PSOE PROPONE DEROGARLA Y PNV, MODIFICARLA

La oposición en bloque apoya iniciar el desmontaje de la ley mordaza del PP

El pleno aprobó dos iniciativas: la derogación total de la ley (PSOE) y una importante modificación de la misma (PNV). En lo que hay consenso es en admitir a trámite su desmantelamiento

Foto: Los ministros Fátima Báñez, Iñigo Méndez de Vigo, Íñigo de la Serna y Juan Ignacio Zoido. Detrás, la bancada de Ciudadanos. (EFE)
Los ministros Fátima Báñez, Iñigo Méndez de Vigo, Íñigo de la Serna y Juan Ignacio Zoido. Detrás, la bancada de Ciudadanos. (EFE)

El Congreso de los Diputados debatió en su sesión plenaria dos iniciativas distintas que buscan un mismo objetivo: desmantelar la ley de seguridad ciudadana aprobada en 2015 con la mayoría absoluta del PP y con Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior Los socialistas defendieron su derogación total, apoyados por Unidos Podemos y los nacionalistas catalanes entre otros, mientras que el PNV presentó una reforma que, sin embargo, cuestiona más de cuarenta apartados de la llamada ley mordaza y que contó con el apoyo mayoritario del arco parlamentario, incluido Ciudadanos y con la única excepción del PP. Unos apuestan por fulminarla y otros por cambiarla de arriba abajo pero hay consenso: la oposición en bloque quiere otra ley de seguridad para los ciudadanos y a partir de hoy se inician los trámites para conseguirlo.

La oposición en bloque apoya iniciar el desmontaje de la ley mordaza del PP

La fotografía política es la que se viene produciendo en estos meses: la soledad de un Gobierno en minoría frente a una mayoría posible y variopinta en la Cámara Baja. El diputado popular José Alberto Martín-Toledano reprochó desde la tribuna el “choque absoluto” que conllevará admitir a trámite ambas propuestas dado que son “antagónicas”. El partido del Ejecutivo reconoce sentirse “más cercano” a la iniciativa de los nacionalistas vascos, partidarios de una reforma y que va más en linea con lo propuesto por el ministro Juan Ignacio Zoido, “ofreciendo dialogo y viendo donde hay incidencias negativas para solventarlas”. Aún así, las discrepancias son mayores a las similitudes y por eso, anticipó que votaría en contra.

Los populares tildaron de “disparate total” la tarea que a los diputados les espera a partir de ahora: enmendar y tratar sobre una ley de 1992 (en referencia a la ley Corcuera por la que los socialistas apuestan en sustitución a la actual) al tiempo que presentan enmiendas a otra ley de 2015, sobre la que el diputado del PP quiso defender: “No es cierto que suponga una regresión de los derechos ciudadanos”, afirmó.

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando. (EFE)
El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando. (EFE)

Pero el resto de partidos de la oposición se mostraron tajantes. El portavoz de Interior del PSOE en el Congreso, Antonio Trevín, se felicitó por su propuesta asegurando que si resulta aprobada “se estará dando el primer paso para devolver a los españoles las libertades que el Gobierno del PP les hurtó” en cuestiones tan básicas, afirmó, como el derecho a la reunión, manifestación, huelga e información. Los nacionalistas vascos, por su parte, defendieron su reforma encaminada a que no existan restricciones en el ejercicio de los derechos constitucionales y haciendo hincapié en el principio de proporcionalidad por el que debe regirse una normativa de este rango, y lograron reunir a una amplísima mayoría del Congreso.

Ciudadanos, que se abstuvo en la propuesta del PSOE por no estar a favor de una derogación y votó sí a la del PNV para iniciar un debate que cambie la ley, apeló a las libertades individuales y al papel de los jueces como únicas figuras para interpretar leyes, “y que no sea un ministro o un funcionario de la Administración quien lo haga”, insistió el diputado y portavoz de Interior, Miguel Gutiérrez. Los de centro aprovecharon para criticar a los socialistas por pedir la derogación, provocando “un enorme vacío legal” y pretendiendo llenarlo con la ley Corcuera. “Qué manía con recuperar cosas que no funcionaron. Nosotros no queremos volver atrás. ”, zanjó Gutiérrez tras mencionar a los liberales de Cádiz del siglo XIX. En el pacto de investidura firmado por Albert Rivera y Pedro Sánchez eso sí, no aparecía la fulminación de la ley mordaza sino la eliminación de los aspectos considerados a sus ojos “inconstitucionales”.

Aitor Esteban (PNV) (i) y Frances Homs (PDeCAT), al término de la reunión de la Junta de Portavoces. (EFE)
Aitor Esteban (PNV) (i) y Frances Homs (PDeCAT), al término de la reunión de la Junta de Portavoces. (EFE)

En el Grupo Mixto hubo distintos argumentos persiguiendo el mismo fin: derogar la ley de Fernández Díaz. EH Bildu -como no podía ser de otra manera- citó al “Estado que oprime”, y Joan Baldoví (portavoz de Compromís) aseguró que la llamada ley mordaza “confunde represión con libertad para invisibilizar el malestar social”, y anunció el apoyo de sus diputados aunque afeó a los proponentes que ninguno recogiera en su iniciativa una regulación que garantice derechos fundamentales. Por parte de ERC subió a la tribuna Gabriel Rufián que volvió a deleitar a sus señorías con uno de sus espectáculos, asegurando que la ley de seguridad ciudadana “es una de las mayores canalladas que ha perpetrado esa máquina que gana elecciones” [en referencia al PP], tras lo que calificó la iniciativa del PSOE sobre derogarla como un “ramalazo de dignidad” que, afirmó, “ya podría haberla tenido hace 25 años con su compañero José Luis ‘los experimentos se hacen en casa’ Corcuera”.

Ya el pasado noviembre, el pleno del Congreso aprobó una moción de urgencia para derogar la ley de seguridad ciudadana para promover en su lugar una normativa “más respetuosa con los derechos y libertades fundamentales” recogidos en la Constitución. Todos los grupos la apoyaron excepto PP y Foro Asturias. Ciudadanos se abstuvo. Hoy el pleno ha ido un paso más allá. En todo caso, la admisión a trámite de ambas proposiciones de ley supone el inicio de un trabajo de debate y enmiendas tras lo que saldrá el proyecto definitivo que deberá presentarse en la Cámara Baja y, que con toda seguridad, tardará varios meses en someterse a votación.

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