Prostíbulos, relojes, jamones... Condenados los militares de la trama del Gómez Ulla

Los tres altos mandos del Ejército de Tierra que adjudicaban las contrataciones del Hospital de la Defensa Gómez Ulla de Madrid -el teniente coronel Francisco N. C., el teniente Miguel Ángel G. C. y el coronel Eduardo S. G.- han sido condenados por el Tribunal Militar Central por cobrar comisiones de los empresarios a los que concedían los servicios de limpieza y administración de la instalación castrense. Así lo ha determinado la sala -compuesta por los generales Rafael Matamoros, Alfredo Fernandez Benito y De los Santos-, que adelantó el pasado viernes el fallo de la sentencia que publicará en los próximos días tras presidir un juicio que se ha alargado durante dos semanas.

La resolución condena al primero a tres años de prisión al considerarle autor de un delito continuado contra el patrimonio, al segundo a dos años de cárcel por el mismo ilícito penal y al tercero a solo seis meses por negligencia en la eficacia en el servicio al entender la sala que no se pudo acreditar ningún pago, lo que suponía una rebaja de respecto a lo solicitado por la Fiscalía, que había pedido tres años para los tres por el delito contra el patrimonio. Sí hace caso el tribunal al criterio de la sala al imponer la pena de tres meses de cárcel para el empresario al que los altos mandos exigían el pago de comisiones a cambio de la adjudicación de servicios, a quien los magistrados ven culpable de un delito de cohecho y le castigan también a no contratar con la administración durante los próximos cinco años.

Este empresario, de hecho, fue el que denunció el caso en 2014 ante la Fiscalía, que abrió las diligencias de investigación que derivaron en la mencionada condena. Esta colaboración con la justicia es la que provocó que el Ministerio Público redujera la petición de pena de un año de prisión que reclamaba para el denunciante hasta los citados tres meses que finalmente le ha impuesto el tribunal por considerar que se trataba de un atenuante. Precisamente este empresario y el director general de una de sus mercantiles han sido quienes relataron con todo detalle durante el juicio cómo se llevaba a cabo el fraude.

Según expuso el ministerio público durante su escrito de acusación con base principalmente en el mencionado testimonio, los condenados fraccionaban los contratos que superaban el límite legal permitido para que fueran considerados menores y poder eludir así la obligación de publicidad que impone la norma. En concreto, utilizaban este método del contrato menor en casi ocho de cada diez contratos emitidos entre 2008 y 2013, un periodo que coincidía -como recordó la Fiscalía en la última sesión de la vista oral- con "los años más duros de la crisis". Además, llevaron a cabo "contratos verbales sin que se cumplieran ni por asomo los requisitos legales, ya que eran concesiones que no afectaban a la seguridad nacional", que es una de las condiciones exigidas por la normativa.

La fiscal aseguró que los condenados "hinchaban" los costes de los contratos para que el empresario obtuviera márgenes de beneficio que, según señalaron los peritos, no habían visto en su vida. Eran "beneficios exorbitantes", remarcaron los especialistas que testificaron a requerimiento del tribunal. En concreto, como explicó un empleado de la empresa adjudicataria de los servicios de limpieza, este margen era del 25%, un porcentaje al que había que añadir otro 25% que era destinado al pago de las comisiones a los mandos militares. Es decir, que el precio de la adjudicación se duplicaba para tener contentos a empresario y cargos castrenses.

El caso comenzó a investigarse en 2014, después de que el empresario que recibía las mayores prebendas decidiera denunciar los hechos

Según la Fiscalía, los responsables de la adjudicación del Gómez Ulla exigían al empresario que les diera tres ofertas, a pesar de que sabían de antemano que le iban a entregar a él el servicio. En ocasiones, daban nombres de sociedades extinguidas o cuyo objeto social no tenía ninguna relación con el servicio al que optaban, lo que imposibilitaba de facto que el hospital pudiera decantarse por ellas. Otras veces, los condenados informaban al concurrente de cómo obtener los puntos necesarios para ganar la oferta.

