La mano derecha de Mas en CDC amañó hasta contratos para construir carriles-bici

La investigación de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción sobre la trama del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha alcanzado a dirigentes del partido que ocupaban puestos de la máxima responsabilidad por su inquebrantable relación de confianza con Artur Mas. Uno de los principales señalados es Francesc Sánchez, elegido por el expresidente de la Generalitat para dirigir las finanzas de CDC y diseñar su transformación en PDeCAT en el congreso celebrado en julio de 2016.

Mas también encargó a Sánchez que asumiera la defensa del partido en el caso del 3% y que llevara las relaciones con Anticorrupción y la Guardia Civil en todo lo relacionado con ese escándalo. El pasado 2 de febrero, en una nueva fase de la operación Petrum contra la caja B de CDC, la Guardia Civil contactó precisamente con Sánchez. Pero no fue para mantener una charla, sino para detenerlo y conducirlo a los calabozos de la Comandancia de Tarragona. Según fuentes cercanas al caso consultadas por El Confidencial, el instructor de la causa, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch, dispone de pruebas que sitúan al antiguo responsable de Régimen Interno de los convergentes en el epicentro de la trama corrupta que supuestamente amañaba contratos públicos a cambio de donaciones ilegales.

Correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp le incriminan, en concreto, en la adjudicación de un contrato de 854.579 euros más IVA que la empresa pública Barcelona de Infraestructuras Municipales (Bimsa) concedió en 2013 a la constructora Oproler, una de las que supuestamente integraban el 'pool' corrupto de CDC. Se trata de unas obras para ejecutar un “carril-bici direccional en la calle Bac de Roda-Felip II”, otro “carril-bici en la calle Josep Pla i Cantabria”, un “carril-bici en la calle Selva de Mar” y un último “carril-bici bidireccional en la calle Provença”. Al concurso se presentó una veintena de empresas, pero solo la UTE en la que iba Oproler jugó con las cartas marcadas. Al año siguiente, el presupuesto de la obra sufrió un modificado que elevó su precio total en otros 169.725 euros más IVA.

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Según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso, esas comunicaciones revelan que Sánchez mantuvo numerosos encuentros con directivos de Oproler a pesar de que no ocupaba ningún cargo en CDC ni en la Administración que estuviera relacionado con la contratación de obra pública. El dueño de la constructora, Sergio Lerma, y su delegado en Cataluña, Josep Manel Bassols, se referían a Sánchez utilizando incluso un nombre en clave, “Fernando”, y en otras ocasiones, como el “sustituto de Gerardo”, el apelativo con el que también se referían a otro dirigente del círculo íntimo de Mas, el exconsejero de Justicia de la Generalitat Germá Gordó, antecesor de Sánchez en la gestión de las finanzas de CDC.

La relación de 'Fernando' con los dos directivos de Oproler —ambos están imputados también en el caso— fue especialmente intensa durante el proceso de adjudicación de los carriles-bici de Barcelona, pero también se han detectado encuentros posteriores en los que se habrían amañado otros proyectos, según ha concluido la Guardia Civil. Por ejemplo, las pesquisas han detectado una comida que tuvo lugar el 25 de febrero de 2014 y a la que asistieron Lerma, Bassols, Sánchez y el entonces tesorero de CDC, Andreu Viloca, la pieza del engranaje que presuntamente se reunía con los empresarios para recoger las donaciones en momentos clave de los procesos de adjudicación. El juez también concede a Viloca un papel decisivo en la causa.

En otras comunicaciones, Bassols y Sánchez conversan directamente sobre aspectos técnicos de adjudicaciones en las que, aparentemente, la mano derecha de Mas tampoco podía tener capacidad decisoria. Las pruebas recabadas por la Guardia Civil demuestran lo contrario, sustentando la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que acusa a Sánchez de utilizar su gran ascendencia en CDC para actuar como “intermediario” entre la parte de la organización criminal encargada de recoger las aportaciones ilegales y el grupo de dirigentes que tenía como misión garantizar el amaño de los concursos desde dentro de las instituciones.

Ese rol de Sánchez es el que emerge, por ejemplo, de otros mensajes de WhatsApp que se cruzó en abril de 2014 con el directivo de Oproler en Cataluña. En ese diálogo, pactaron reunirse en el despacho que tenía Sánchez en la antigua sede de CDC en la calle Còrsega de Barcelona. Y en otros mensajes de octubre de ese año, Bassols invitó al político a asistir a un Real Madrid-FC Barcelona que se jugó en la capital el día 25 de ese mes, confirmando que les unía una vinculación más que estrecha.

Además, los investigadores sostienen que Oproler no era la única empresa con la que se relacionaba el responsable de las finanzas de la formación del actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. La agenda intervenida a Viloca ha revelado que Sánchez también habría mantenido encuentros en 2011 con el empresario Jordi Soler, propietario de la constructora Grup Soler, implicada igualmente en la trama.

Sánchez abandonó los calabozos de la Comandancia de Tarragona al día siguiente de ser detenido tras negarse a declarar. En los últimos días, ha concedido varias entrevistas en las que afirma que todavía no sabe de qué se le acusa y reivindica su inocencia. Mantiene que su única participación en el caso 3% está relacionada con el papel que le encomendó Mas de defender al partido. Pero las pruebas que tiene en su mesa el juez Bosch desvelarían que su vinculación con este escándalo es, en realidad, un poco más intensa y oscura.