Horrach solicitará hasta 8 años más de cárcel para Iñaki Urdangarin y Diego Torres

A pesar de estar "satisfecho" con la decisión de la Audiencia de Palma de dejar en libertad provisional sin fianza a Iñaki Urdangarin y Diego Torres, el fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, va a pedir más pena de cárcel para ellos. En concreto entre cuatro y ocho años por delitos de malversación y fraude en documento público en la rama valenciana del caso.

En una entrevista en la SER Horrach ha anunciado que interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en los próximos días al no estar de acuerdo con la decisión de la Audiencia de Palma de exonerarles de la trama de Valencia y así lo expondrá entre los motivos de su propuesta. Según él mismo ha adelantado, las penas de cárcel podrían suponer un aumento de entre cuatro y ocho años por un delito de malversación de caudales públicos, a lo que que habría que sumar a las penas que confirme el tribunal y que en la actualidad son de seis años y tres meses para Urdangarin y ocho años y seis meses para Diego Torres. Además, va a mantener la petición de falsedad en documento mercantil que las magistradas de Palma excluyeron en la sentencia final.

Opinión

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Urdangarin no tiene "privilegios"

Sobre la decisión del tribunal de Palma de dejar en libertad a Urdangarin, Horrach considera que existen "circunstancias personales" que rebajan el riesgo de fuga pero que "no lo anula". "Esta no es una situación anormal", ha opinado para explicar que existen casos que, con penas superiores a las del exduque y su socio en Nóos, no ha habido ingreso en prisión ni imposición de fianza. Tampoco ve "ilógico" que a Iñaki Urdangarin no se le haya retenido el pasaporte y prohibido la salida de España o de la Unión Europea como sí es el caso de Diego Torres. "No son muchos los casos en los que el condenado resida en otro país", ha reconocido para destacar que esta decisión no es en absoluto "irrazonable".

Y ha ido a más, ya que niega que Urdangarin se haya beneficiado de una situación especial como algunos políticos, la mayoría de Podemos y ERC, han denunciado. "No creo que las magistradas hayan adoptado esta decisión en relación a la situación de privilegio que tiene", ha dicho para recalcar que la decisión final no es "una situación excepcional".

Sobre por qué solicitó una fianza de 200.000 euros para Urdangarin y de 100.000 para Diego Torres cuando la pena del exduque de Palma es dos años inferior a la de su exsocio en el Instituto Nóos, Horrach ha destacado que tuvo en cuenta "las circunstancias económicas" de ambos así como su futura "capacidad económica" para tomar esa decisión. En este sentido, está totalmente convencido de que ambos podrán pagar las multas impuestas dando por hecho de que su pago está "más que garantizado" ya que "están suficientes bienes embargados" para cumplir con ellas.

Acerca de las críticas por la libertad de Urdangarin y el desencanto de la sociedad con la justicia, Horrach considera que la "alarma social" no puede ser una vara de medir la culpabilidad o no de un acusado. "Hace ya años que desapareció la alarma social como fundamento de la prisión preventiva", ha recordado para calificar este término de "muy ambiguo" y a favor de que no se tenga en consideración por parte de jueces y fiscales en un hecho delictivo.

No hubo presiones del fiscal general del Estado

Horrach se ha referido también a las amenazas que este jueves denunció el exfiscal de superior de la Región de Murcial, Manuel López Bernal, durante sus investigaciones de casos de corrupción. "Me consta que las ha habido y se ha denunciado a nivel policial y judicial", ha dicho el fiscal de Nóos, que ha denunciado que él mismo ha vivido situaciones de graves presiones en las redes sociales y por ciudadanos anónimos en la calle. "He recibido amenazas. También mi mujer y mi familia. Y diversos seguimientos, pero como cualquier otro fiscal de aquí", ha explicado

"Las presiones en casos de corrupción se suceden muy a menudo", ha continuado para dejar claro que él no ha recibido ninguna de instancias superiores. "Las decisiones que hemos tomado son exclusivamente nuestras", ha dicho advirtiendo que ni el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ni el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se han puesto en contacto con él.