López Madrid, Fermoselle, Falcones... el juez archiva la guerra judicial de la 'jet' madrileña

El titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, Juan Antonio Toro, ha vuelto a archivar el caso Infoglobal. Se trata de la segunda vez que este magistrado sobresee una investigación en la que se encuentran implicados los apellidos más ilustres de la 'jet' madrileña. El empresario Ignacio Comenge —socio de Coca-Cola, Ebro Foods, Bodegas Cvne o Ence—, Baldomero Falcones —expresidente de FCC, Mastercard y varias entidades financieras— y Marcos Fernández Fermoselle —antiguo dueño de Inmobiliaria Parquesol— se querellaron contra sus otrora amigos Guillermo Mesonero Romanos —expresidente de Puleva, que también estuvo vinculado con Parquesol o Grupo San José—, Javier López Madrid —consejero de OHL— y Lorenzo Mendoza —dueño del grupo Polar— al entender que estos últimos les estafaron cuando les invitaron a invertir en la empresa de ingeniería Infoglobal.

El juez admitió inicialmente la demanda cuando esta fue interpuesta en 2015, pero pocos meses después decidió archivarla porque consideraba que no había engaño previo, por lo que tampoco cabía un delito de estafa, como argumentaban los querellantes, dado que este ilícito penal requiere que haya voluntariedad, extremo que según el magistrado no había quedado acreditado. No había pruebas ni indicios, aseguró el instructor, que apuntaran a que la llamada a la inversión se llevara a cabo con intención de quedarse con el dinero.

La decisión de Toro, sin embargo, fue corregida por la Audiencia Provincial de Madrid, que ordenó al juez reabrir la causa y llevar a cabo pruebas contables. De ahí que el magistrado decretara el análisis de las cuentas de la compañía, sus beneficios e ingresos anuales, con el fin de determinar si hubo pérdidas como consecuencia de una mala gestión o de algún tipo de plan organizado. El instructor pidió también que las partes presentaran informes periciales que respaldaran sus argumentos. Ninguna de las dos iniciativas, sin embargo, logró el éxito buscado por el alto tribunal madrileño.

Las cuentas no arrojaban conclusiones claras. Según fuentes jurídicas, lo determinante de este asunto era conocer si realmente entró dinero en la empresa en el ejercicio 2012-2013 para que la mercantil obtuviera beneficios para repartir entre los socios. Si la compañía no recibió ingresos suficientes, la cosa quedaría en que la pérdida de efectivo se produjo como consecuencia del riesgo que conllevaba la operación de inversión. Si, sin embargo, entró dinero, podría abrirse la puerta a que hubo una estafa, extremo que finalmente no quedó confirmado tras el análisis de las cuentas.

Los informes, por su parte, dejaban abierta la puerta a todas las posibilidades. Uno de ellos, elaborado por una consultora internacional y presentado por la defensa, no aclaró si López Madrid, Mesonero Romanos y Mendoza indujeron al resto a invertir a sabiendas de que la operación iba a ser fallida. El documento se limitó a describir que, con los datos que en el momento de la adquisición de acciones había sobre el negocio, los incitadores no podían saber que iban a perder.

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El informe encargado por la acusación a una firma distinta, por su parte, concluía que es posible que los inductores de la inversión conocieran los elevados riesgos que conllevaba una inyección de dinero en ese negocio. También dejaba la puerta abierta, sin embargo, a la posibilidad de que López Madrid, Mesonero Romanos y Mendoza desconocieran que se trataba de una inversión temeraria. Ante la falta de indicios técnicos nítidos, por lo tanto, Toro incluso volvió a pedir un nuevo informe a una de las partes para ver si esta ahondaba en algunos puntos y ayudaba de este modo a desenmarañar lo que los querellantes aseguraban ver con lucidez. Tampoco este último documento logró el fin deseado, lo que provocó que el juez resolviera volver a archivar la causa por falta de pruebas que apuntaran a la comisión de un delito de estafa.

La guerra judicial, sin embargo, podría no haber terminado, ya que los querellantes han vuelto a recurrir la decisión de Toro ante la Audiencia Provincial, que deberá decidir si admite o no la protesta. Comenge, Falcones y Fernández Fermoselle recurrieron el archivo el pasado diciembre, con lo que presumiblemente aún quedan unos meses para que el alto tribunal madrileño resuelva y establezca si cierra definitivamente este asunto o, por el contrario, ordena de nuevo su reapertura, lo que tendría que hacer recomendando nuevas y concretas diligencias de investigación que hasta el momento no hayan sido practicadas.

Falcones, Comenge y Fernández Fermoselle argumentaron en su escrito de denuncia que sus entonces socios les engañaron para aportar cinco millones de euros —a través de la compra del 30% de la ingeniería— que permitirían a la mercantil firmar un contrato millonario en México y dar un paso crucial en su expansión internacional. La operación consistía en que Infoglobal se comprometía a trabajar con un socio local en la instalación de sistemas de telecomunicaciones y de seguridad en un centro penitenciario que se estaba construyendo.

Se trataba de un proyecto que iba a representar casi el 60% de la facturación de la compañía —por lo tanto, un negocio clave— y que, sin embargo, no llegó a ejecutarse por completo. Los querellantes aseguraron que López Madrid, Mesonero Romanos y Mendoza conocían los problemas que conllevaba el acuerdo y que no informaron de ellos a los nuevos inversores, extremo que negó la defensa, que argumentó que los inversores recibieron toda la documentación sobre la mercantil y sobre la operación para estudiarla con tiempo suficiente.

Los querellantes también consideran que aquella inversión fallida fue el detonante de la posterior suspensión de pagos de la compañía. En el momento en que se produjo la inversión, todos los implicados mantenían una buena relación personal que se ha torcido precisamente como consecuencia del enfrentamiento judicial, hasta el punto de que los implicados ni siquiera se saludan entre sí cuando la mercantil celebra junta de accionistas.