La Conferencia Episcopal no pone ningún reparo

Catalá promoverá que musulmanes y evangélicos se financien también con el IRPF

La Administración española tiene dudas sobre la capacidad de las instituciones musulmanas para gestionar con transparencia el dinero recaudado

Foto: El ministro de Justicia, Rafael Catalá. (EFE)
El ministro de Justicia, Rafael Catalá. (EFE)

Sin prisas, pero sin pausa el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se dispone a satisfacer una vieja reivindicación de las confesiones religiosas minoritarias en España, empezando por musulmanes y evangélicos: financiarse a través de la declaración de la renta de sus fieles como lo hace la Iglesia católica. “Hay voluntad de, sin urgencias y de forma consensuada con todas las partes afectadas, ir estudiando las posibles modalidades de implantación de ese beneficio”, señaló el titular de Justicia en conversación con El Confidencial. Existe “una voluntad de seguir avanzando y de plantear esa posibilidad ante las instancias competentes”, añadió.

El beneficio al que se refiere Catalá es que, al hacer la declaración de la renta, los fieles pertenecientes a las siete confesiones minoritarias en España, pero con notorio arraigo, dispondrán también, como los católicos, de una casilla que podrán marcar para entregar el 0,7% de sus impuestos a sus representantes religiosos.

Casi dos millones de musulmanes

Los musulmanes, que son 1,9 millones según el Observatorio Andalusí, y los evangélicos, algo más de 1,2 millones, son las religiones minoritarias con más implantación en España, seguidas de lejos por budistas, cristianos ortodoxos, mormones, Testigos de Jehová y judíos.

Poco después de la llegada de Catalá a Justicia, a finales de 2014, se constituyó un grupo de trabajo que, entre otras cuestiones, estudió durante un año la ampliación de ese privilegio fiscal a todas las confesiones reconocidas. “Se constató [en el grupo] un cierto consenso en la conveniencia de ir avanzando en ese terreno”, recalca el ministro.

“Por parte de la Conferencia Episcopal hay absoluta conformidad al respecto”, asegura Catalá. Aunque Justicia impulse la iniciativa, es Hacienda quien debe ponerla en práctica. El ministro reconoce que aún “no se ha hecho ningún planteamiento formal al Ministerio de Hacienda que, por supuesto, es quien debe tener, si no la última palabra, sí una opinión muy cualificada sobre el asunto”. Ambos ministerios sí han mantenido algún contacto informal.

El ministro se compromete a poner en marcha, junto con Montoro, la medida, pero no revela el calendario

Catalá rehúsa dar plazos sobre la ampliación a todas las religiones del privilegio del que goza la Iglesia católica. “El asunto está aún en fase de estudio inicial, a pesar de que existe una cierta voluntad de avanzar en su definición”, señala. “No hay ninguna decisión tomada formalmente, por lo que no puede haber calendario para implementarla”, concluye.

Hoy en día, en ninguna comunidad autónoma española una mayoría de contribuyentes marca la X a favor de la Iglesia católica en su declaración de la renta, aunque esa opción no implica pagar más impuestos sino entregar una pequeña parte de ellos a la Conferencia Episcopal. Lo hace de media un 34,9% de los españoles, con Castilla-La Mancha a la cabeza (49%) y Cataluña en la cola (19,8%). Madrid se sitúa entre ambas (39,1%).

Aun así, esa vía de financiación proporciona anualmente a la Iglesia cerca de 250 millones de euros que, en teoría, deben ser destinados a fines sociales, pero que en la práctica sirven sobre todo para sufragar los sueldos del clero, según la memoria justificativa de la Conferencia Episcopal.

Varias personas rezan en el interior de la Mezquita Tetuán, en Madrid. (EFE)
Varias personas rezan en el interior de la Mezquita Tetuán, en Madrid. (EFE)

El Tribunal de Cuentas no fiscaliza el uso que la Iglesia da a esos dineros. Por eso los grupos parlamentarios socialista, de Podemos y de Ciudadanos acaban de presentar a principios de mes una petición, aún no sometida a votación, en la comisión mixta Congreso-Senado para el Tribunal de Cuentas. Con ella quieren obligar al órgano fiscalizador a hacer esa inspección a la Iglesia, a lo que hasta ahora se niegan la mayoría de los consejeros del tribunal.

Dos sentencias negativas

Cansada de las promesas formuladas por anteriores gobiernos de distintos signos políticos, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede) ha recurrido a los tribunales para tratar de poner fin a lo que considera una vulneración de la igualdad ante la ley, de la libertad religiosa y de la aconfesionalidad del Estado. “En definitiva, una discriminación”, con relación a la religión mayoritaria, “no para nuestra confesión sino para sus fieles”, privados de un derecho del que gozan los católicos, asegura al teléfono Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de Ferede.

Los evangélicos empezaron por cursar una petición a Hacienda, en enero de 2015, y cuando este ministerio la rechazó mediante una resolución acudieron a la Audiencia Nacional, cuya sentencia ratificó la decisión de la dirección general de tributos. La Audiencia alega, en sustancia, que Hacienda carece de competencias para introducir esa modificación.

Mariano Blázquez Burgo, secretario ejecutivo de Ferede. (Ministerio del Interior)
Mariano Blázquez Burgo, secretario ejecutivo de Ferede. (Ministerio del Interior)

El Tribunal Supremo respaldó también, a principios de enero, la negativa de Hacienda. Recordó a Ferede, sin entrar en el fondo de la cuestión, que la Iglesia católica cuenta con esa vía de financiación porque así lo recoge su acuerdo con el Estado español, de enero de 1979, mientras que los suscritos por las tres principales religiones minoritarias en 1992 no lo prevén. “Es una sentencia humillante que revela un concepto de la libertad religiosa tardofranquista”, se lamenta Mariano Blázquez.

