El Defensor del Pueblo respalda la acusación por lesa humanidad contra los jefes de ETA

El informe elaborado por el Defensor del Pueblo sobre 'Los derechos de las víctimas de ETA' llegará a la Corte Federal argentina que investiga a los jefes de la banda terrorista por el delito de lesa humanidad. La asociación Dignidad y Justicia, que presentó la querella que dio origen a la causa instruida por el juez Rodolfo Canicoba, presentará ante el tribunal el mencionado estudio con el fin de mostrar lo que consideran una vía judicial señalada por el Defensor del Pueblo para seguir avanzando en el procedimiento.

El estudio del departamento dirigido por Soledad Becerril, de hecho, enmienda la plana al último auto de la Audiencia Nacional que se negó a remitir a la corte federal argentina información sobre las causas rastreadas en España alegando que lo que reclamaban desde el otro lado del Atlántico era cosa juzgada. "Esta causa, que comenzó a dar sus primeros pasos en marzo de 2016, primero deberá acreditar que los atentados de ETA han sido investigados y juzgados en España, nunca desde la perspectiva de la lesa humanidad", subraya sin embargo el informe, que contradice al alto tribunal español y añade que, "aclarado este hecho, llegará el momento de proceder contra los querellados, cuya extradición será previsiblemente solicitada para interrogarles en Argentina".

TE PUEDE INTERESAR

El extraño caso de la lesa humanidad de ETA: ¿realmente investiga la Audiencia Nacional?

Roberto R. Ballesteros

El Defensor del Pueblo recuerda que "la Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina anuló el pasado mes de marzo el archivo de la querella presentada por Dignidad y Justicia contra 22 miembros de Batasuna y 19 jefes de ETA por lesa humanidad". "Tras esta resolución, el juez tendrá que admitir y abrir un procedimiento contra todos ellos para investigarles como inductores y partícipes de los crímenes de la organización terrorista ETA", subraya el documento, que agrega que el juez Canicoba llevará a cabo estas diligencias "por el principio de justicia universal una vez constatado y acreditado que en España la investigación por lesa humanidad se limitó a los crímines perpetrados a partir del 4 de octubre de 2004, que es cuando se incorporaron estos delitos a la legislación española".

Esta línea que aventura el Defensor del Pueblo replica a la apuntada por el mencionado auto de la Audiencia Nacional, que argumentó que Argentina no podía seguir por ese camino debido a que ya se había recorrido en España, algo que rechaza frontalmente también Dignidad y Justicia, que critica también las nulas diligencias seguidas por el alto tribunal español durante el último año, en el que la Audiencia Nacional ni siquiera a comunicado a los cinco procesados su situación.

En concreto, la Audiencia Nacional respondió a la comisión rogatoria remitida por Argentina que los tribunales de Buenos Aires "carecen de jurisdicción" para investigar estos hechos "conforme a la legislación interna". "Nuestros tribunales han rechazado la calificación jurídica de estos hechos como delito de lesa humanidad, pero han investigado y enjuiciado de forma efectiva a cientos de individuos por su participación" en los asesinatos cometidos por ETA, argumentó el alto tribunal español.

El informe del Defensor del Pueblo contradice el auto de la AN que consideró la investigación de Argentina contra ETA por lesa humanidad como "cosa juzgada"

Y es que en paralelo a la investigación abierta en Argentina existe otra instrucción iniciada meses antes en la Audiencia Nacional. En concreto, tras la admisión a trámite ordenada en julio de 2015 por el juez Juan Pablo González -entonces al frente del Juzgado Central 3- de la querella interpuesta también por Dignidad y Justicia. El magistrado procesó a cinco jefes de ETA por el mencionado delito de lesa humanidad. Se trataba de José Antonio Urruticoechea Bengoechea 'Josu Ternera', Garikoitz Aspiazu Rubina 'Txeroki', Mikel Carrera Sarobe 'Ata', Aitxol Iriondo Yarza y Aitor Elizarán Aguilar.

