Acuerdo para que la comisión que investigue la crisis bancaria arranque en dos meses

Han tenido que pasar casi cinco años desde el rescate de Bankia (22.429 millones de euros de dinero público) para que el Congreso se ponga manos a la obra para investigar qué ocurrió con el sistema financiero español. Y además por completo consenso. Los grupos parlamentarios ya han alcanzado un acuerdo para que se abra una comisión de investigación en la Cámara que bucee en los orígenes de la crisis bancaria y se remonte hasta el año 2000. El órgano comenzará a trabajar, en principio, dentro de dos meses, el 22 de abril, pasada la Semana Santa, y trabajará durante al menos medio año.

Fue el portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, quien anunció el pacto de los siete grupos en la mañana de este jueves en los pasillos del Congreso. "Hay acuerdo", aseguró. El texto base sobre el que se ha trabajado, recordaban fuentes socialistas, es el que presentó Hernando en los últimos días.

[Consulta aquí en PDF la enmienda transaccional aprobada]

El PSOE rescató de su baúl de iniciativas parlamentarias una de 2012, de petición de creación de una comisión de investigación para explorar el saneamiento y nacionalización de Bankia. Aquella solicitud fue tumbada por el PP gracias a la mayoría absoluta de la que disponía entonces. Los socialistas repescaron ese texto el martes pasado, una vez que la Audiencia Nacional imputó al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura por la salida a bolsa de Bankia en 2011.

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Peticiones de Unidos Podemos y de ERC y Mixto

Pero ya había varias peticiones en el Congreso en una línea similar a la del PSOE. Una ya registrada de Unidos Podemos, más genérica, que planteaba estudiar el rescate de las cajas, y otra de ERC y Compromís, sobre el papel de los organismos reguladores en la salida a bolsa de Bankia. Además, había otra solicitud de Ciudadanos que no se había tramitado por defecto de forma. El PP prefirió no quedarse solo y apoyó que se creara una comisión específica en el Congreso, aunque ya advirtió de que quería que se analizara la gestión del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, pues fue bajo su mandato cuando la entidad, con Rodrigo Rato de presidente, salió a bolsa.

La comisión comenzará a funcionar tras la constitución de la de Fernández Díaz, y estará operando durante al menos medio año

Hernando ya dijo la semana pasada que no había problema y planteó llevar el origen de la investigación hasta el año 2000, hasta la época de José María Aznar. Así, la comisión podría estudiar desde el "estallido" de la burbuja inmobiliaria hasta el rescate bancario y el año 2015, sin limitarse solo a Bankia.

El acuerdo, plasmado a través de una enmienda transaccional [aquí en PDF], fue aprobado este miércoles en el pleno del Congreso por unanimidad, por 330 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Se sometió por tanto un único texto a votación, pactado entre PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV y Mixto. El consenso incluye que la "comisión de investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera" —ese es su nombre oficial a partir de ahora— comience sus trabajos dentro de dos meses desde su validación por el pleno (o sea, el 22 de abril) y funcione durante al menos medio año, prorrogable por acuerdo de la Mesa de la Cámara previa petición del órgano.

¿Por qué no ya mismo? Porque ya hay otra comisión de investigación, aprobada por el pleno del Congreso el 27 de septiembre, sobre la presunta utilización de medios del Ministerio del Interior para perseguir a políticos independentistas. Esta 'comisión Jorge Fernández Díaz' se constituirá finalmente dentro de dos semanas. En la Cámara no hay tradición de que estén funcionando dos comisiones de investigación a la vez. PP y PSOE eran partidarios de mantener esa costumbre, aunque Hernando sí que reconocía ayer que la idea defendida por su grupo es que la comisión sobre la crisis financiera comience sus trabajos al final del trayecto de la de Fernández Díaz.

Viejos y nuevos partidos

La discusión en el pleno transcurrió por los carriles esperados. PP y PSOE se echaron las culpas mutuamente, mientras que Unidos Podemos y Ciudadanos se las endosaron a ambos. El socialista Pedro Saura puso más énfasis en el origen de la crisis, en cómo desde el Gobierno de Aznar se alimentó el crecimiento del sector inmobiliario, facilitado por una legislación urbanística más laxa. "Visto en su globalidad, ni es verdad que España va bien, ni hubo milagro español, ni bonanza en aquellos años", y además "ni una sola autoridad tomó medidas para corregir la burbuja", denunció. El diputado murciano también remarcó que es un error hacer de las cajas "el chivo expiatorio exclusivo", porque algunas de ellas sí fueron bien gestionadas y hubo, a cambio, bancos rescatados.

