Sara Majarenas, la etarra que se considera víctima

Cuando a principios de 2005 la Policía Nacional irrumpió en la pensión de Valencia en la que se hospedaba junto a su entonces compañero sentimental, Mikel Orbegozo Echarri, también miembro del ‘comando Levante’ de ETA, Sara Majarenas intentó hacerse pasar por guardia civil mostrando una placa falsa de este cuerpo para tratar de evitar la detención. No coló. La policía la tenía en el punto de mira desde que se registrara en el establecimiento bajo el llamativo nombre falso de Ana Aznar.

Hacía poco tiempo que los dos etarras habían llegado a un céntrico hostal de Valencia con una exigencia en recepción. Querían una habitación con vistas al ayuntamiento, gobernado entonces por Rita Barberá. La alcaldesa del PP figuraba en una larga lista de posibles objetivos contra los que atentar, que se componía de unos 200 nombres del ámbito político, institucional o policial de diferentes comunidades autónomas. Tenían un plan para acabar con la vida de la regidora popular, pero su diana inminente eran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que contaban con “información muy elaborada” sobre un jefe de la comisaría de la Policía Nacional de Mislata, un coronel médico del antiguo Hospital Militar y un guardia civil.

Majarenas (San Sebastián, 1980) fue condenada en 2007 a 13 años y 10 meses de prisión por los delitos de integración en organización terrorista, falsedad en documento oficial y tenencia ilícita de armas, mientras que a su entonces pareja le cayó un año más por resistencia a la autoridad, al enfrentarse a los agentes en el momento de su detención, llegando a exhibir un arma. La pena para ambos pudo ser mayor de no haber sido exonerados del delito de tenencia de explosivos, por el que la Fiscalía solicitaba ochos años de cárcel, ya que la Audiencia Nacional consideró ilegal el registro que realizó la policía en el momento de su arresto. Entonces, los agentes se incautaron de dos pistolas, más de una veintena de cartuchos de dinamita y una bomba lapa preparada para ser utilizada.

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Durante el juicio, la etarra solo abrió la boca para manifestar su “orgullo por haber luchado por los derechos de Euskal Herria”. Una década después, la terrorista se presenta como víctima. De justiciera a mártir. “Si me separan de mi hija, no habrá reparación física y psicológica para ella”, ha afirmado a modo de ruego en una carta hecha pública este jueves a través del diario ‘abertzale’ 'Gara', justo el día en el que la iban a separar de su hija Izar, que fue apuñalada por su padre el pasado 15 de enero, al cumplir tres años. El reglamento penitenciario impide que los menores puedan convivir en la cárcel con sus madres al llegar a esa edad, de modo que la pequeña ya no puede permanecer más tiempo en el penal de Picassent, en Valencia, donde convive con su progenitora. “Yo la necesito a ella y ella me necesita a mí. Si no, no habrá reparación posible”, ha implorado para que la dejen estar con su hija, que a día de hoy se recupera de las lesiones que le provocó su padre, quien permanece en prisión provisional por estos hechos.

La etarra y el padre de la niña, un extranjero con antecedentes penales por tráfico de drogas, se habían conocido en 2013 en la cárcel leonesa de Villahierro. Se inscribieron como pareja de hecho y tuvieron a Izar, si bien la relación entre ambos finalizó. En los últimos meses, a las puertas de que la niña se viera obligada por ley a abandonar la cárcel en la que residía con su madre, Majarenas temía que su expareja abandonara España llevándose a la pequeña. Por ello, pretendía que Izar se fuera a vivir a San Sebastián con su abuela, Kontxi Ibarreta, para no dejarla en manos de su padre. Estas intenciones llevaron presuntamente al progenitor a atacar con un cuchillo a la pequeña aprovechando una de las salidas del fin de semana a modo de venganza contra Majarenas. Ella no tiene dudas. “Lo ha hecho para hacerme daño a mí y a mi familia”, ha proclamado.

“Si me separan de mi hija, no habrá reparación física y psicológica para ella”, ha afirmado a modo de ruego en una carta publicada este jueves

Ahora, las plegarias de Majarenas han dado sus frutos, ya que el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, le ha otorgado el segundo grado para posibilitar que pueda vivir en un centro de acogida con su hija, que permaneció hospitalizada durante cinco semanas como consecuencia del ataque. Ambas, según sostiene el juez, recibirán el “apoyo y el afecto que necesitan para solventar las dificultades que derivarían de una separación”, que afectaría especialmente a la menor, quien durante los fines de semana abandonaba la cárcel para estar en la calle con su padre hasta que este la acuchilló en el tórax y la espalda en una vivienda de Benifaió, en Valencia, por lo que tuvo que ser ingresada en el Hospital de la Fe.

En su estrategia para lograr el beneficio penitenciario, Majarenas ha contado con un mayoritario respaldo a nivel político, institucional y social en Euskadi. El ayuntamiento de su localidad natal de San Sebastián aprobó hace una semana una declaración suscrita por todos los grupos municipales a excepción del PP, que se abstuvo, que pedía su “inmediata” puesta en libertad para “evitar la traumática separación y garantizar la plena recuperación” de Izar. “Esta separación incidiría negativamente en la salud psicológica y emocional de la niña”, advertía el texto, que aludía también a que la etarra ha cumplido tres cuartas partes de su condena para solicitar que se le concedieran beneficios penitenciarios. “No hay razones legales para impedir su puesta en libertad”, aseveraba el documento avalado por el PNV, PSE, EH Bildu e Irabazi.

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Precisamente, para presionar de cara a su excarcelación, la plataforma creada en su defensa, Izarrekin Sara Etxera, había convocado este jueves una manifestación a partir de las 19.00 por el centro de San Sebastián, movilización que se mantuvo a pesar de la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria. La marcha, a la que acudieron diferentes partidos y colectivos sociales, recorrió las calles de la capital guipuzcoana con el objetivo ya cumplido. Horas antes, por la mañana, este colectivo se había reunido con grupos del Parlamento vasco para recabar apoyos para la causa.

Los familiares de la etarra han venido reclamando que se la traslade a la cárcel donostiarra de Martutene, toda vez que la abuela de la pequeña vive en esta localidad. Hasta ahora, la niña ha vivido con su madre en módulos especiales en las cárceles de Villahierro (León), Soto del Real y Aranjuez (Madrid) y Picassent junto a otras presas en la misma situación.

Majarenas ha logrado un polémico beneficio penitenciario, pese a que nunca se ha arrepentido públicamente de su pertenencia a ETA ni tampoco ha renegado de la violencia de la banda terrorista. La etarra se había matriculado en la Facultad de Ciencias de la Salud en Zaragoza en la especialidad de Fisioterapia antes de que en 2003 huyera a Francia para convertirse en un miembro liberado de la organización terrorista. Formó parte del ‘comando Levante’ junto al que entonces era su pareja, a quien la policía imputaba un ataque contra la sede del PSE en el barrio donostiarra de Alza en 1998. Ambos exhibieron su amor durante el juicio, ya que en buena parte del mismo permanecieron cogidos de la mano. No faltaron incluso los besos durante el proceso. Ahora se los dará a su hija fuera de la cárcel.