La UDEF acusa a ex altos cargos de Aguirre de 'trocear' ayudas para favorecer a Ausbanc

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acaba de entregar un nuevo informe en la Audiencia Nacional sobre la presunta trama de extorsión de Manos Limpias y Ausbanc que acredita que la falsa organización de consumidores que presidía Luis Pineda recibió subvenciones públicas ilegales por valor de 6.286.772 euros. Según el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, durante al menos dos ejercicios, Ausbanc habría contado con la colaboración de dos altos cargos de la Comunidad de Madrid que fraccionaron subvenciones para poder entregárselas a dedo.

El informe se refiere, en concreto, a los años 2006 y 2007. Correos intervenidos en los registros de las sedes de Ausbanc han revelado que el entonces subdirector general de Coordinación de la Dirección General de Consumo de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, Mariano Sánchez-Ortiz, se concertó con Hermenegildo García, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la falsa asociación de Pineda, para fraccionar dos ayudas por importe de 30.000 euros cada una y evitar de ese modo que la trama tuviera que concurrir a una “convocatoria pública” para poder conseguirlas.

De las comunicaciones analizadas, se desprende que Manuel Lamela fue el responsable de pactar con Ausbanc la entrega de esas subvenciones

El fraude se tapó mediante facturas falsas giradas por asociaciones y empresas de Pineda. De las comunicaciones analizadas por los agentes de la UDEF encargados del caso, también se desprende que el entonces consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, el político del Partido Popular Manuel Lamela, fue el responsable de pactar con Ausbanc la entrega de esas subvenciones, aunque los contactos se articularon a través de Sánchez-Ortiz. Los movimientos de las cuentas bancarias de la falsa asociación han confirmado que recibió las ayudas por los importes acordados. Siempre en transferencias inferiores a 12.000 euros para no levantar sospechas. Lamela asumió el cargo de consejero en la empresa Essentium, del grupo Assignia, tras dejar la política en 2008. Desde 2013 trabaja en sus propias empresas. Por su parte, Sánchez-Ortiz ocupa en estos momentos el cargo de subdirector general de Juventud en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Esas ayudas tenían como supuesto objetivo financiar actos de promoción de los derechos de los consumidores, pero Ausbanc también recibió ayudas para la contratación de desempleados y para la formación de trabajadores. Los investigadores señalan en este nuevo informe remitido al instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que Ausbanc fue adaptando su estructura para crear una vasta red de supuestas asociaciones sin ánimo de lucro para poder captar subvenciones públicas en instituciones nacionales y autonómicas. Una vez que recibía el dinero, Pineda lo desviaba para pagar las nóminas de sus empleados, los alquileres de sus oficinas y, en la mayoría de ocasiones, engrosar simplemente su abultado patrimonio personal, oculto tras una maraña de mercantiles.

Red de captación

Para poner en marcha esta estrategia de captación de fondos públicos, Pineda optó en 2002 por segregar su organización, señala la UDEF. Por un lado, creó Ausbanc Empresas, que supuestamente se encargaría de centralizar el negocio editorial y jurídico de Ausbanc. Y por otro, constituyó Ausbanc Consumo, que teóricamente asumiría la defensa desinteresada de los intereses de los consumidores. Las pesquisas han confirmado que, en realidad, no había separación entre ambas entidades. Compartían trabajadores, sedes y gastos ordinarios, pero Pineda las empleó para generar facturas falsas y trasladar la impresión a las instituciones públicas de que estaba utilizando las ayudas en proyectos sociales.

Las pesquisas han confirmado que, en realidad, no había separación entre ambas entidades. Compartían trabajadores, sedes y gastos ordinarios

Se da la circunstancia de que fue la propia mujer de Luis Pineda, María Teresa Cuadrado Díez, quien inscribió a Ausbanc Consumo en el Registro de Asociaciones de Consumidores de la Comunidad de Madrid en 2002, aprovechando que en ese momento ocupaba el cargo de directora general de Consumo. Antes de llegar al puesto, había formado parte de la plantilla de Ausbanc y volvió de nuevo a la asociación cuando abandonó el Ejecutivo autonómico en 2003.

La inscripción en ese registro no solo permitió a Pineda optar a subvenciones públicas, sino que también le legitimó para ejercer la acusación popular en procedimientos penales en supuesta representación de los intereses de los consumidores. Como ya ha quedado acreditado en otros informes, el presidente de Ausbanc habría utilizado esa capacidad de personación en causas judiciales para extorsionar a organismos públicos, aseguradores, bancos y otras grandes compañías. Amenazaba con acciones judiciales a quienes se negaban a poner publicidad en sus revistas y, en otras ocasiones, interpuso querellas con la única intención de recibir una suma a cambio de retirarlas. Es el caso de Unicaja, que pagó un millón de euros para que Ausbanc retirara la acusación en el caso de los ERE contra su presidente, Braulio Medel.

Expulsión del registro

Para ampliar la captación de ayudas, Ausbanc Consumo también se inscribió en 2002 en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios. Sin embargo, en 2005, fue expulsada precisamente por “la realización de publicidad comercial y no meramente informativa” en la página web de la entidad, es decir, por tener un evidente ánimo de lucro. Pineda recurrió y consiguió la reinscripción, pero en 2013 fue expulsada definitivamente por reincidir en la búsqueda de un rendimiento económico.

Los funcionarios de la UDEF recuerdan que, además, Pineda también creó distintas Ausbanc autonómicas para figurar en los registros de asociaciones regionales y cazar aún más fondos públicos. El caso más evidente es el de Ausbanc Madrid, que estuvo operando desde 2009 hasta 2016. A pesar de la acumulación de irregularidades, las autoridades madrileñas no instaron su expulsión del registro autonómico hasta que el pasado abril se produjo la operación de la Audiencia Nacional contra Manos Limpias y Ausbanc.

En realidad, todas las subvenciones recibidas por el entramado de Pineda fueron ilegales. Los expertos en delitos económicos de la Policía Nacional han acreditado que Ausbanc falseó sus datos para inflar el número de consumidores a los que representaba y alcanzar así los mínimos necesarios para acceder a la financiación de programas sociales. Además, Pineda habría diseñado los estatutos de Ausbanc para que los asociados —que pagaban una cuota anual de 180 euros— no tuvieran ninguna capacidad de decisión, en contra de lo que fija la ley para este tipo de instituciones. Solo la cúpula tenía capacidad ejecutiva. Es decir, que la red de Pineda no cumplía con ninguna de las condiciones para poder gestionar fondos públicos.

5,1 millones de la Consejería de Empleo y Mujer

Pese a ello, Ausbanc recibió un total de 6.286.772 euros entre 2004 y 2016. De esa cantidad, 322.070 euros fueron adjudicados por el Ministerio de Sanidad; 890.902 euros los recibió de la Consejería de Sanidad y Consumo madrileña (Economía y Hacienda en otro periodo), y 5.105.509 euros los consiguió de la Consejería de Empleo y Mujer de la comunidad.

Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, quedó en libertad en diciembre tras el pago de una fianza de 50.000 euros

El informe apuntala la acusación contra Pineda por un delito de fraude en subvenciones públicas, uno de los que se le imputan desde que fue enviado a prisión el pasado 18 de abril. El juez Santiago Pedraz también le acusa de extorsión, amenazas, estafa, administración desleal y organización criminal. El otro presunto cerebro de la trama, Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, entró en prisión el mismo día, pero quedó en libertad en diciembre tras el pago de una fianza de 50.000 euros. Pineda también ha pedido salir de la cárcel, pero la Audiencia Nacional se ha opuesto hasta ahora al considerar que, en su caso, todavía existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.