Los juristas ven esperable el fallo y dudan de que el TS libre a Urdangarin de la cárcel

Iñaki Urdangarin, de 19 años y medio de cárcel que le reclamaba la Fiscalía a una condena de seis años y tres meses de prisión. Cristina de Borbón, hija y hermana de Rey, de ocho años entre rejas que exigía el sindicato ultraderechista Manos Limpias a ser absuelta pero ser etiquetada como responsable civil a título lucrativo de los delitos de su marido y pagar una sanción de 265.088,42 euros (ya satisfecha, y con creces). Diego Torres, exsocio de Urdangarin, de 16 años y medio de cárcel que solicitaba el Ministerio Público a una pena de ocho años y seis meses de prisión. Jaume Matas, expresidente balear, de cinco años de reclusión requeridos por la Fiscalía a una condena de tres años y ocho meses.

Son los principales titulares de una sentencia histórica, la del caso Nóos, adoptada por unanimidad de las tres magistradas del tribunal de la Audiencia Provincial de Palma —Samantha Romero, presidenta y ponente, Rocío Martín y Eleonora Moyá— y comunicada este viernes. ¿Un fallo decepcionante o esperable? ¿Insuficiente o ponderado? Los juristas se inclinan por la segunda opción, la de una resolución, de 741 páginas, "esperable", "normal", que no causa demasiada extrañeza y que en todo caso es "robusta" de cara a la opinión pública y también de cara al Supremo, el que muy probablemente tendrá que revisar la causa en casación. Pero el Alto Tribunal, según el cálculo de los penalistas, o confirmará o rebajará poco —más a la baja que a la alza— las penas impuestas, pero difícilmente librará a Urdangarin de dar con sus huesos en prisión.

[Consulta aquí en PDF el resumen del fallo del caso Nóos y aquí en su integridad]

Siete han sido los expertos consultados por El Confidencial tras hacerse pública la sentencia de Nóos —los penalistas Víctor Moreno Catena, Juan José González Rus, Luis Rodríguez Ramos, Juan Carlos Carbonell, Laura Zúñiga y Fermín Morales y la constitucionalista Yolanda Gómez—, y su opinión, grosso modo, es bastante coincidente, aunque no idéntica, porque suscita algunas dudas la diferencia de pena solicitada por la Fiscalía para el exduque de Palma (19 años y medio de prisión por tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra la Hacienda y blanqueo de capitales) y la finalmente impuesta por las magistradas de Palma (seis años y tres meses de prisión por prevaricación, falsedad, malversación, fraude, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública, pero no por blanqueo).

A algunos penalistas les sorprende que haya tanta diferencia entre la pena exigida por la Fiscalía y la impuesta finalmente por la Audiencia de Palma

Como también causa en algunos de estos expertos una cierta extrañeza la absolución de la Infanta, porque "desconocía" la existencia de "ilícitos penales" por parte de su marido y no participó en su ejecución, aunque sí es considerada responsable civil a título lucrativo en la citada cuantía de 265.088 euros. No obstante, todos los juristas contactados precisan que apenas han podido leer en diagonal la resolución, que aún tendrán que estudiar en profundidad.

"Exceso punitivo"

Ese salto de la pena exigida por el Ministerio Público a Urdangarin a la condena firmada por el tribunal entra, sin embargo, para la mayoría de los analistas, dentro de los márgenes normales: la Fiscalía, aducen, suele agarrarse al tramo máximo, y el fallo posterior pondera las condenas en función de los hechos probados. "Hay una suerte de exceso punitivo por parte de las acusaciones y del Ministerio Público y una moderación de los tribunales, pero es una tónica muy general, salvo casos muy especiales", resume Víctor Moreno Catena, presidente de la Unión Española de Abogados Penalistas (UEAP) y catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid. Juan José González Rus, catedrático de Penal de la Universidad de Córdoba (UCO) y abogado, critica de hecho este procedimiento, por mucho que "no sea extraordinario": "Siempre lo he censurado, porque la Fiscalía y las acusaciones generan una expectativa que saben que no se va a poder alcanzar, y se lanza a la opinión pública el mensaje de que se perdona a los acusados, cuando lo que ha pasado es que las condenas siempre están por debajo. Es una mala práctica, decepciona y causa frustración".

La mayoría recuerda que siempre hay diferencias entre la petición fiscal y la condena, y advierte de que seis años de cárcel no es una sentencia "suave"

Luis Rodríguez Ramos y Fermín Morales, catedráticos penalistas de la UNED y de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), respectivamente, coinciden en que la condena a Urdangarin (y a Torres) entra "dentro de lo esperable", y no se puede calificar ni mucho menos de "suave". Y Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, tampoco ve nada "excepcional" en lo ocurrido, sobre todo cuando no se trata de delitos de sangre, aunque admite que estas 'rebajas', al no ser conocidas por el ciudadano de a pie, pueden causar sorpresa.

