pieza secreta al que ha tenido acceso este diario, el juez Velasco detalla que “se ha detectado (…) la participación reiterada en el tiempo de un núcleo empresarial que ha formado parte integral de la estrategia del Partido Popular en este ámbito y que lo ha hecho posible”, blanqueando los billetes que circulaban por la primera planta de Génova.

Esas empresas a las que se refiere el magistrado no realizaron aportaciones económicas, como hicieron otras mercantiles, en su mayoría, constructoras y adjudicatarias públicas. En este caso, el juez habla de un grupo integrado por proveedores de publicidad y marketing que trabajaron para la formación colaborando abiertamente en su fraude. Así, según Velasco, “en el marco de su colaboración con el Partido Popular regional, [estas empresas] habrían sido receptoras de dinero en efectivo de procedencia opaca, habrían falseado facturas con el propósito de ocultar la prestación de servicios de campaña y habrían actuado de intermediarios para eludir que el Partido Popular figurara como destinatario y pagador de los servicios de campaña prestados por terceras empresas”.

Según fuentes cercanas al caso consultadas por El Confidencial, en esa mecánica de ocultación habría participado el grupo de publicidad de Daniel Horacio Mercado, un empresario que precisamente acaba de ser procesado por la presunta financiación ilegal del PP de Islas Baleares. Mercado ya admitió en 2012 que desvió fondos de adjudicaciones públicas del Gobierno de Jaume Matas para sufragar las campañas del propio dirigente popular. También recogió dinero de empresarios que pagaron en negro otros actos del partido.

Vea el vídeo con las declaraciones de todos los partidos

Esas mismas prácticas y con el mismo intermediario son la que ha detectado ahora la Guardia Civil en el PP de Madrid dentro del caso Púnica. El juez Velasco ordenó hace dos semanas una nueva batería de diligencias para analizar todos los contratos de publicidad que concedió la administración madrileña a Mercado y, también, las partidas que se llevó de adjudicatarios públicos para promocionar infraestructuras aprobadas por ejecutivos regionales.

Este diario ya publicó que, entre esos contratos bajo sospecha, están las adjudicaciones de la Ciudad de la Justicia y el proyecto anterior Campus de la Justicia; cuatro carreteras construidas por Dragados (ACS) entre 2007 y 2011; un contrato de 919.183 euros de la empresa pública Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente; y una adjudicación de 2 millones de euros de la Consejería de Economía, entre otras licitaciones. Los investigadores sostienen que esos proyectos sirvieron para detraer fondos públicos con los que se pagaron los trabajos realizados para el PP por las mercantiles del empresario argentino (Over Marketing y Comunicación SL, Traci Comunicación SL, Link América SL y Abanico de Comunicación y Marketing SL).

TE PUEDE INTERESAR

El juez acusa al PP en un auto secreto de pagar en B las campañas de 2007, 2008 y 2011

José María Olmo David Fernández

En otros casos, según precisa el juez Velasco, los trabajos para el PP de esas empresas fueron asumidos directamente por constructores y adjudicatarios públicos “con facturación por conceptos mercantiles falsos”. Y, finalmente, habría un tercer grupo de actos que habrían sido abonados por el propio PP utilizando “dinero en efectivo de procedencia opaca, aspecto que concordaría con las anotaciones reseñadas en la libreta hallada en el domicilio de Francisco Granados”. Fue ese documento, encontrado en octubre de 2014, el que terminó motivando la apertura de la pieza separada de Púnica sobre la caja B del PP. En esa libreta, Granados anotó presuntas donaciones ilegales de empresarios por valor de 2.060.000 euros que habría recibido él mismo. De esa cantidad, en torno a 1,6 millones de euros fueron aportados por una sola adjudicataria pública, OHL.

La lista de irregularidades es aún más larga. La UCO también ha encontrado pruebas de que el PP de Madrid pagó actos electorales “desde la cuenta de funcionamiento del Partido”, algo que prohíbe la normativa electoral. Esa misma cuenta, según los investigadores, “recibió sustanciales fondos procedentes del Grupo Parlamentario” en la Asamblea de Madrid que habrían sido utilizados igualmente para aumentar el gasto en las campañas escapando de la fiscalización de los órganos de control. Por ahora, las irregularidades afectan a tres elecciones celebradas en un plazo de cuatro años, de 2007 a 2011, pero las pesquisas aún no han concluido.