El instructor los consideraba los máximos responsables de los asesinatos en masa cometidos por la banda terrorista desde octubre de 2004 -que fue cuando se incorporó el tipo penal a la legislación española- hasta la actualidad. Se trataba de una investigación pionera en España no solo por el hecho de acusar a los jefes de ETA de un delito tan grave, sino también por hacerlo a través de la teoría de hacer responsable de un asesinato no solo a quien aprieta el gatillo sino también a quien ordena el crimen.

"El juez consideró que los máximos dirigentes de la organización terrorista no solo tuvieron conocimiento de la planificación de los atentados antes de que se cometieran, sino que impartieron a sus autores materiales las instrucciones para que los ejecutaran y eludieron intervenir para frenarlos", explica el Defensor del Pueblo en el citado informe. "Estos actos en modo alguno pudieron ser ejecutados sin que los autores materiales recibieran órdenes concretas y precisas de los máximos dirigentes", argumentó el auto del juez González que procesó a los cinco jefes de ETA mencionados en octubre de 2015.

Sin embargo, la causa ha avanzado a trompicones en la Audiencia Nacional tras el mencionado procesamiento. El juez González fue sustituido por la magistrada Carmen Lamela al frente del Juzgado número 3. La nueva inquilina, sin embargo, no tenía las mismas ganas de impulsar la causa contra ETA que su antecesor y sus hechos lo fueron demostrando. Nada más llegar a su nuevo despacho, protagonizó uno de los episodios más rocambolescos vividos en la Audiencia Nacional. Uno de los procesados, Aitor Elizarán, cumplía su condena en Francia, por lo que las autoridades galas decidieron enviarlo a Madrid. Sin embargo, y a pesar de que el juez de enlace con Francia Javier Gómez Bermúdez avisó de su llegada, ningún miembro de las fuerzas de seguridad le esperaba en el aeropuerto Adolfo Suárez.

La Fiscalía pidió su detención cuando Dignidad y Justicia lo solicitó, pero el dirigente etarra ya había desaparecido. La cambiante posición del Ministerio Público, que luego dijo que en realidad no había motivos para arrestar al etarra, y unas extrañas conversaciones entre la letrada del procesado y la Audiencia Nacional enturbiaron aún más el asunto, que derivó en una serie de recursos de los querellantes que aún no han sido ni resueltos por la jueza Lamela.

Luego la magistrada decidió trocear el procedimiento y repartir la causa en diferentes juzgados de la Audiencia Nacional que habían investigado asuntos relacionados con los cinco procesados. Argumentó la titular del Juzgado número 3 que de esta forma se evitarían "retrasos injustificados" y se aceleraría la instrucción. Sin embargo, desde que Lamela tomó esa decisión, la causa ha permanecido paralizada. Ninguno de los jueces que se repartieron el procedimiento ha tomado decisión alguna en relación con la investigación más allá de la que tomó la propia Lamela de excluir de la causa a Elizarán porque algunos informes le sitúan como número dos de la banda, y no como máximo responsable, resolución recurrida por los querellantes, que entienden que lo importante no es que fuera el jefe, sino que estuviera en la cúpula, en el órgano que dictaminó asesinar.

Pero no es solo que los jueces responsables no hayan tomado decisión alguna, sino que la propia Lamela ha seguido pronunciándose sobre determinados extremos de la causa a pesar de haberse inhibido de la mayoría de ellos. En concreto, sobre el mencionado levantamiento del procesamiento a Elizarán. La jueza lo ordenó el pasado 20 de abril, 19 días después de que la Sala de lo Penal confirmara la inhibición que antes había acordado la propia Lamela a favor de los juzgados 1, 4 y 6, que únicamente dejaba a la magistrada la competencia para investigar el asesinato de Isaías Carrasco cometido el 7 de marzo de 2008. Quedaba al margen de sus atribuciones, por lo tanto, la actuación de Elizarán, que se sitúa en la cúpula de ETA únicamente desde mayo de 2008 hasta octubre de 2009, cuando es detenido. Esta supuesta falta de competencia seguirá peleándola jurídicamente Dignidad y Justicia, que prepara ya acciones legales en ese sentido.