Nummaria: el chiringuito fiscal de los vips echa el cierre y deja tirados a sus empleados

Diez meses después de que la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional lanzaran una operación contra el despacho Nummaria, por haber diseñado decenas de estructuras societarias para facilitar el fraude masivo de impuestos, ya no queda nada de ese negocio. El presunto cerebro del bufete, Fernando Peña Álvarez, ha iniciado la liquidación de las mercantiles que empezó a constituir en 1994 para ofrecer sus servicios de asesoramiento tributario. También ha despedido sin indemnización a los 23 abogados, economistas y fiscalistas que tenía en nómina cuando estalló el caso.

La investigación que dirige desde abril el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha permitido descubrir que detrás de Nummaria se escondía una complejísima red de relaciones societarias y laborales que habría permitido a Peña sortear el control de Hacienda y disparar sus ganancias. No solo creó tramas opacas para sus clientes, algunos de ellos tan conocidos como los actores Imanol Arias y Ana Duato, la escritora Carmen Posadas, la periodista Marta Robles y los herederos del tenor Alfredo Kraus. Según se desprende del sumario del caso, al que ha tenido acceso El Confidencial, el propio Peña utilizó empresas pantalla y testaferros para evadir al extranjero los beneficios que obtenía su despacho en España.

En la cúspide de la estructura se encontraba el propio Peña, aunque solo figuraba en el registro mercantil como consejero o apoderado de sociedades que tenían un papel secundario en su red, como Estudio 44 SA, Txofa SA, Varnot SA y Topilo SA. Por debajo del cerebro, se encontraban tres directivos que también están imputados en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Se trata de Francisco Javier Gómez Gutiérrez, José Luis Álvarez García y Pedro Mena Regodón. Cada uno era responsable de una pata del negocio aunque, sobre el papel, actuaban como si dirigieran empresas distintas. De hecho, cada uno administraba su propia sociedad limitada.

Según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso, Gómez Gutiérrez era el responsable del Departamento Jurídico de Nummaria, un rama de actividad que se prestaba a través de la mercantil Ecualia Estudios SL. Por su parte, Álvarez García era el jefe del Departamento Administrativo y Fiscal del bufete y actuaba mediante el Grupo Nummaria SL. Finalmente, Mena Regodón se encargaba del Departamento de Contabilidad y Tributario y usaba la mercantil Proyectos Ad Hoc SL. La estructura diseñada por el cabecilla de la trama era tan compleja que incluso los empleados que trabajaban para cada uno de los departamentos estaban a sueldo de otras mercantiles de la red con las que no tenían relación aparente.

Así, los cinco abogados que prestaban sus servicios para el departamento Jurídico bajo las órdenes de Gómez Gutiérrez trabajaban, en realidad, para Flash Finance SL, otra de las empresas instrumentales de Nummaria. La administraba el directivo Ignacio María Viana, también imputado en el caso. Por otra parte, los cuatro empleados del Departamento Administrativo dependían de Grupo Nummaria SL, pero eran remunerados por Varnot SA, administrada por el propio Peña. Y, por último, los 14 contables y fiscalistas que tenían a Mena Regodón como jefe y estaban encuadrados para Proyectos Ad Hoc, trabajaban de forma mayoritaria para Grupo Nummaria SL y Ecualia Estudios SL.

La distribución societaria de los empleados era únicamente una ficción que tenía un doble objetivo: evitar su vinculación con una empresa determinada y distribuir los gastos laborales de la forma más beneficiosa para el grupo. En la mayoría de los casos, los trabajadores solo tenían reconocida en nómina una pequeña parte de su salario. El resto tenían que facturarlo cada mes a la empresa que más interesara a Peña. En la práctica, según las fuentes consultadas por El Confidencial, todos los empleados recibían órdenes de cualquier directivo del grupo, con independencia de la mercantil en la que estuvieran encuadrados y la empresa que les pagara.

A pesar del laberinto societario, toda la actividad de Nummaria se concentraba en un único punto, la primera planta de un edificio situado en el número 5 de la calle Juan Bravo de Madrid, en pleno barrio de Salamanca. Ya no queda nada del despacho en ese inmueble. Tras la operación de la Audiencia Nacional, el bufete fue reduciendo progresivamente su actividad hasta que, en julio de 2016, echó definitivamente el cierre. Una de las firmas de la trama, Ecualia Estudios SL, entró en concurso de acreedores, y Grupo Nummaria ya ha iniciado el trámite para seguir el mismo camino. En total, la red que dirigía Peña debe a sus empleados en torno a un millón de euros en concepto de indemnizaciones por despido.

El juez Ismael Moreno le imputa insolvencia punible, blanqueo de capitales y varios delitos fiscales. Las empresas de su red declararon ingresos entre 2010 y 2014 por valor de 30 millones de euros y pagaron 3,2 millones en impuesto de sociedades. Sin embargo, no pagaron ni un solo euro de IVA. Supuestamente, registraron pérdidas de forma sistemática. Sin embargo, la investigación ha permitido descubrir que Nummaria habría ocultado sus beneficios transfiriendo fondos al exterior (2.310.000 euros a Suiza y 931.000 euros a Portugal) y realizando operaciones inmobiliarias (invirtió 13 millones de euros en 2010 y 2011). Según los cálculos preliminares de la Fiscalía, Nummaria pudo acumular un fraude entre 2010 y 2014 de 2.022.452 euros.