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La UDEF entierra la operación Parqué contra la CNMV al no detectar indicios de cohecho
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LA INVESTIGACIÓN ARRANCÓ EN JUNIO DE 2015

La UDEF entierra la operación Parqué contra la CNMV al no detectar indicios de cohecho

Los expertos en delitos económicos de la Policía no han detectado que los directivos del supervisor señalados por los denunciantes obtuvieran beneficios o dádivas por las resoluciones bajo sospecha

Foto: La sede de la CNMV. (EFE)
La sede de la CNMV. (EFE)

La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre las presuntas irregularidades cometidas por altos directivos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está al borde del archivo. Los agentes encargados del caso no han podido confirmar que los sospechosos recibieran algún tipo de contraprestación a cambio de dictar las resoluciones supuestamente injustas que motivaron la apertura de la llamada operación Parqué, en junio de 2015. A juicio de los investigadores, existen motivos para cuestionar la rectitud de las decisiones denunciadas por presuntas víctimas de la trama pero, sin la existencia de cohecho u otros delitos, esas discrepancias quedarían únicamente circunscritas al ámbito administrativo.

La atención de los investigadores se había centrado en los últimos meses en seguir el rastro de los fondos que una de las denunciantes, Sara Pérez Frutos, propietaria de Dracon Partners, aseguró haber entregado a una colaboradora antes de que la CNMV le retirara en 2012 la licencia necesaria para poder seguir operando en España. Según fuentes próximas al caso preguntadas por El Confidencial, Pérez Frutos manifestó a la UDEF que estaba convencida de que ese dinero terminó en las cuentas de los altos cargos del regulador bursátil que participaron en el expediente que desembocó en la pérdida de su licencia.

Como reveló este diario, los agentes situaron el foco sobre el exdirector general de Entidades de la CNMV Antonio Carrascosa, actual consejero ejecutivo del Mecanismo Único de Resolución (MUR) del Banco Central Europeo (BCE), el director del Departamento de Autorización y Registro de Entidades del supervisor, Antonio Moreno, y otros dos directivos de menor rango que responden a las iniciales J. A. y M. G. Otro quinto investigado cuya identidad no ha trascendido completa la lista de sospechosos.

A la denuncia de Pérez Frutos se sumó desde el principio la de otro supuesto perjudicado, Guillermo Menéndez, máximo responsable de la gestora Vetusta Wealth Managers, que también perdió la licencia en 2007. Al igual que la propietaria de Dracon Partners, Menéndez declaró ante la Policía que esa resolución fue injusta y culpó a la cúpula del regulador bursátil de haberla adoptado por intereses espurios. Finalmente, con el caso ya abierto, solicitó incorporarse al procedimiento un tercer denunciante, José María Castillejo Oriol, antiguo presidente de Zinkia, que acusó a la CNMV de haberle perjudicado en el enfrentamiento que mantiene con el empresario mexicano Miguel Valladares por el control de la compañía.

Foto: Sede de la CNMV. (EFE)

Año y medio después del inicio de las actuaciones, las sospechas no han podido ser confirmadas. Según las fuentes consultadas por El Confidencial, la UDEF no ha hallado ningún indicio que permita sostener, aunque sea de forma preliminar, que los directivos de la CNMV que participaron en los dictámenes bajo sospecha recibieron algún tipo de dádiva o compensación por retirar las licencias. Los agentes han acreditado que los fondos que entregó la propietaria de Dracon Partners a una colaboradora nunca fueron transferidos a terceras personas, y también han concluido que ninguno de los altos cargos del regulador que han sido investigados sufrió variaciones injustificadas en su patrimonio. El trabajo ha sido laborioso y ha requerido meses, por los elevados conocimientos financieros de los sospechosos. Pero las pesquisas han finalizado sin acreditar la existencia de un delito de cohecho.

La UDEF tenía de plazo hasta este mes para presentar su informe definitivo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó la apertura de diligencias en junio de 2015, al apreciar que los hechos relatados de Dracon Partners y Vetusta afectaban a la integridad de un órgano de la relevancia de la CNMV. Los agentes se encontraron pronto con el testimonio de una funcionaria del supervisor que reforzó la tesis de los denunciantes, al asegurar que había sufrido presiones de sus superiores para que abandonara los expedientes que se saldaron con la pérdida de las licencias. Sin embargo, el pasado junio, ante la ausencia de pruebas de cohecho, la Fiscalía concedió una última prórroga de seis meses a la UDEF para que se centrara en confirmar la concurrencia de ese delito. La ausencia de indicios incriminatorios encamina ahora el caso hacia el archivo.

La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre las presuntas irregularidades cometidas por altos directivos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está al borde del archivo. Los agentes encargados del caso no han podido confirmar que los sospechosos recibieran algún tipo de contraprestación a cambio de dictar las resoluciones supuestamente injustas que motivaron la apertura de la llamada operación Parqué, en junio de 2015. A juicio de los investigadores, existen motivos para cuestionar la rectitud de las decisiones denunciadas por presuntas víctimas de la trama pero, sin la existencia de cohecho u otros delitos, esas discrepancias quedarían únicamente circunscritas al ámbito administrativo.

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