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Otros penalistas tienen más dudas. Juan Carlos Carbonell (Universitat de València) y Laura Zúñiga (Universidad de Salamanca) creen sin embargo que la diferencia es excesiva. El primero ve la sentencia "demasiado prudente" y subraya que "si hubieran entrado en juego más delitos" —el exduque no es culpado de blanqueo, por ejemplo—, las "penas serían más altas". Carbonell atribuye esa cierta insuficiencia de las condenas a las "dudas" que podía albergar el tribunal, a discrepancias entre las magistradas. Sacar un fallo por unanimidad, recuerda, "tiene su precio", aunque a cambio "lo hace más fuerte", sobre todo a ojos de una opinión pública que ha seguido con estupor este caso durante años.

¿Condena "benigna"?

Zúñiga habla, directamente, de condena "benigna" en el caso de Urdangarin. "¡Es menos de la mitad respecto a lo que pedía la Fiscalía!", exclama. La profesora no se atreve a calificar lo ocurrido de "trato de favor" —tampoco lo hace el catedrático valenciano—, pero sí afirma que esta resolución abunda en su tesis de que "el Derecho penal es desigual", en tanto que "se percibe un tratamiento más favorable a los delincuentes poderosos" que a los que no tienen recursos.

Zúñiga cree "nefasta" la "interpretación de la mujer" como esposa que no sabe. Los expertos señalan que la absolución de la Infanta estaba cantada

Estos dos últimos juristas también son los que albergan más dudas respecto a la absolución de la infanta Cristina. A Zúñiga le parece "nefasta" esa "interpretación de la mujer", el encasillamiento en su rol de esposa que "no sabe, no entiende, no se pregunta por qué tiene un Jaguar en la puerta [como la exministra Ana Mato]", por mucho que los tribunales suelan exonerar a las parejas de delitos similares salvo que quede probado su participación en la ejecución. La profesora, en ese sentido, trae a colación un caso opuesto: Isabel Pantoja sí fue condenada a dos años de prisión por blanqueo de capitales. Carbonell reconoce que la absolución de la hija del rey emérito era "esperable", porque hay "doctrina consolidada" en esta materia, pero recuerda que el primer paso hacia su liberación lo propició la misma Audiencia de Palma al tumbar un primer auto del juez instructor, José Castro, en el que cortaba la vía para investigar un presunto delito de blanqueo y circunscribir la imputación a la cooperación de dos delitos fiscales de su marido.

Opinión

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Para González Rus, "no tiene nada de extraño" que el tribunal haya exonerado a Cristina de Borbón, porque "es verosímil" que no tuviera conocimiento de los delitos de su esposo, aunque sí ve justo que se la considere "partícipe a título lucrativo". Este experto, como Víctor Moreno o Fermín Morales, remarca que las magistradas no han hecho sino aplicar la doctrina ya muy asentada para casos similares. El presidente de la UEAP advierte de que también ayudó a la hermana del Rey el hecho de que la Fiscalía no la acusara y que solo sostuviera la imputación Manos Limpias, el pseudosindicato que está siendo investigado por la Audiencia Nacional por concertar supuestamente con la entidad Ausbanc la retirada de acusaciones en juicios a cambio de dinero, y que ahora tendrá que pagar a Cristina de Borbón las costas del juicio. Una llamada de atención que también hacen Yolanda Gómez o Luis Rodríguez Ramos. Este añade que la resolución estaba "cantada", porque no había "datos suficientes" como para asegurar que la Infanta tuvo una intervención "consciente" en los amaños delictivos del exduque.

La "fortaleza" de la unanimidad

Sí concita total unanimidad el pronóstico futuro. El negro panorama que tiene Urdangarin por delante. Penalistas y constitucionalistas están de acuerdo en que cuando la sentencia pase por el Supremo, este puede confirmar el fallo sin más o revisarlo ligeramente al alza (menos probable) o a la baja, pero entienden "muy complicado", por no decir "imposible", que el Alto Tribunal pueda rebajar tanto la pena impuesta al yerno del rey emérito como para salvarle de su paso por la cárcel. Para ello, tendría que aguar la condena a dos años o menos. Al no tener antecedentes penales, no iría a prisión.

El Supremo, que estudia las casaciones en un año, suele confirmar o revisar ligeramente las condenas de primera instancia. Anularlas es más improbable

Como asegura González Rus, la "probabilidad estadística" de que el TS valide o rectifique por poco una sentencia es "mucho mayor" a que opte por anularla. "No creo que el Supremo rebaje más. Ya estamos en los mínimos, porque seis años de pena son menos de cuatro años de privación de libertad, y además es una cuestión de alarma social —agrega Zúñiga-—. Yo lo que veo es un comportamiento salomónico: condenamos a Urdangarin y a Torres, pero no mucho; absolvemos a las dos mujeres [la Infanta y Ana María Tejeiro]...".

