Púnica: Velasco pide procesar al presidente de Murcia pero Anticorrupción se opone

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado continuar la tercera pieza de la operación Púnica contra 22 personas, entre ellos el presidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez y la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro. Al jefe del Ejecutivo autonómico le atribuye los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada por concertarse supuestamente con empresas de Alejandro de Pedro para amañar contratos de formación cuando Sánchez era consejero de Educación con el fin de realizar, en realidad, trabajos particulares de reputación vía internet y redes sociales destinados a reforzar la imagen del político de cara a su postulación como presidente de Murcia.

Por otro lado, el titular del Juzgado Central número 6 atribuye a Barreiro, que actualmente ejerce como senadora, los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada también por concertarse con las mercantiles de De Pedro con el fin de amañar adjudicaciones públcias de formación en la misma consejería de Sánchez, además de por sufragar presuntamente con dinero público trabajos particulares destinados a mejorar la imagen de la entonces alcaldesa. Entre estos últimos, el magistrado destaca la creación de un diario digital de la ciudad murciana dirigido a la publicación de noticias en torno a la personalidad de Barreiro y el pago de una persona que se responsabilizara del medio de comunicación.

El juez ordena también remitir el auto al Senado y a la Comunidad Autónoma de Murcia con el fin de que estos dos organismos confirmen oficialmente la condición de presidente regional y parlamentaria de Sánchez y Barreiro, "al objeto de elevar" la "oportuna exposición razonada" a los órganos judiciales competentes de investigar a cada uno, que son el Tribunal Supremo para el caso de la senadora y el Tribunal Superior de Justicia de Murcia para el jefe del ejecutivo autonómico. La decisión de Velasco se produce solo un día después de que Sánchez acudieran ayer al congreso del Partido Popular, que confirmó a Mariano Rajoy como líder de la formación para los próximos cuatro años.

El instructor acordó en septiembre de 2015 la formación de una docena de piezas separadas en el marco del caso Púnica que posteriormente amplió a 14 con el fin de agilizar la tramitación y enjuiciamiento de los hechos investigados. El nuevo auto acuerda conformar la tercera de esas piezas (la primera fue el chivatazo de la investigación y la segunda la de León) con toda la documentación referente a la trama murciana y delimita las personas contra las que se dirige esta pieza. En concreto, además de contra Sánchez y Barreriro, el juez dirige el procedimiento contra otras 20 personas; entre ellas, De Pedro; el ex consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación de Murcia Juan Carlos Ruiz López, el ex alcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras y dos exdirectoras generales, además de otras autoridades y funcionarios.

Además de contra 22 personas, el magistrado también dirige el procedimiento contra cuatro mercantiles que supuestamente participaron en la trama: Maldiva Editorial y Publicidad, Duravit & Marset Group, Mistral Inversiones y Linkatic. Según Velasco, en 2014 De Pedro y Barreiro se concertaron para realizar trabajos reputacionales a favor de la segunda a través de las redes sociales e internet que "serían facturados bajo conceptos relacionados con la formación". En la misma línea, añade el instructor, del mismo modo que De Pedro también se concertó con el anterior alcalde de Cartagena, el socialista José Antonio Alonso Conesa, persona muy cercana a Barreiro, la Consejería de Industria se planteó la posibilidad de realizar trabajos de reputación online similares a favor de Sánchez, "quien pretendía igualmente convertirse candidato de su partido a la presidencia de Murcia".

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado ha solicitado elevar exposición razonad al Tribunal Supremo en relación con la conducta de Barreiro por considerarla indiciariamente constitutiva de los delitos de falsedad, prevaricación y malversación, pero se ha opuesto a la elevación de al Tribunal Superior de Justicia de Murcia respecto de Sánchez, aforado ante dicho órgano. El ministerio público entiende que la participación de Barreiro en los hechos aparece sustentada en diversos indicios. No así la de Sánchez, que según Anticorrupción no llegó a formalizar contratos, por lo que no se produjo perjuicio alguno para las arcas públicas.