Las juezas basan la libertad para Urdangarin en su puntualidad y buen comportamiento

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha permitido que tanto Diego Torres como Iñaki Urdangarin permanezcan en libertad hasta que la sentencia que les condena sea firme porque, a criterio de las magistradas que componen la sala, no existe riesgo de fuga en ninguno de los dos casos. Ambos, argumentan las tres juezas, "en ningún momento han tratado de eludir la acción de la justicia" y, "pese a las penas solicitadas, han comparecido a cada uno de los llamamientos en todas las instancias a la hora indicada".

Tanto Torres como Urdangarin, explica el auto publicado hoy por el tribunal, "disponen de arraigo suficiente (familiar, social y laboral) en territorio nacional, especialmente el segundo, cuyas particulares circunstancias, sobradamente conocidas, nos eximen de su pormenorizado análisis". "Tal arraigo y la conducta hasta el momento observada por los acusados" permiten a la sala "estimar que el incremento del riesgo de huida" que pudiera suponer la condena recién impuesta "puede ser conjurado con la adopción de otras medidas cautelares menos gravosas que garanticen la sujeción de los acusados al control del tribunal, máxime cuando las acusaciones no han acreditado circunstancia o marcador de riesgo distinto al de la pena".

De ahí que las magistradas entiendan como medida cautelar más proporcionada para Urdangarin la obligación de que comparezca el día 1 de cada mes ante la autoridad judicial competente en su lugar de residencia, que en el caso del exduque de Palma es Suiza. Las juezas también consideran que el condenado tendrá la obligación de comunicar al tribunal cualquier desplazamiento que lleve a cabo fuera del espacio de la Unión Europea. A Torres, por su parte, la sala le impone la misma obligación de comparecer una vez al mes, pero además le retira el pasaporte y le prohíbe salir del territorio nacional.

A ambos, además, el auto dictado por la Audiencia Provincial de Baleares les obliga a comunicar al tribunal cualquier cambio de domicilio, aunque este sea "temporal, ocasional o vacacional". Les amenaza también con adoptar medidas más gravosas en caso de incumplir las acordadas. La decisión del tribunal rechaza la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que había reclamado prisión provisional eludible bajo fianza de 200.000 euros para el caso de Urdangarin y de 100.000 para Torres.

La Abogacía del Estado, por su parte, no había solicitado medidas cautelares más allá de las denominadas reales, que consisten en la retención del pago de posibles devoluciones tributarias, el embargo preventivo de bienes y derechos, la prohibición de disponer, gravar o enajenar bienes, la retención del pago que pudiera hacer cualquier empresa u otras similares. Sobre este extremo, el tribunal ha considerado que no debe posicionarse aún, "al no ser objeto de la audiencia" recién abordada.