Un empresario confiesa: “Dividí el dinero en tres sobres antes de entrar a ver al alcalde”

El propietario de Limasa, la empresa de limpieza de Santa Coloma de Gramanet, Manuel Carrillo, ha admitido hoy haber pagado más de 12.000 euros al alcalde de la ciudad, Bartomeu Muñoz, para conseguir el contrato del servicio municipal que el consistorio adjudicó en 2009. Así lo ha reconocido durante la tercera sesión del juicio del caso Pretoria que se desarrolla desde el pasado lunes en la Audiencia Nacional y tras llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido atenuar la pena contra el empresario por admitir la culpa desde los tres años de prisión que reclamaba inicialmente por cohecho hasta los seis meses –conmutables por una sanción de 7.200 euros– y los 12.480 euros de multa, que es la cantidad exacta que Carrillo abonó a Muñoz para lograr la adjudicación.

En concreto, el dueño de Limasa ha reconocido que mantuvo una conversación telefónica con el alcalde dos meses antes de que se adjudicara el concurso en la que el regidor le pidió una serie de cantidades en concepto de supuestos patrocinios por valor de 2.100, 1.980, 2.400 y 12.000 euros. “Lo tienes bastante crudo, pero ya lo he arreglado esta mañana y… ni una palabra a nadie; me decían que no estaba bien y yo les he respondido que ahora no me cambiens los cromos, se queda así”, le explicaba el alcalde en la citada conversación telefónica antes de pedirle al empresario que se personara dos días después en el Ayuntamiento con tres sobres. “Yo no te quiero decir ninguna cantidad, tu lo miras a ver si podrías aportar tanto tanto tanto; como tengo grandes esponsorizaciones y pequeñas, ya lo encajaré yo; pero sí necesito tres cosillas: una de 2.100, otra de 1.980 y de 2.400 euros”, reclamó Muñoz al dueño de Limasa.

La llamada del alcalde se produjo el miércoles 22 de julio de 2009 y Carrillo, según ha relatado él mismo, se encontraba de vacaciones en Alicante, por lo tuvo que desplazarse hasta Santa Coloma única y exclusivamente para abonar el dinero que le había pedido el regidor municipal. El empresario solicitó entonces a su encargada 6.480 euros, montante que corresponde a la suma de las tres primeras cantidades, y viajó hasta la localidad catalana para hacer el pago. Llegó a una cafetería aneja al consistorio y dividió el dinero en tres sobres, según ha narrado el propio Carrillo, quien ha asegurado que entregó los billetes a Muñoz en persona en el despacho del presidente de la corporación municipal. La cuarta cantidad se concretó a través de un contrato de 12.000 euros destinado a esponsorizar a un club deportivo de Santa Coloma. Respecto a esta cantidad, el empresario ha admitido haber abonado la mitad, ya que –según ha dicho– entendió que los otros 6.000 euros ya se los había abonado con el pago de los tres primeros sobres.

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Carrillo, quien ha negado conocer el destino real del dinero, ha confesado que lo abonó en el contexto de la conversación que versó sobre la adjudicación del contrato y por miedo a que el Ayuntamiento no le diera el concurso. “Temía que se deteriora la relación normal”, ha confesado antes de admitir que tras la mencionada llamada telefónica le quedó claro “oficialmente” que él iba a ser el adjudicatario. El empresario, que ha rechazado haber pagado nunca antes ni después de aquel episodio a ningún otro alcalde, ha explicado que lleva ganando la adjudicación del servicio de limpieza municipal desde los años 70 y que aún hoy sigue encargándose de estos trabajos tras ganar el último concurso público.

La confesión de Carrillo se ha producido hoy en el marco del juicio que celebra la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre el caso Pretoria, en el que están acusados –además del alcalde de Santa Coloma y del propio empresario–, el que fuera ‘conseller’ de Economía de Jordi Pujol entre 1990 y 1997, Maciá Alavedra Moner, que aún no ha declarado y con el que la Fiscalía también ha llegado a un acuerdo de conformidad; el exsecretario de la Presidencia de la Generalitat entre 1980 y 1990, Lluís Prenafeta; y el exdiputado autonómico del PSC entre 1980 y 1988 Luis Andrés García.

Este último, para Anticorrupción, actuaba como conseguidor para empresarios de concursos de varios ayuntamientos, como muestran por ejemplo las grabaciones de las conversaciones telefónicas que mantuvo García con el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz –para quien la Fiscalía pide seis años y diez meses de prisión–, que incluso le manifestó que quería que algunos constructores “se postraran” a sus pies.