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Que la resolución se haya adoptado por unanimidad —que suele ser la tónica habitual en los tribunales—, en lugar de por mayoría, y después de ocho meses de deliberaciones, también es, a ojos de los juristas, una prueba de "fortaleza". Ese consenso total hace a la sentencia más difícilmente criticable y la "blinda" ante la opinión pública, un hecho nada despreciable en un caso tan mediático, y de alguna medida ante el Supremo aunque, como advierte Morales, este "tiende a tener criterios propios". Los expertos también convergen en otra idea: no creen que sea necesario que Urdangarin pase a prisión preventiva antes de que la condena sea firme —el recurso de casación suele resolverse en un año—, porque "no hay riesgo de fuga" ni amenaza de "destrucción de pruebas". La Fiscalía, no obstante, podría pedir su reclusión al superar su pena los seis años.

Diego Torres ha sido condenado a ocho años y seis meses de prisión. Más que Urdangarin, pese a que la Fiscalía pedía un castigo más severo para este. Los juristas no se sorprenden, en la medida en que sobre él recae el delito de blanqueo, que no tiene el exduque. Ponen el acento en que el exsocio era el "cerebro de la trama", el autor intelectual, y no en vano había sido profesor del marido de la Infanta.

El cortafuegos de la abdicación

¿Hasta qué punto la Corona queda salvada del juicio de Nóos? Bastante protegida, responden los profesores, básicamente porque la Zarzuelaya impuso un cortafuegos, al abdicar Juan Carlos I en Felipe VI. "La institución sufrió un deterioro considerable cuando los hechos se conocieron, con la instrucción... La sucesión alejó algo el foco, pero el desprestigio que ha sufrido la imagen de la Infanta es indudable", estima Yolanda Gómez. "La monarquía no se debería ver afectada, máxime con la absolución de la hermana del Rey. Iñaki Urdangarin no está en la línea sucesoria", conviene Víctor Moreno. Discrepa Juan Carlos Carbonell: "La institución sale tocada, porque su carta de presentación es la ejemplaridad".

La Corona en principio ya no se vería más afectada, aunque la imagen de Cristina de Borbón, pese a ser exonerada, ya está herida de muerte

El caso Nóos no ha llegado aún a su última estación. Queda la etapa del Supremo. Pero por lo pronto hay una sentencia histórica en primera instancia que ha dado la vuelta al mundo y un juicio que sentó en el banquillo a una hija y hermana de Rey y a su marido.

¿Una sentencia "ejemplarizante"?

La peor parte de la sentencia se la lleva, a juicio de todos los expertos, la pareja de exduques. Él, por su condena y ella, porque ha padecido, estiman, la "pena de banquillo", "terrible e indeleble", según Juan José González Rus, tanto que no hay "quitamanchas tan poderoso como para borrarla". Para Yolanda Gómez, "difícilmente" Cristina de Borbón podrá rehabilitar su imagen, porque a ojos de los ciudadanos siempre quedará como "sospechosa", como presunta cómplice de los delitos cometidos por su marido.

La hija pequeña de Juan Carlos I, anticipa, no recuperará probablemente el ducado de Palma que le arrebató su hermano, Felipe VI y seguirá apartada de la vida de la Zarzuela. De hecho, su próximo destino podría ser Portugal, el país de exilio de su padre en su juventud y de sus abuelos, los condes de Barcelona. Cristina no pertenece, desde la abdicación de su padre y la proclamación de su hermano, a la familia real, y el único paso que le queda para desvincularse de la Corona como institución es la renuncia a sus derechos sucesorios. El título de Infanta lo tiene como hija que es de Rey.

Los juristas valoran el proceso penal de principio a fin, pese a su tardanza. "En España se está haciendo un esfuerzo de investigación y persecución de la corrupción, y es una buena noticia que la Administración de Justicia condene al cuñado del Rey. Debe valorarse que hay una sentencia después de un proceso justo y conforme a la ley, un signo de salud social de un sistema que no se casa con nadie", señala González Rus. "La Justicia tarda, pero funciona. Este fallo es un paso adelante en la persecución de la corrupción", abunda Gómez.

Otros tres expertos huyen de calificar el fallo de "ejemplarizante", bien porque las sanciones son inferiores a las previstas (Juan Carlos Carbonell y Laura Zúñiga), bien porque no se trata de buscar un "chivo expiatorio", sino de que los jueces absuelvan o condenen "en función de la gravedad de los hechos" (Fermín Morales).