la cúpula policial, en entredicho

La brigada 'pata negra' de Pino se niega a ocupar los puestos que le asigna Interior

La comisaria jefa del grupo especial creado por Fernández Díaz para 'revisar' casos como el 11-M o el Faisán rechaza dos nuevos destinos y reclama una plaza en la Dirección Adjunta

Foto: Eugenio Pino, ex director operativo de la Policía, antes de entrar a la Audiencia Nacional. (EC)
Eugenio Pino, ex director operativo de la Policía, antes de entrar a la Audiencia Nacional. (EC)

La disolución por orden del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de la polémica Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) —puesta en marcha por Jorge Fernández Díaz en 2012— no parece haber puesto fin al caos generado en la cúpula policial durante el mandato del exdirector adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino. Los que hasta la llegada de Zoido eran máximos responsables de este departamento se niegan ahora a aceptar los puestos que les está ofreciendo la Dirección General de la Policía.

Tanto la comisaria Nuria Mazo como los dos inspectores jefes de la BARC que dirigían la brigada continúan sin destino después de que el actual director adjunto operativo del cuerpo, Florentino Villabona, les comunicara hace más de un mes que pasaban a disposición de la Subdirección de Personal para ser reasignados a un nuevo puesto dentro de la corporación.

La BARC formaba parte de la Unidad de Asuntos Internos, que al principio de la anterior legislatura tenía como jefe al comisario Marcelino Martín Blas, responsable —aún hoy— de la investigación del caso Nicolás. Sin embargo, en la práctica el grupo era controlado directamente por Pino, que fijaba las líneas de trabajo y recibía el resultado de las pesquisas, que inicialmente se centraron en la revisión de casos abiertos e incluso juzgados, como señaló el propio exdirector adjunto en una entrevista en el diario 'El Mundo', pero que al final terminaron enfocándose en el apoyo a otros grupos y en indagaciones propias.

Tras ser disuelta, la mayoría de miembros de la brigada volvió a sus antiguos destinos dentro de Asuntos Internos y otros fueron reubicados en otros puestos. Únicamente la comisaria y los dos inspectores jefe se han resistido a las plazas que les ha asignado la Dirección General de la Policía. En concreto, Mazo ha rehusado el cargo de jefa de la Comisaría de Villa de Vallecas, lugar que encaja en lo contemplado por el catálogo de puestos de trabajo de la institución para su categoría, así como el puesto de número dos de la Brigada de Policía Científica de Madrid, destino que igualmente se ajusta a su nivel.

La disolución de la BARC hace algo más de un mes fue acordada por Zoido en el marco del plan de renovación de la cúpula policial puesto en marcha por el ministro para marcar distancia respecto a su predecesor, en el que Interior encuadra también el nombramiento de Villabona como director adjunto. La Brigada de Revisión de Casos fue un departamento creado y manejado por Pino para fiscalizar asuntos tan polémicos como la investigación de los atentados del 11-M —como admitió el propio exdirector adjunto en la citada entrevista periodística—, el caso Faisán o la desaparición del cuerpo de Marta del Castillo.

Ninguno de los frentes abordados por la BARC —alrededor de una docena—, sin embargo, tuvo éxito, ya que los investigadores no consiguieron avances sustanciales en los asuntos que acometieron por indicación de Pino, que justificó la puesta en marcha del departamento argumentando que otras fuerzas de seguridad occidentales también tienen unidades similares para tratar de corregir errores y aportar nuevos enfoques a investigaciones bloqueadas.

Cosidó, Fernández Díaz y Pino, en una foto de archivo. (EFE)
Cosidó, Fernández Díaz y Pino, en una foto de archivo. (EFE)

La versión española de estas áreas policiales, sin embargo, no fructificó. Y no solo porque no tuvieran éxito las indagaciones planteadas o por lo polémicas que eran. La controversia sobre esta brigada radica sobre todo en la implicación de sus máximos responsables, Martín Blas y Pino, en otras investigaciones con intensas derivadas políticas, entre ellas, las pesquisas sobre la presunta trama corrupta de los Pujol, el patrimonio de políticos independentistas catalanes e incluso la financiación de Podemos con fondos de Irán y Venezuela, pesquisas en las que también habría terminado participando la BARC.

Pino confió esta brigada a Martín Blas por la estrecha relación que les unía en 2012, pero esa amistad se rompió tres años después por desavenencias en el caso Nicolás, que enfrentó al entonces responsable de Asuntos Internos con el comisario José Villarejo, un supuesto agente encubierto también muy cercano a Pino que cuenta con un gran patrimonio ajeno a la Policía y que ha estado involucrado en investigaciones como el conflicto entre la dermatóloga Elisa Pinto y el empresario Javier López Madrid o el ático del expresidente madrileño Ignacio González en Marbella.

En ese enfrentamiento entre mandos policiales se enmarca también la filtración de la grabación de las reuniones que mantuvo Fernández Díaz en su despacho con el exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) Daniel de Alfonso, que han provocado una batería de acusaciones políticas y mediáticas contra el exministro por alentar a la Policía a investigar a dirigentes independentistas catalanes. Fuentes policiales acusan a Martín Blas de estar detrás de la filtración.

En agosto de 2015, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Julio Villarubia reprochó en el Congreso al entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que tolerara la creación de la BARC y criticó que esta dependiera de Asuntos Internos, que debería centrarse en investigar a funcionarios de la corporación. "¿Sabe a qué se dedica esta brigada? Entre sus principales cometidos, tiene la revisión de los más de 400 asesinatos que están sin esclarecer y que todavía no han prescrito en nuestro país en demarcación de la Policía Nacional", defendió Cosidó.

La colocación de Mazo como responsable de la BARC, por otro lado, respondió igualmente a criterios de estrecha relación entre el director adjunto operativo y la entonces recién nombrada comisaria, que asumía la jefatura de esta brigada como primer destino tras ser ascendida en una promoción no exenta de polémica. La Confederación Española de Policía remitió una carta al Consejo de la Policía en la que se quejaba del extraño retraso que tenían las oposiciones para el acceso a la categoría de comisario en 2014, un aplazamiento que según la misiva respondía a criterios de oportunidad, pues la Dirección Adjunta esperaba así a que varios funcionarios cumplieran los cinco años de antigüedad como inspector jefe exigidos por ley para acceder a la categoría, entre ellos la propia Mazo.

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