Los jueces ignoran a Ignacio González y ordenan rastrear sus cuentas por el ático

La Audiencia Provincial de Málaga ha echado por tierra todos los argumentos esgrimidos por el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, para limitar la investigación impulsada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, que investiga la adquisición por parte de González y de su mujer, Lourdes Cavero, de un ático de lujo en 2012 en la Costa del Sol. La magistrada Isabel Conejo ordenó una serie de diligencias a principios del presente año que pretendían determinar de dónde provenía el dinero que pagó el exjefe del Ejecutivo madrileño y a qué manos llegó y el principal imputado recurrió su pertinencia alegando que eran demasiado intrusivas.

La Audiencia Provincial resuelve, por lo tanto, que sigan adelante pesquisas como la de comprobar el patrimonio de la pareja investigada a través del análisis de los movimientos bancarios de González, su mujer y la mercantil Coast Investors en las entidades financieras Caixabank, Barclays, Bankia, Santander y Banco Popular con el fin de conocer su patrimonio y determinar su capacidad económica para establecer cómo se produjo el alquiler, primero, y la compra, después, del polémico inmueble. La Audiencia Provincial considera que esta pesquisa es "proporcionada" en relación a los delitos contra la Hacienda pública, de blanqueo de capitales y de cohecho investigados en la causa.

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Según el tribunal, se trata de una diligencia incluso "necesaria" para "acreditar la capacidad adquisitiva para el bien, el pago del mismo y el origen del dinero". Niega la resolución de la sala que se trate de una "investigación abstracta", como alegaba la defensa de González, "ni previa al hecho que da origen a la instrucción". Al contrario, asegura que "tiende a establecer el contenido del mismo". Además, añade, "es lógico, natural y necesario" encomendar a la Policía la ejecución de las mencionadas diligencias, extremo que también había sido cuestionado por el imputado.

Argumenta también la necesidad de llevar a cabo comisiones rogatorias a otros países, decisión puesta en duda por los recurrentes, porque la investigación se centra también en la entidad Walfort Overseas, una mercantil registrada en el estado norteamericano de Delaware con "conexiones en Panamá", lo cual "debe ser objeto de análisis, "pues se trata de esclarecer cómo se produce el alquiler y la posterior venta del inmueble objeto de la causa", para lo cual "es necesario conocer la capacidad económica de los investigados" y conocer su relación con el piso en cada momento, algo que se consigue también averiguando "las actuaciones" de la sociedad rastreada tanto en Estados Unidos como en Centroamérica.

La Audiencia de Málaga avala también la instrucción del Juzgado número 5 de Estepona de tomar declaración a los dos responsables policiales que iniciaron la investigación y niega a la defensa de González su pretensión de limitar el traslado a las partes personadas en la causa de datos personales que no conformen el núcleo de las diligencias. Para el tribunal "no procede" aceptar esta última reclamación del expresidente madrileño porque ya hay un principio jurídico que establece que "todo aquello que es irrelevante para la causa no tiene trascendencia en ella ni es objeto de uso en la misma y su utilización para otro fin no está permitida legalmente".

En la misma línea, la sala desestima los argumentos de los imputados que pretendían anular la causa y recuerda que la investigación "no es genérica —se refiere a actos específicos—, no es prospectiva —sino basada en hechos acontecidos antes de la investigación judicial—, no es desproporcionada —atendiendo al mal presuntamente ocasionado— y está centrada de forma temporal, desde abril de 2008 a diciembre de 2013, desde la adquisición del bien por la compañía hasta el año después de la venta de los apelantes".

Opinión

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Además de a González y a Cavero, la jueza Conejo también ha imputado al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en el marco de esta causa. Los tres comparecieron ante la magistrada el pasado 18 de abril en calidad de investigados después de que la propia instructora, instada por la Fiscalía, considerara que había pruebas suficientes para acusarles de cohecho y blanqueo de capitales. Según el Ministerio Público, era "pertinente continuar con la investigación" a la luz de las últimas "grabaciones de ciertas conversaciones" aportadas al procedimiento.

Se refería Anticorrupción a la grabación que realizó el comisario José Villarejo —quien reveló que había sospechas sobre el ático desde 2011— durante una conversación que mantuvo en una cafetería en noviembre de 2011 con González. El propio policía admitió, el pasado 1 de febrero ante el juzgado, que registró el encuentro en un dispositivo electrónico "por interés policial", y que luego entregó el contenido a su superior jerárquico, el director adjunto de la Policía, que entonces era el ya fallecido Miguel Ángel Fernández-Chico. Villarejo también explicó que cuando Fernández-Chico fue sustituido por Eugenio Pino, este le pidió explicaciones por el tema y él le entregó una nota en la que decía que González "lo que quería era que se parara todo".