El PSOE se alinea con el PNV para tumbar la reforma del TC que suspendería a Forcadell

El Partido Popular va probando semana tras semana la medicina de su minoría parlamentaria. Este martes no será una excepción. Claro que en este caso la derrota en el pleno del Congreso viene acompañada de polémica, por tratarse de un tema tan sensible como Cataluña. Los socialistas, salvo marcha atrás de última hora, apoyarán en el pleno que se tramite la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que plantea el PNV, que pretende que se castigue con multa y no con suspensión de sus cargos a quienes incumplan sus resoluciones. Dicho de otra forma, con el respaldo del PSOE a la proposición de ley de los nacionalistas vascos, que será secundado por otros grupos, se revertirá una de las modificaciones más controvertidas introducidas en el último aliento de la legislatura de mayoría absoluta del PP, antes de la disolución de las Cortes para las elecciones del 20 de diciembre de 2015.

El Gobierno de Mariano Rajoy impuso el cambio legal sin consenso con el resto de grupos, y en concreto con la oposición del PSOE. En solitario. Con su reforma ultrarrápida de la LOTC, abría la posibilidad de que el alto tribunal procediese a suspender temporalmente de sus funciones a las autoridades o funcionarios responsables del incumplimiento. Una redacción que podría aplicarse a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Hasta ahora, el TC no ha acordado la suspensión de ningún cargo ni ha ejercido las nuevas competencias que le atribuye la ley aprobada en 2015, a raíz de las decisiones que ha ido adoptando la Cámara catalana para proseguir con la hoja de ruta de desconexión con España. No obstante, el tribunal de garantías sí trasladó al fiscal la petición de que investigue a Forcadell por haber incumplido sus resoluciones, una iniciativa que sí ha derivado en su imputación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por posible desobediencia y prevaricación, delitos por los que prestó declaración la semana pasada. Es decir, que aún no ha echado mano de las herramientas que le provee la ley 15/2015. Pero sí ha validado la constitucionalidad de la norma: lo hizo el pasado 3 de noviembre, aunque tres magistrados progresistas (Adela Asua, Fernando Valdés Dal-Ré y Juan Antonio Xiol) presentaron sendos votos particulares.

El tribunal aún no ha hecho uso del mecanismo que le entregó el PP. Sí validó la constitucionalidad de la ley, el mes pasado, aunque con tres votos particulares

Al pleno de esta tarde llegan dos textos similares, pero no idénticos. Uno, del PNV [aquí en PDF], y otro del Partit Demòcrata Català (PDeCAT, la antigua Convergència). El de los nacionalistas vascos plantea tumbar la reforma de 2015 impulsada por Rajoy y propone sustituir la suspensión de funciones por "multas coercitivas de 600 a 3.000 euros" a los que incumplan los requerimientos del TC. La iniciativa también pretende derogar el cambio aprobado inmediatamente antes, el de la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía, que sí pactaron PP y PSOE. La proposición de ley del PDeCAT [aquí en PDF] promueve la derogación total de la ley 15/2015, sin más matices, porque entiende que aquella modificación exprés y unilateral es "prácticamente una reforma encubierta de la Constitución".

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Son sus socios en Euskadi

Los socialistas votarán a favor de la toma en consideración de la propuesta del PNV porque, aseguran, se ajusta más, y se abstendrán en la de la antigua Convergència. Es decir, que solo tendrá posibilidades de arrancar su tramitación la impulsada por los nacionalistas vascos, socios de gobierno en Euskadi, porque también la respaldarán, previsiblemente, Unidos Podemos, igual que ERC y PDeCAT. El PP está abocado a perder la votación, aun con el auxilio de Ciudadanos, que ya ha advertido de que rechazará la derogación de la ley de 2015.