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"El patrón de la crisis financiera no fue el modelo de cajas de ahorro frente al modelo de banca privada, sino buenos y malos gestores, los que concentraron su riesgo en un sector y los que diversificaron su negocio. El origen fue la desregulación, el 'laissez faire'", añadió. Saura no olvidó que el problema de la ruina de Bankia radicaba en las "malas decisiones" de sus gestores y la forma en la que el Gobierno apartó a Rato, "que desencadenó el rescate".

El popular Carlos Rojas, en cambio, se centró en el periodo Zapatero, en cómo su Gobierno tardó en reconocer la crisis y no reestructuró "en profundidad la banca. "No se nos escuchaba. El PP ya advertía de lo que ocurría". "No se ajustó el sueldo a los banqueros, el PP sí lo hizo, ni se limitaron las indemnizaciones... Con el PP se comienzan las reformas en profundidad, que cinco años después convierten a Bankia en la entidad más solvente". Así, la reforma "ha sido un éxito", presumió el diputado andaluz, quien agregó que su partido estaba dispuesto a analizar el desastre de Bankia, pero siempre que se investigue también a otras cajas en las que el PSOE tuvo que ver en la gestión, como la de Castilla La Mancha.

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Alberto Garzón, de Unidos Podemos, también convino con Saura en que no todas las cajas se vieron afectadas de la misma manera. "No creemos que esto sea un problema de lo público. Se trata de gestores, con nombres y apellidos, y vínculos con grandes partidos y grandes constructoras. Y eso es lo que nos ha saqueado". "Sabemos quién ha pagado: la sanidad, la educación y las pensiones. ¿Por qué no se ha investigado cada contrato?", espetó el también coordinador federal de IU. En la misma línea, Ester Capella, de ERC, aseguró que esta comisión debe servir para que se ponga en evidencia quiénes son los "culpables" y quiénes las "víctimas" de la crisis. El portavoz de Ciudadanos, Toni Roldán, cargó por su parte contra la "politización y el saqueo" que provocó el 'boom' inmobiliario, cuando "los viejos partidos impregnaron cada una de las instituciones de este país" y pusieron a sus "amigos" al frente de las cajas de ahorros para que pudieran financiar inversiones monumentales y en algún caso inservibles, como el aeropuerto de Castellón. Ese "círculo infectuoso" de poder político y banca pública llevó a una "gigantesca burbuja" que "a punto estuvo de llevar al país al borde del precipicio".

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La enmienda transaccional pactada fija también la composición de la nueva comisión de investigación: el PP tendrá a cuatro de sus diputados en el órgano; el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, a tres cada uno; ERC y PNV designarán a uno de los suyos y el Mixto, a dos. 17 miembros en total. El papel no pone apellidos: simplemente dice que los grupos con más de 100 diputados elegirán a cuatro miembros; los que tengan más de 30, a tres; los que tengan más de 10, a dos, y los restantes, a uno. Los grupos podrán designar otros tantos suplentes. En las votaciones, no obstante, se atendrá al criterio de voto ponderado. 

El acuerdo incluye siete objetivos de la comisión de investigación: 

-"Conocer, analizar y evaluar con profundidad y rigor" las causas que originaron la crisis financiera y económica de España, "desde su gestación hasta el estallido de la burbuja de crédito inmobiliario, y su impacto en el sector financiero". Se propone analizar la evolución del crecimiento del crédito y del endeudamiento privado frente al exterior, la regulación financiera, inmobiliaria y urbanística, el efecto de la depresión internacional y las políticas financieras y monetarias adoptadas. 

-Examinar las políticas de reestructuración y saneamiento del sector bancario así como la gestión de Bankia, su salida a bolsa y su posterior rescate y nacionalización. 

-Conocer la actuación de los organismos de supervisión desde la gestación de la crisis hasta su resolución. 

-Evaluar los problemas institucionales de gobernanza de las cajas de ahorro y su incapacidad para captar recursos en los mercados. 

-Estudiar las medidas que haya que adoptar para garantizar la "máxima transparencia" en la gestión de las entidades bancarias que hayan recibido ayudas del Estado para obtener el "máximo retorno al contribuyente y el uso eficiente de los recursos públicox". 

-Detectar las posibles irregularidades en la protección del cliente de productos financieros. 

-"Analizar y evaluar los problemas, debilidades, necesidades y retos futuros del sistema financiero".

La transaccional especifica que la sesión constitutiva de la comisión de investigación se convocará con "la mayor brevedad posible y, en todo caso, antes de 60 días desde su aprobación por el pleno de la Cámara". O sea, antes del 22 de abril. La duración de los trabajos del órgano será de seis meses desde su constitución, "que podrá ser prorrogada por acuerdo de la Mesa de la Cámara previa petición razonada de la comisión". En ese plazo, el órgano elevará al pleno, para su aprobación, el dictamen en el que figuren las conclusiones y los eventuales votos particulares.