Conflicto de atribuciones con Las cortes

El Gobierno lleva al próximo Consejo el recurso al TC para no paralizar la Lomce

Rajoy cumple su anuncio de recurrir ante el Constitucional cuando la oposición fuerce en el Congreso proyectos con aumentos de gasto y que vayan contra las competencias del Ejecutivo

Foto: El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, en la conferencia sectorial con los consejeros autonómicos. (EFE)
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, en la conferencia sectorial con los consejeros autonómicos. (EFE)

El Gobierno ya tiene preparados los acuerdos para plantear al Tribunal Constitucional que frene los proyectos de paralización de la Lomce y de equiparación salarial de los subcontratados por la Administración, que tramita el Congreso por iniciativa del PSOE. Ambos acuerdos para instar a la Abogacía del Estado a actuar a continuación ante el TC para plantear "conflicto de atribuciones" figuran en el índice rojo del próximo Consejo de Ministros, según ha sabido El Confidencial.

El Ejecutivo cumple así con su anuncio de recurrir ante el Constitucional en los casos en que la Cámara baja, donde no tiene mayoría ni acuerdos de legislatura, admita iniciativas legislativas de la oposición que vayan contra sus competencias. El gabinete ejerció en el Congreso su facultad constitucional de veto frente a proyectos legislativos que conllevan aumento de gasto o disminución de ingresos, pero la Mesa se lo saltó el pasado mes de octubre por acuerdo de la mayoría de sus miembros, al votar los dos diputados de Ciudadanos con los representantes del PSOE y Podemos.

Mientras el Ministerio de Educación busca un pacto de Estado sobre Educación, socialistas, podemitas e independentistas continúan en el Congreso con la tramitación de su proyecto para paralizar el calendario de aplicación de la Lomce. El Gobierno esgrime que es un paso que privaría al Estado de las ayudas por valor de 615 millones de euros acordadas con la Unión Europea para aplicar esos planes de mejora en materia educativa.

En el caso de la propuesta del PSOE para equiparar los salarios del personal de empresas subcontratadas por la Administración con los de las propias empresas estatales, la estimación del 'sobrecoste' que hace el Ministerio de Hacienda asciende a los 60 millones anuales.

Fótografos y cámaras de televisión, frente al edificio del Tribunal Constitucional. (EFE)
Fótografos y cámaras de televisión, frente al edificio del Tribunal Constitucional. (EFE)

Según fuentes del Ejecutivo, más allá de los 675 millones en juego para las arcas del Estado, las dos iniciativas de la oposición van contra sus facultades de veto y contra cualquier principio de estabilidad presupuestaria, "y más ahora en fase de prórroga de las cuentas del año anterior".

El plazo para recurrir esas decisiones del Congreso concluye el próximo día 21, motivo por el que los acuerdos ya están preparados para ser aprobados en el Consejo de Ministros de este viernes. El trámite consiste en autorizar a la Abogacía del Estado para que interponga los consiguientes "conflictos de atribuciones" con una semana de margen por delante. El Gobierno también podría dejar los acuerdos pendientes para su reunión del día 20 y dar solo 24 horas a la Abogacía para poner en marcha el recurso.

El Gobierno lleva al próximo Consejo el recurso al TC para no paralizar la Lomce

En medios gubernamentales, reconocen que aún falta por tomar la decisión de si piden o no al TC que la suspensión en el Congreso del proyecto legislativo de la oposición sea automática, o no especifican nada para que el Tribunal se tome su tiempo. El Constitucional tiene pendiente de resolver desde la anterior lagislatura (la fallida) otro "conflicto de atribuciones" entre el Congreso y el Ejecutivo que fue planteado por la Cámara (con Patxi López de presidente) ante la negativa del gabinete de Mariano Rajoy a someterse al control ordinario de la Cámara.

La Mesa del Congreso tiene este mismo mes pendiente de examinar otra iniciativa de los grupos de izquierda para rebajar lo que llaman "el IVA cultural" inmediatamente y sin tener en cuenta que modificaría los ingresos previstos en los Presupuestos prorrogados.

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