Ferede ha recurrido el veredicto del Supremo al Tribunal Constitucional, y si lo vuelve a perder tiene la intención de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. “Es probable que en una de esas dos instancias lo acaben ganando, porque estos sí deberían entrar en el fondo de la cuestión y constatarán una discriminación” de los ciudadanos en función de su religión, vaticinan fuentes jurídicas conocedores del caso.

Isabel Romero, presidenta de Junta Islámica, una comunidad musulmana con sede en Córdoba, no tiene la menor duda de que el riesgo de que una sentencia obligue a modificar la tributación “está incitando a Justicia a mover ficha y no el súbito deseo de ahondar en la libertad religiosa”.

Promesas incumplidas del PSOE y del PP

Mariano Blázquez se muestra, por su parte, escéptico ante la aparente buena voluntad de los poderes públicos. “Desde Margarita Mariscal de Gante [ministra de Justicia del Gobierno de Aznar] hasta Mariano Fernández Bermejo [ministro de Justicia del Gobierno de Rodríguez Zapatero] todos dejaron caer que, de una forma u otra, resolverían el problema, pero no lo hicieron”, se lamenta el secretario de Ferede. “Los representantes de Zapatero incluso nos engañaron”, recuerda con amargura.

Aunque son más numerosos que los evangélicos, los musulmanes no les han secundado en su reclamación ante los tribunales

Catalá matiza, sin embargo, “que las confesiones no católicas que tienen firmado un acuerdo con el Estado ya reciben financiación procedente de fondos públicos a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia” adscrita al Ministerio de Justicia. Su presupuesto anual, que ha ido mermando con la crisis, es de 1,5 millones de euros, destinados fundamentalmente a subvencionar proyectos que proporcionen visibilidad a esas tres confesiones (evangélicos, musulmanes y judíos).

Aunque son más numerosos que los evangélicos, los musulmanes no les han secundado en su reclamación ante los tribunales. Riay Tatary, presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), el órgano de representación de los musulmanes ante el Estado, asegura, sin embargo, “que de una forma u otra desde 2001” ambas confesiones “han trabajado juntas para conseguir la equiparación fiscal” con los católicos.

Isabel Romero explica, en cambio, que la pasividad de los musulmanes “se debe a los conflictos internos” que han vivido. Alcanzaron su cénit el 28 de mayo pasado, cuando la Policía Nacional intervino para poner orden y expulsar a algunos de los participantes en la reunión de la CIE que se celebraba en la sede de Casa Árabe en Madrid. “La bronca fue monumental”, recuerda uno de los asistentes.

Nueva Comisión Islámica con mismo presidente

Justicia y, bajo cuerda, el Centro Nacional de Inteligencia redoblaron entonces sus maniobras para que emergiera una nueva CIE con el mismo presidente, pero la rama minoritaria del islam español, la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (Feeri), la boicotea y no ocupa los cinco puestos que le han sido reservados en sus órganos de dirección. Ha impugnado incluso los nuevos estatutos ante los tribunales. Dirigida por Mounir Benjelloun, la Feeri es afín al movimiento islamista no violento marroquí Justicia y Espiritualidad, que es ilegal en Marruecos pero goza a veces allí de cierta tolerancia.

“La experiencia con las justificaciones entregadas por algunas de las comunidades islámicas no ha sido de lo más alentadora”

Detrás de las promesas incumplidas de la Administración a abrir la mano de la financiación pública está también la sospecha de que los musulmanes, que carecen de una estructura central fuerte, no sean por ahora capaces de gestionar con eficacia y transparencia los fondos que recibirían. “La experiencia con las justificaciones entregadas por algunas de las comunidades islámicas a la Fundación Pluralismo y Convivencia no ha sido de lo más alentadora”, asevera un funcionario español.

“Esa es una vieja cantinela que a día de hoy no tiene ninguna razón de ser”, responde indignado Tatary. “Las cuentas de cualquier musulmán que abra una empresa o que funde una asociación están estrechamente vigiladas por todos, empezando por su banco”, asegura Isabel Romero, que es también presidenta del Instituto Halal. “Esto es fácil de resolver: el que no justifique correctamente el buen uso del dinero lo devuelve o va a la cárcel”, concluye.

Si la CIE logra recursos a través de la declaración de la renta, saldrá reforzada. A diferencia de los evangélicos, que en buena medida se autofinancian, los musulmanes andan escasos de dinero. “Las subvenciones de la Fundación Pluralismo y Convivencia son insuficientes para llevar a cabo algunos de nuestros proyectos más modestos”, se queja Tatary. Las donaciones de los magnates musulmanes, sobre todo los del Golfo, no llegan a la Comisión Islámica sino que se envían directamente a determinadas comunidades musulmanas de España.

Preocupación de los judíos

El consenso que menciona el ministro Catalá sobre la ampliación del 0,7% a las demás confesiones religiosas no es total. La idea inquieta un poco a los judíos que, por razones de seguridad, temen significarse como tales a la hora de hacer su declaración de la renta. En conversaciones informales, han llegado a sugerir que se establezca una casilla única para todas las confesiones minoritarias, algo descartado por los demás. No es, sin embargo, probable que se opongan a la iniciativa de Justicia.

El 0,7% es un objetivo de los evangélicos, pero “no el más importante”, subraya Blázquez. Consideran mucho más necesaria una ley de neutralidad, que impida por ejemplo que los funerales de Estado sean católicos, y una ley de lugares de culto, que acabe con las trabas que ponen numerosos ayuntamientos para la apertura de nuevos templos.

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