Según el ministerio público, Alavedra y Prenafeta, por su parte, desempeñaron “un papel relevante” en la “actividad delictiva desplegada” por la trama en los municipios de San Andrés de Llavaneras y Badalona, donde el conseguidor también ejercía su influencia. En concreto, Alavedra y Prenafeta, según la Fiscalía, “sabedores de la facilidad con la que se movía García en estos municipios y del ascendente e influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos de Cataluña, se concertaron con el anterior –García–, planificando y ejecutando el manejo de los tiempos de desarrollo urbanístico y de las adjudicaciones, lo que les permitió recibir ilícitas comisiones procedentes de los empresarios que, gracias a sus influencias, lograron” ganar los concursos.

Anticorrupción pide casi siete años de prisión para Prenafeta por un delito continuado de blanqueo de capitales y dos más de tráfico de influencias, además de la entrega de los 5,8 millones de euros obtenidos de modo ilegal; otros siete para Alavedra por los mismos ilícitos penales junto a la devolución de los 3,2 millones presuntamente sustraídos; y ocho para García por blanqueo y tres delitos de tráfico de influencias, además de la entrega de los 5,8 millones que supuestamente se llevó ilícitamente.

Según el ministerio público, Alavedra percibió “al menos” 6,1 millones de euros por su actividad ilícita, de los que 638.000 procedieron de su labor de intermediación en las adjudicaciones públicas concedidas en San Andrés de Llavaneras y Barcelona, 290.000 de un pago recibido de Gas Natural, 288.000 de abonos extendidos por la sociedad de Prenafeta Buic y 9.600 de intereses percibidos. La Fiscalía ignora el origen del resto de sus ganancias, 4,8 millones que el exconseller ocultó a Hacienda y cuya procedencia es desconocida.

Para ocultar ese origen y hacer aflorar el dinero posteriormente desvinculado de raíces ilícitas, según Anticorrupción, el dirigente utilizó, en connivencia con su fallecida esposa Doris Malfeito y con los acusados Gloria Torres y Philip Mc Mahan Bolich, “un entramado societario y financiero constituido por sociedades domiciliadas en territorios offshore así como por cuentas abiertas en entidades bancarias andorranas a través de las cuales canalizó sus fondos”.

“Para asegurar la opacidad de estos fondos, hizo figurar como titulares de las cuentas tanto a su esposa como a Torres”, relata la Fiscalía, que añade que Alavedra encargó a Bolich que “asumiera” la gestión “diaria y directa” de ese dinero, función que este último ejecutó activamente “con continuas inversiones en compras y ventas de valores” así como con la repatriación a España de parte del dinero oculto en Andorra. En concreto, explica el ministerio público, a través del entramado societario, Alavedra ocultó 2,6 millones en 1997, 1,2 en 1998, 9.600 en 1999, 296.000 en 2000, 22.400 en 2001, 88.000 en 2003, 100.000 en 2004, la misma cantidad en 2005, 700.000 en 2006 y 290.000 en 2008. En total, 5,4 millones de euros.

Para ocultar los fondos, añade Anticorrupción, Alavedra metió el dinero en la sociedad instrumental Vernet Foundation, ubicada en Liechtenstein, de la que afloró 2,6 millones en 1997 y 932.000 un año después a través del Fondo Premier Fund LP, domiciliado en las Islas Caimán. “En ningún momento declaró estas ganancias a la Hacienda Pública española”, subraya el ministerio público. En 2001, Alavedra “transmitió todas sus participaciones (en el fondo) a su mujer” y un año más tarde adquirió –también a nombre de su esposa- 71.885 acciones más.

En este juicio, además de a Prenafeta, a Maciá, a Muñoz y a Carrillo, Anticorrupción también acusa a Manuel Dobarco Touriño –exconcejal de Urbanismo, que también ha declarado hoy–, Manuel Valera Navarro, José Singla Barcelo, Torres Pladellorens, Bolich y María Lluisa Mas Crusells, esposa de Prenafeta. Además de con Alavedra y Carrillo –a los que la Fiscalía ha querido escuchar en declaración–, el ministerio público ha alcanzado un acuerdo de conformidad con Bolich y Torres, para los que pide seis meses de prisión y una multa de 2,2 millones y 315.000 euros respectivamente. Estos dos últimos admitieron los hechos en la primera sesión del juicio y el tribunal dio por bueno su acuerdo, además de las suspensión de la condena para Torres, que ya abonó la multa. Ni Carrillo –que ha declarado hoy–, ni Torres ni Bolich tendrán que seguir asistiendo a la vista, que continuará el próximo 23 de marzo previsiblemente con la declaración de Maciá, tras haber cerrado ya su acuerdo de conformidad.