El Consejo de Europa cuestiona que el TC pueda destituir a un presidente autonómico

La Comisión de Venecia del Consejo de Europa aseguró este sábado que las enmiendas a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional "no contradicen las normas europeas", pero añadió que "España debería mejorar algunas de ellas", en referencia a la capacidad de destituir a un presidente autonómico por comprometer así su independencia. Según su opinión no vinculante, aprobada este viernes en Venecia (Italia) y difundida este sábado parcialmente, "debería reconsiderarse" el hecho de que el TC ejecute sus propias sentencias con el objetivo de que ese tribunal se perciba "como un árbitro neutral, como juez de las leyes".

La reforma se llevó a cabo al final de la pasada legislatura con el objetivo de fortalecer este órgano frente al incumplimiento de sus sentencias por parte del gobierno de la Generalitat de Catalunya. La modificación permite que el TC aplique medidas ejecutivas para obligar al resto de poderes del Estado a asumir y cumplir con sus veredictos. En el comunicado hecho público este fin de semana, reconoce que, en los casos en que un representante público "se niega a ejecutar las sentencias del Tribunal Constitucional, está violando los principios del impero de la ley, la separación de poderes y la cooperación leal entre los órganos estatales".

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Juanma Romero

Diversidad de interpretaciones

Tras conocerse el informe de la Comisión de Venecia, el Ministerio de Justicia ha salido al paso para defender que lo que se está poniendo bajo foco no es la potestad de suspender temporalmente a cargos públicos de sus funciones, sino que se limita a hacer "algunas recomendaciones". Pero el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha entendido el documento en sentido contrario. "Una gran noticia", ha dicho: "Por primera vez, Europa le planta cara a España".

La interpretación de Puigdemont ha suscitado una nueva respuesta desde Moncloa, esta vez a través del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y con un tono algo más elevado. Ayllón ha recomendado al presidente catalán que no confunda el Consejo de Europa con la Comisión de Venecia, que en realidad "avala las medidas para evitar que algunos caraduras se salten la Constitución y se salgan con la suya".

Dado el carácter "vinculante y definitivo de sus sentencias", el incumplimiento de las mismas supone, según recuerda, una falta equivalente a "hacer caso omiso de la Constitución y del poder constituyente". Sin embargo, subraya que el refuerzo de la capacidad del órgano judicial para garantizar la ejecución de sus propias sentencias "son legítimas" el ejercicio de dicha facultad "es la excepción y esta tarea está usualmente atribuida a otros poderes estatales".

"Debería replantearse la decisión de atribuir al tribunal la total y directa responsabilidad de ejecutar sus propias sentencias con el fin de promover una percepción del tribunal como un árbitro neutro, como un juez de leyes. Para cualquier medida ejecutiva, el tribunal no debería actuar de motu proprio sino bajo requerimiento de los partidos políticos", sugiere la comisión.

El documento advierte de que si un representante público "se niega a ejecutar las sentencias del TC, está violando los principios del impero de la ley"

Por otra parte, expresa sus dudas sobre la pertinencia de las medidas aplicables por el tribunal en caso de ejercer esta facultad y pone el acento sobre la posibilidad de suspender cargos públicos, aplicar multas a individuos e imponer el pago de grandes cantidades. "La Comisión de Venecia es consciente de que el Tribunal Constitucional tendría que tomar medidas ejecutivas en una situación en la que ya enfrenta la negativa a ejecutar sus mandatos. La negativa a cumplir también las medidas ejecutivas podría suponer un cuestionamiento de la autoridad del propio tribunal y de la misma Constitución", advierte.

Por eso, propone que en esos casos "intervengan otros cuerpos del estado para defender la Constitución y el Tribunal Constitucional". También subraya que, aunque ampliar las capacidades ejecutivas del tribunal "pueda parecer en un principio un incremento de poder", la división de competencias contribuye al fortalecimiento de los mecanismos de "pesos y contrapesos" y a la independencia del Tribunal Constitucional. Pese a ello, incide en que la introducción de dichos poderes" entre las facultades del órgano de garantías "no contradice" los estándares europeos.