El juez Velasco lanza otra batería de registros por la financiación ilegal del PP de Madrid

El juez Eloy Velasco ha puesto en marcha una nueva batería de diligencias sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid. Las pesquisas se enmarcan en la pieza secreta que abrió el magistrado dentro del caso Púnica tras hallar documentos en poder del presunto cerebro de la trama, Francisco Granados, que desvelaron la existencia de donaciones de empresarios al PP de Madrid a cambio de adjudicaciones públicas. El juez ha citado en calidad de imputados al expresidente de la patronal madrileña y propietario del Grupo Arturo Cantoblanco, Arturo Fernández, y al exconsejero madrileño de Transportes y extesorero del PP regional José Ignacio Echavarría, para que aclaren su relación con la caja B del partido.

Las nuevas actuaciones ordenadas por Velasco están relacionadas con los avances en la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la fundación del PP de Madrid Fundescam, como ya adelantó El Confidencial el pasado enero. Los agentes han descubierto, tras analizar los documentos encontrados en febrero de 2016 en el ordenador y el domicilio del exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, que la formación habría estado utilizando esa entidad satélite para canalizar la entrada de aportaciones ilegales de empresarios a cambio de adjudicaciones públicas. El dinero era luego desviado a la propia contabilidad del partido para financiar campañas y gastos ordinarios.

La expresidenta del Ejecutivo autonómico y del PP de Madrid Esperanza Aguirre anunció en 2010 el cierre de Fundescam, tras demostrarse que la entidad había financiado sus campañas de 2003 y 2004 con fondos ilegales. Sin embargo, su estructura habría estado operativa al menos hasta 2015, coincidiendo temporalmente con los pagos que fueron descubiertos en una agenda de Granados. Arturo Fernández ya reconoció a este diario haber aportado a Fundescam un total de 57.030 euros. El juez Velasco sospecha que esos donativos permitieron a su grupo de hostelería quedarse con la concesión de los servicios de cafetería de organismos públicos controlados por el PP de Madrid. También se investigan las licitaciones que recibieron otros donantes del partido.

Además de esas citaciones, efectivos de la UCO acudieron este martes a la Consejería de Sanidad y a la empresa pública Arpegio de la Comunidad de Madrid en busca de expedientes relacionados igualmente con la presunta financiación opaca del populares regionales. También pidieron documentación en la Consejería de Presidencia de la época de los gobiernos de Aguirre e Ignacio González, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso.

Los requerimientos de Sanidad afectan al plan de hospitales que promovió el Ejecutivo del PP en 2005 para construir seis nuevos centros en cooperación con empresas privadas, como desveló El Independiente. Velasco ha puesto el foco en la partida de publicidad del programa, que representa aproximadamente el 1% de su presupuesto total, en torno a 2.300 millones de euros. Por su parte, la UCO acudió a Arpegio para solicitar nueva información sobre el plan Prisma de inversión en infraestructuras de pequeños municipios de la Comunidad, una línea de financiación que Granados habría empleado para adjudicar contratos de obra en plena crisis del sector inmobiliario a los constructores que colaboraban con la caja B del partido. Por último, según ha podido saber este diario, el instructor del caso también ha ordenado analizar documentación de la consejería de Presidencia relacionada con partidas de publicidad.