El PSOE esgrime que ya en 2015 se opuso a la tramitación de una reforma "innecesaria" y que no quiere que el TC se convierta en un tribunal penal

El PP se mostró ayer "muy sorprendido" de que el PSOE hubiera decidido apoyar el texto del PNV. "Es un gravísimo error. Espero que no lo hagan", manifestó el portavoz popular, Rafa Hernando, en declaraciones a Europa Press. Pero la dirección socialista esgrime que no hay lugar para la estupefacción, porque ya en 2015 —con Pedro Sánchez como secretario general— se opuso al articulado diseñado por el Ejecutivo, y votó en contra durante su corta tramitación. "Se trata de volver a la ley anterior. El TC no ha utilizado en este año el recurso de suspensión a cargos públicos. Simplemente ha remitido el caso a la Fiscalía, para que investigue y se aborden los incumplimientos de las autoridades catalanas por la vía penal. Ya dijimos en su momento que la reforma era innecesaria. El TC está para interpretar la Constitución, no para convertirse en un tribunal penal", argumentan en la cúpula parlamentaria.

Fuentes próximas al presidente-portavoz socialista, Antonio Hernando, precisan además que el partido solo da el visto bueno al arranque de la tramitación de la proposición del PNV, aunque hay puntos que no comparte y que enmendará durante el paso por las Cámaras. El PSOE, por ejemplo, sigue estando de acuerdo con la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para los casos de los estatutos de autonomía, que prevé que el TC pueda emitir un dictamen antes de que el texto pase la prueba del referéndum. Lo que los grandes partidos pactaron en 2015 era evitar que se reprodujera lo que ocurrió con el Estatut: aprobado por las Cortes y validado por los catalanes en 2006 y declarado parcialmente contrario a la Carta Magna en una sentencia de 2010.

Tras la paralización del referéndum

Pero el PSOE sí coincide con el PNV en que el tribunal de garantías no puede proceder a la suspensión de cargos públicos, y cree que en todo caso la desobediencia sí puede tener cierto reproche, pero sancionable únicamente por multa.

El PSOE no comparte la derogación del recurso previo de inconstitucionalidad, que pactó con el PNV. Se abstendrá en la proposición de ley del PDeCAT

En concreto, el texto de los nacionalistas vascos apunta que se podrán aplicar sanciones de 600 a 3.000 euros "a cualquier persona, investida o no de poder público, que incumpla los requerimientos del tribunal dentro de los plazos señalados y reiterar estas multas hasta el total cumplimiento de los interesados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que hubiera lugar". Los límites de la cuantía, dice la propuesta, podrán ser revisados "en todo momento" mediante una ley ordinaria.

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Antonio Fernández. Barcelona

El debate de esta tarde tiene lugar apenas una semana después de que el TC, a instancias del Gobierno —por medio de un incidente de ejecución de sentencia interpuesto por la Abogacía del Estado— paralizara el acuerdo del Parlament que abre la puerta a la convocatoria de un referéndum independentista en septiembre de 2017. En su resolución, el alto tribunal volvió a advertir a sus impulsores —aviso directo a Forcadell e incluso al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont— de las posibles consecuencias, incluso penales, de su incumplimiento.

Otra previsible derrota: la regulación de los trabajadores subcontratados

Este martes el pleno del Congreso también discute otra proposición de ley que muy probablemente computará como tanto de la oposición. Su autor es el Grupo Socialista y pretende igualar las condiciones de los trabajadores subcontratados respecto a los de la empresa principal. Ayer lunes, el portavoz de Empleo en la Cámara Baja, Rafa Simancas, se mostraba "convencido" de que solo el PP se opondría a la tramitación de la iniciativa, informa Europa Press. 

El texto busca la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para que se garantice que "a igual trabajo, igual salario". El pasado viernes, en un encuentro informal con periodistas, el portavoz del grupo, Antonio Hernando, afirmó que dar seguridad jurídica a los subcontratados es de "máxima prioridad" porque "ahí está el núcleo de la precariedad".  "Vamos a atacar el corazón de la precariedad laboral que cada vez afecta a más sectores, no sólo a la hostelería", remarcó. Hernando explicó que este es el primer paso de una estrategia que estudia el PSOE para "ir atacando" la reforma laboral del PP por partes.

Ya la semana pasada el pleno del Congreso aprobó una proposición no de ley del PSOE para tumbar la reforma del mercado de trabajo introducida por el PP en 2012, pero aquel texto tenía valor meramente político. La iniciativa de los socialistas de este martes, si se toma en consideración, supondrá que comenzará a tramitarse en la Cámara.