El líder de Pretoria: "Es imposible amañar contratos públicos siendo un empresario"

El presunto líder de la trama Pretoria, Luis Andrés García, exdiputado en el Parlamento catalán entre 1980 y 1988, ha rechazado este miércoles tajantemente haber aprovechado su influencia sobre los responsables urbanísticos de varios ayuntamientos para amañar contrato alguno. “En ningún caso he intervenido ni intermediado en ninguna operación urbanística”, ha subrayado García durante la tercera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por el caso Pretoria.

García ha sido el primer acusado que ha optado por responder a las preguntas de la fiscal anticorrupción Ana Cuenca, relativas a las conversaciones telefónicas que han puesto en evidencia al resto de procesados. El exdiputado catalán ha explicado algunas de esas intervenciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, matizando determinados aspectos que el ministerio público entendía como indicios de la comisión de los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales por los que Anticorrupción pide ocho años de prisión.

Ha aclarado que en ningún momento ha tenido información privilegiada sobre las adjudicaciones que otorgaban estos consistorios —Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de Llavaneras—, que él únicamente trataba en esas conversaciones telefónicas asuntos relacionados con los concursos que eran de conocimiento público. “Es imposible”, ha calificado, manejar las adjudicaciones municipales siendo un empresario. Decir eso, ha indicado, muestra un gran desconocimiento del funcionamiento de la Administración pública. “Jamás he intervenido en las modificaciones de un pliego”, ha subrayado antes de añadir que tampoco en ninguna ocasión ha “influido en funcionario alguno”. “En absoluto”, ha respondido cuando la fiscal le ha interpelado sobre la posibilidad de que los empresarios le consideraran como un ‘conseguidor’ de contratos, que es de lo que le acusa Anticorrupción.

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García ha explicado que entró en los proyectos inmobiliarios de Santa Coloma, San Andrés de Llavaneras y Badalona por interés económico, porque él es un empresario y busca obtener ganancias. “Yo soy un promotor, tengo un proyecto, lo defiendo y quiero recuperar la inversión y tener beneficio”. Ha asegurado que el 4% de comisión que cobró en estos proyectos se lo embolsó en concepto de intermediario, por presentar a compradores y vendedores, labor por la que —ha afirmado— también recibieron su parte el que fuera ‘conseller’ de Economía de Jordi Pujol entre 1990 y 1997, Macià Alavedra Moner, y el secretario de Presidencia de la Generalitat entre 1980 y 1990, Lluís Prenafeta, también procesados en el caso Pretoria.

García ha justificado, por otra parte, que las 256 obras de arte que intervino la Guardia Civil en su casa son fruto de casi 30 años dedicado a este negocio. “Me interesa este mundo desde 1980”, ha subrayado el exdiputado regional, quien ha asegurado ser capaz de acreditar la compra de algunas de estas obras mediante la presentación de facturas, aunque no de todas, ya que —como ha argumentado— es un sector “muy complicado”.

La intervención de García ha tenido lugar después de que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional escuchara la confesión del empresario Manuel Carrillo, propietario de Limasa, mercantil que ha ganado el concurso de limpieza del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet desde los años setenta. Este empresario admitió este miércoles haber pagado más de 12.000 euros al alcalde de la ciudad, Bartomeu Muñoz, para conseguir el contrato del servicio municipal que el consistorio adjudicó en 2009, aunque ha negado haber abonado un solo euro para lograr concursos anteriores o posteriores a ese año.

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Carrillo, quien ha negado conocer el destino real del dinero, confesó que lo abonó en el contexto de la conversación que versó sobre la adjudicación del contrato y por miedo a que el ayuntamiento no le diera el concurso. “Temía que se deteriora la relación normal”, ha confesado antes de admitir que tras la mencionada llamada telefónica le quedó claro “oficialmente” que él iba a ser el adjudicatario.

En terrenos de Santa Coloma, además, fue donde se llevó a cabo uno de los proyectos nucleares del caso Pretoria, la denominada operación Pallaresa, que preveía la construcción de viviendas, un hotel y una zona comercial. En ese marco, así como en el de otras dos promociones similares que fueron levantadas en Llavaneras y Badalona, fue donde intervino Luis Andrés García, según la Fiscalía Anticorrupción, "como conseguidor" para que algunos empresarios se adjudicaran los concursos públicos, como a entender del ministerio público demostrarían las citadas conversaciones telefónicas que mantuvo el supuesto líder de la trama con el alcalde de Santa Coloma, quien llegó a manifestar que quería que algunos constructores “se postraran” a sus pies.

Según el ministerio público, Alavedra y Prenafeta, por su parte, desempeñaron “un papel relevante” en la “actividad delictiva desplegada” por la trama en los municipios de San Andrés de Llavaneras y Badalona, donde el conseguidor también ejercía su influencia. En concreto, Alavedra y Prenafeta, según la Fiscalía, “sabedores de la facilidad con la que se movía García en estos municipios y del ascendiente e influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos de Cataluña, se concertaron con el anterior —García—, planificando y ejecutando el manejo de los tiempos de desarrollo urbanístico y de las adjudicaciones, lo que les permitió recibir ilícitas comisiones procedentes de los empresarios que, gracias a sus influencias, lograron” ganar los concursos.

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Anticorrupción pide casi siete años de prisión para Prenafeta por un delito continuado de blanqueo de capitales y dos más de tráfico de influencias, además de la entrega de los 5,8 millones de euros obtenidos de modo ilegal; otros siete para Alavedra por los mismos ilícitos penales, junto a la devolución de los 3,2 millones presuntamente sustraídos, y ocho para García por blanqueo y tres delitos de tráfico de influencias, además de la entrega de los 5,8 millones que supuestamente se llevó ilícitamente.

En este juicio, además de a Prenafeta, a Alavedra, a Muñoz, a García, a Carrillo y a Manuel Dobarco Touriño —exconcejal de Urbanismo, que también ha declarado este miércoles—, Anticorrupción acusa también a Manuel Valera Navarro, al empresario José Singla Barceló, a Gloria Torres Pladellorens, a Philip McMahan Bolich y a Maria Lluïsa Mas Crusells, esposa de Prenafeta.

Por el momento, han prestado testimonio Muñoz, García, Carrillo y Dobarco. El tercero lo ha hecho a pesar de haber llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, pacto que también han alcanzado Torres y Bolich, quienes sin embargo no han tenido que declarar. Quedan por explicarse ante la sala, por lo tanto, el resto de acusados, entre los que destaca Alavedra, 'exconseller' de Economía de la Generalitat, quien también ha alcanzado un acuerdo con el ministerio público pero que declarará a petición de la Fiscalía con el fin de ayudar a aclarar el funcionamiento de la trama así como la implicación de otros acusados. No ha aceptado el pacto con Anticorrupción, sin embargo, Prenafeta, defendido por el mismo abogado que Alavedra y que aún tiene que declarar también.