la embajada en londres, pendiente de la visita del Rey

El PP ve en el informe contra Trillo una maniobra para que no entre en el Consejo

Rajoy propuso al exministro la presidencia del Consejo de Estado cuando llegó al poder, pero Trillo no quiso ser 'aparcado' en el órgano consultivo del que es letrado desde 1979

Foto: Fotografía de archivo del exministro Federico Trillo. (EFE)
Fotografía de archivo del exministro Federico Trillo. (EFE)

Un informe del Consejo de Estado sobre las responsabilidades del Ministerio de Defensa en el accidente del Yak-42 (de 2003), intrascedente en términos judiciales, ha unido a la oposición (incluido Ciudadanos) para pedir la destitución de Federico Trillo de su puesto de embajador en Londres, cuando el exministro está ya de salida y justo con destino al Consejo de Estado. En medios del PP atribuyen esa 'casualidad' a una maniobra interna y preventiva de algún miembro socialista del órgano consultivo poco amigo del dirigente popular o temeroso de reecontrárselo de jefe.

Nada más llegar al poder en diciembre de 2011, Mariano Rajoy manejó la posibilidad de ofrecer a Trillo la presidencia del Consejo de Estado, pero al expresidente del Congreso (entre 1996 y 2000) no le gustó el destino y el jefe del Ejecutivo se decantó al final para ese cargo por el exministro José Manuel Romay Beccaría.

Federico Trillo ingresó en el cuerpo de letrados del máximo órgano consultivo del Gobierno en 1979 y lo dejó después para volcarse en la reconstrucción de Alianza Popular, reconvertida después en PP. No consideraba apropiado volver de presidente, cargo político, al órgano en que tiene plaza de funcionario. Rajoy le nombró embajador en Londres, destino que sí cumplía con sus aspiraciones. Quien quedó entonces mal fue el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, comprometido desde que llegó al departamento a no nombrar "embajadores políticos".

El PP ve en el informe contra Trillo una maniobra para que no entre en el Consejo

La difusión del citado dictamen, aprobado en el pasado 20 de octubre y desvelado ahora por 'El País', puede complicar el futuro político de Trillo, pero no el profesional, con el regreso a su plaza de letrado. En medios del Grupo Popular aseguran que su antiguo jefe tenía decidido pedir la reincorporación en cuanto volviera de Londres.

El exministro de Defensa espera el relevo desde hace nueve meses, como otros muchos embajadores a los que 'caducó' el mandato durante el periodo en que el Ejecutivo estuvo en funciones, desde el 21 de diciembre de 2015 hasta noviembre pasado.

La petición de cese de Trillo que plantean ahora el PSOE, Podemos, Ciudadanos y los grupos independentistas choca con el hecho de que reclaman unas responsabilidades ya depuradas en el ámbito judicial y hasta en el Tribunal Constitucional, según apuntan en fuentes del PP. Pero además se da la circunstancia de que Exteriores no tenía prisa alguna en relevar al embajador en Londres hasta que no se aclare la posibilidad de recuperar la visita de los Reyes al Reino Unido, que tuvo que ser aplazada en marzo del pasado año, precisamente porque el Gobierno estaba en funciones.

Fotografía de archivo del lugar del accidente del avión Yakolev 42. (EFE)
Fotografía de archivo del lugar del accidente del avión Yakolev 42. (EFE)

El órgano consultivo del Gobierno confirma en su informe la responsabilidad patrimonial del Estado en el accidente del Yak-42 que costó la vida a 62 militares españoles que regresaban de Afganistán en mayo de 2003. Iban en un vuelo contratado por la agencia Namsa de la OTAN y el Consejo de Estado estima que la Administración (Defensa) no fue diligente a la hora de verificar el fundamento de las quejas sobre el funcionamiento y la seguridad de esos vuelos. El mismo dictamen da por cumplidas las obligaciones de reparación económicas.

La oposición pide ahora a los titulares de Exteriores, Alfonso Dastis, y de Defensa, María Dolores de Cospedal, que den explicaciones en el Congreso sobre los sucesos del accidente del Yak-42, un caso de hace casi 14 años y cerrado en todas las instancias judiciales. La Audiencia Nacional condenó en 2009 al general Vicente Navarro y a dos oficiales por las identificaciones de los cadáveres que resultaron ser falsas, pero Navarro murió antes de cumplir condena.

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