Una fotocopiadora rota paraliza la tramitación del informe clave del caso Rato

La jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García-Valdecasas, ya ha respondido al titular del Juzgado número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que amenazó el pasado noviembre con apercibirla por desobediencia si no entregaba de forma inminente el informe final de conclusiones elaborado por el organismo. El documento, pieza clave en la instrucción, debería incluir las cantidades defraudadas presuntamente por el exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato, principal investigado en la causa, y resulta determinante para que sigan avanzando las pesquisas relativas a la pieza separada que indaga las relaciones entre el imputado y Telefónica y Lazard.

Aunque con retraso —porque Serrano-Arnal dio 10 días a García-Valdecasas para que contestara y la respuesta se ha producido más de un mes después—, el ultimátum del juez ha dado el resultado esperado por el magistrado, que ya tiene sobre su mesa el documento que previsiblemente servirá de base para encarrilar una instrucción que se ha mantenido secreta en todo momento. Sin embargo, un llamativo aunque no menor obstáculo se ha interpuesto en el trabajo rutinario del Juzgado número 31: la fotocopia no funciona. Desde hace varias semanas, el magistrado ha remitido numerosos requerimientos a la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid con el fin de que esta arregle la máquina, pero el departamento ha hecho caso omiso a las quejas y ni siquiera ha respondido.

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El juzgado no puede, por lo tanto, hacer copias del informe clave del caso Rato para remitírselas a las partes personadas en la causa. En estos momentos, ni la propia Fiscalía dispone del documento, que determinará presumiblemente el devenir de la instrucción, y seguirá sin poder acceder al mismo hasta que el Gobierno regional decida reponer la fotocopiadora, que desde hace tiempo no es utilizada por ningún funcionario del juzgado porque está completamente averiada.

En concreto, el informe presentado por la jefa de la ONIF hace referencia a una de las piezas separadas del caso Rato, la que tiene que ver con la investigación fiscal que sigue el juzgado sobre las relaciones comerciales y financieras entre el exgerente del FMI y las mercantiles Telefónica y Lazard. Sin embargo, no es el único retraso en que ha incurrido la oficina de investigación del fraude a lo largo de la instrucción que indaga el patrimonio del exministro.

En julio y en septiembre de 2015, el juez ya recordó a la ONIF que tenía la obligación de entregar el informe urgentemente, pero el organismo se excusó y dijo que antes debía analizar la documentación incautada por los agentes de la Agencia Tributaria en el domicilio y el despacho de Rato. En octubre del mismo año, el departamento dirigido por García-Valdecasas por fin entregó varios avances del informe, pero el juez exigió el documento definitivo. El pasado agosto, cansado de esperar, volvió a reclamar el documento e insistió expresamente en que este debía incluir las cantidades concretas defraudadas por el exvicepresidente.

Un escrito de la ONIF ante la Fiscalía, de hecho, originó en abril de 2015 la apertura de una investigación contra Rato. El ministerio público lo puso en conocimiento de los juzgados de plaza de Castilla y el magistrado Enrique de la Hoz, que entonces estaba de guardia, ordenó el 16 de abril la detención del exvicepresidente del Gobierno, acusado de blanqueo, fraude fiscal y alzamiento de bienes, así como el registro de su domicilio y su despacho.

Antes de esa intervención policial, dirigida por agentes de la Agencia Tributaria por orden del mencionado juez De la Hoz, Rato recurrió al despacho afincado en Panamá Mossack Fonseca para borrar el rastro del patrimonio que ocultaba en el exterior y que acabó llevándole ante los tribunales. Según documentos a los que tuvo acceso El Confidencial, el bufete de Gibraltar que gestionaba las sociedades de Rato en el extranjero —Finsbury Trust & Corporate Services Limited— contrató a Mossack Fonseca en 2013 para liquidar Westcastle Corporation y Red Rose Financial Enterprises, las sociedades 'offshore' que utilizó durante más de dos décadas el exvicepresidente del Gobierno.