Caso Rumasa: los hijos de Ruiz-Mateos, al borde del banquillo de los acusados

El titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha concluido la investigación del caso Nueva Rumasa y ha dictado auto de transformación a procedimiento abreviado contra 15 personas. El proceso judicial sigue, por lo tanto, contra seis hijos de José María Ruiz-Mateos, contra el empresario valenciano Ángel de Cabo y contra ocho imputados más por delitos continuados contra la Hacienda Pública, estafa cualificada, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

Al tiempo que ordena seguir adelante contra estas 15 personas, el juez sobresee la causa respecto de otras seis —entre ellas, la viuda de Ruiz-Mateos, Teresa Rivero Sánchez— y da traslado de las actuaciones a las más de medio centenar de acusaciones personadas en la causa para que formulen escrito de acusación, sobreseimiento o la práctica de diligencias añadidas de carácter excepcional. Según indica De la Mata en el mismo auto, los responsables de Nueva Rumasa se lanzaron a captar fondos a través de agresivas campañas publicitarias que invitaban a la gente a invertir en las principales empresas cuando el grupo se encontraba prácticamente en situación de insolvencia. Pretendían así solventar el problema y embolsarse el dinero.

A cambio de la inversión que reclamaba, el grupo ofrecía intereses altos a la vez que ofrecía una imagen de solvencia empresarial que en ese momento era irreal. En concreto, el sistema ideado por Ruiz-Mateos, sus hijos y Manuel Sánchez Marín se basó en obtener préstamos de los inversores a cambio de entregarles pagarés que supuestamente garantizaban el pago de los intereses y que eran avalados por las sociedades de Nueva Rumasa más conocidas. Este mecanismo eludía en todo momento el control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ya que los imputados impusieron la condición de que los inversores debían entregar como mínimo 50.000 euros.

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De la Mata explica que, según los impulsores de la campaña, hubo al menos 4.110 personas que se lanzaron a invertir en el grupo un total de 337 millones de euros, de los cuales el juez ha podido encontrar certificados de entrada en las cuentas de Nueva Rumasa de algo más de 243 millones procedentes de las personas que adquirieron los derechos de los pagarés entre febrero de 2009 y el mismo mes de 2011.

Un total de 13 sociedades de Nueva Rumasa emitieron pagarés por importe de 385 millones de euros, de los que solo abonaron 96 cinco de esas mercantiles. Quedaron sin abonar, por lo tanto, 289 millones, según el auto del magistrado De la Mata, que indica también que los intereses derivados de los préstamos que tenía que asumir el grupo ascendían a casi 48 millones.

Al tiempo que transforma la investigación en procedimiento abreviado, el titular del Juzgado número 5 procede también contra 89 sociedades como responsables civiles y otras dos como partícipes a título lucrativo, dado que participaban de una gestión común dirigida a un mismo fin que, según el magistrado, funcionaba como una sola empresa a efectos financieros y de responsabilidad empresarial. Una red societaria que incluía mercantiles en el extranjero y el uso de testaferros “no tenía más finalidad —a juicio de De la Mata— que dotar a todo el entramado de un considerable grado de opacidad, estando bien claro en todo momento que el mismo pertenece en última instancia a la familia Ruiz-Mateos”.