La Audiencia de Palma cita a Urdangarin el jueves para decidir si le mete en prisión

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha convocado a los condenados Diego Torres e Iñaki Urdangarin a una vista que tendrá lugar el próximo jueves 23 de febrero para decidir si ordena alguna medida cautelar antes de que la sentencia dictada por el alto tribunal —que castigó a ambos a ocho años y medio y seis años y tres meses respectivamente— sea firme.

La vista, que comenzará a las 10:30, se celebra después de que lo reclamara la Fiscalía Anticorrupción, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de decidir sobre la situación de los dos condenados en el marco del denominado caso Nóos. El acto, que tendrá lugar a puerta cerrada, permitirá que las partes reclamen la medida cautelar que estimen oportuno, que iría desde la prisión provisional hasta que la sentencia sea firme a la personación en el juzgado cada semana o cada mes o la retirada del pasaporte.

El fiscal encargado del caso, Pedro Horrach, ha adelantado esta mañana en el programa televisivo 'Espejo público' que no descarta "pedir prisión preventiva con fianza, con lo que el mero depósito [de la cantidad estipulada] excluiría el ingreso" de Urdangarin y Torres en la cárcel. La solicitud iría en contra del criterio general que tiene establecido la Fiscalía, que reclama esta medida para penas superiores a cinco años de cárcel aunque no exista condena confirmada por el Tribunal Supremo, como ocurrió por ejemplo en el caso de los tres cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'el Bigotes', que fueron castigados a penas de entre 12 y 13 años cárcel y para los que Anticorrupción solicitó el inmediato ingreso en prisión.

"Lo lógico", dijo Horrach en el citado programa televisivo, sería pedir las mismas medidas cautelares para Torres y Urdangarin, a pesar de la diferencia que hay entre las penas de ambos. "No es un diferencia relevante", ha apuntado el fiscal para justificar la petición de la misma reclamación.

La infanta Cristina de Borbón quedó absuelta de los delitos que le imputaba el sindicato Manos Limpias en la sentencia hecha pública el pasado viernes por la Audiencia Provincial de Baleares. Su marido, sin embargo, fue condenado a los citados seis años y tres meses de prisión más una multa de 512.000 euros. Así lo determinó el alto tribunal en la denominada sentencia del caso Nóos. La Infanta tan solo deberá hacer frente a la responsabilidad civil junto a su esposo por valor de 265.000 euros (como ya abonó 587.000 euros por este concepto en 2014, ahora le devolverán 372.000 euros).

El alto tribunal consideró a Urdangarin culpable de los delitos de prevaricación en concurso con falsedad en documento público y malversación de caudales, fraude a la administración, tráfico de influencias y dos ilícitos penales contra la Hacienda Pública. A Torres, por su parte, le declara autor de prevaricación en concurso con falsedad documental, fraude a la Administración, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.