La fiscal, por ejemplo, consideró acreditado durante su relato de los hechos que en uno de los concursos, al que concurrían ocho mercantiles además de la del empresario denunciante, este último incluyó un montón de aparatos de limpieza adicionales para obtener más puntos y ganar el servicio. "Era la oferta más cara y la que tenía menos puntos, pero la inclusión de cinco máquinas cuando las demás ofertas llevaban apenas una inclinó la balanza" hacia la sociedad 'amiga' de los licitadores. "Solo había cuatro personas empleadas para manejar una veintena de máquinas", resaltó con asombro la representante del Ministerio Público durante la vista oral.

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Según reveló el propio empresario, los condenados le indicaron "el número de máquinas que tenía que poner para ganar". "Daba igual cuantas poner de todos modos, porque nunca se iban a usar todas", subrayó la fiscal, quien descartó -como alegaba la defensa- que las pérdidas que presentaba la sociedad del adjudicatario demostraran la inexistencia de delito. "No sabemos cómo gestionaba los beneficios esa empresa; uno de sus clientes es el Ministerio de Defensa, pero tiene más clientes; no sabemos cuánto queda si se restan las comisiones, los regalos que le exigían, etc.", argumentó la fiscal.

Las comisiones -denominadas por los condenados y el dueño de la adjudicataria como "impuestos indirectos"- eran entregadas por el empresario en "sobres con diferentes colores". El Ministerio Público consideró acreditada durante su exposición final la entrega de 40.000 euros a dos de los condenados en 2009 por la adjudicación de un servicio de limpieza, de 10.000 más por otra contratación en 2010, otros 24.000 por una tercera, 9.000 y 7.000 por dos adjudicaciones de retirada de residuos y 74.000 más por contratos menores formalizados en 2009, 2011 y 2013 referidos a la contratación de personal de archivo, conductores y adiestradores caninos que deberían haber seguido el desarrollo de un contrato mayor.

Los regalos que entregaba el denunciante a los tres mandos castrenses, por su parte, iban desde los jamones hasta los relojes de alta gama, pasando por invitaciones a copiosas comidas o a clubes de alterne. La visita a estos últimos locales provocó de hecho varios enfrentamientos entre los diferentes acusados durante el juicio.

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El Ministerio Público consideró durante el juicio "imposible" determinar cómo se repartían el dinero entre los tres condenados -que fueron procesados en diciembre de 2015-. Entendió que es creíble el testimonio del empresario, que apuntó a que los licitadores se dividían las comisiones, pero se mostró incapaz de concretar qué porcentaje se llevaba cada uno. Durante su declaración, el denunciante llegó a relatar que en una ocasión asistió a cómo los tres se enfrentaron entre ellos precisamente por el reparto de los fondos, que eran entregados por el dueño de la empresa una vez al mes, según confirmó el director general de la compañía.

La Fiscalía recordó también durante la exposición de sus conclusiones que, según declaró el denunciante, y el Ministerio Público considera acreditado, los licitadores exigían que los empresarios "incluyeran en nómina a familiares y amigos de los militares aunque luego éstos no trabajaran". "Consta en nómina la esposa" de uno de los condenados, resaltó la fiscal, quien recordó la declaración del propio mando durante la vista oral. "El coronel admitió que habló con el empresario para contratar a su mujer", dijo la representante del Ministerio Público. "Pero esto lo hace el 50% de la gente", añadió el ahora condenado. Ese mismo año, continuó la fiscal, el departamento que dirigía este militar adjudicó un contrato al denunciante. En la misma línea se expresó otro de los mandos enjuiciados, quien aseguró que "el pago de comidas, juergas, etc. es muy habitual en todo el Ministerio de Defensa".

La sentencia condenatoria del Tribunal Militar Central, sin embargo, ha contado con el voto particular de uno de los magistrados, que aboga por la absolución de los altos mandos del Gómez Ulla al entender que no son suficientes las pruebas que hay contra ellos sobre la mesa, ya que no existe constancia material de los sobres en los que el empresario entregaba el dinero. Según este magistrado díscolo, no basta con el testimonio del empresario para limitar la presunción de inocencia de los oficiales del Ejército de Tierra, condenados sin embargo por los otros dos miembros del tribunal.