La crisis del PSOE le deja sin fondos: el 20-D gastó un 28% menos que el PP

La crisis sin precedentes que atraviesa el PSOE está teniendo consecuencias directas en su capacidad de gasto. Ferraz sólo pudo invertir 8,7 millones de euros en promocionar la candidatura que encabezó Pedro Sánchez en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, un 31,4% menos de lo que desembolsó en los comicios de 2011 y un 28% menos de lo que dedicó su principal rival, el Partido Popular. Esa es una de las principales conclusiones que se desprenden del informe del Tribunal de Cuentas sobre los fondos que destinaron las formaciones en la penúltima convocatoria, al que ha tenido acceso El Confidencial. Los datos de la cita del 26 de junio aún se están analizando.

Según el documento, los recursos que manejó el PSOE en la campaña de 2015 procedieron íntegramente de créditos concedidos por entidades financieras en concepto de adelanto de las subvenciones públicas para financiar las elecciones. La formación no recibió aportaciones privadas ni tampoco pudo utilizar recursos propios para promocionar su lista. Su federación catalana también está experimentando los efectos de su hundimiento electoral. Los 1,8 millones que pudo gastar en 2011 se convirtieron el 20-D en sólo 1.083.807 euros, un 44,4% menos.

Los 8,7 millones del PSOE contrastan con los 12,1 millones que gastó el PP para difundir la candidatura de Mariano Rajoy. El grueso de su presupuesto salió de créditos de los bancos en concepto de adelanto de las subvenciones públicas, en concreto, 10,7 millones de euros. Pero Génova también dedicó otros dos millones de euros que tenía en su caja para completar el presupuesto de la campaña. Con todo, su gasto el 20-D supone un 12,4% menos de lo que dedicó a las elecciones generales de 2011 que ganó por mayoría absoluta. En concreto, en aquella edición declaró 13,8 millones de euros.

Las cuentas de Podemos y Ciudadanos

Las elecciones de 2015 también fueron las primeras generales para Podemos y Ciudadanos. La formación liderada por Pablo Iglesias declaró un gasto en la campaña de 2.223.842 euros. El 100% de esos fondos procedieron de la caja del partido, en concreto, de “operaciones de endeudamiento por concesión de microcréditos para financiar la campaña”. El Tribunal de Cuentas advierte de que el dinero llegó a una cuenta bancaria diferente de la comunicada a la Junta Electoral Central y a las Juntas proviciales. Posteriormente, los fondos fueron trasnferidos a esos depósitos.

A ese presupuesto hay que sumar el gasto realizado por las formaciones que concurrieron a los comicios del 20-D en coalición con Podemos. En concreto, En Marea declaró un desembolso en la campaña de 142.000 euros; En Comú Podem, de 229.000 euros; y Compromís, de 338.000 euros. En total, las diferentes listas que lideró a nivel nacional Iglesias destinaron a la promoción de sus candidaturas un total de 2,9 millones de euros.

El otro partido que debutó en las generales de 2015, Ciudadanos, declaró un gasto superior, 3,4 millones de euros, a pesar de que logró la mitad de diputados que Podemos y sus coaliciones. Es la única de las cuatro formaciones que utilizó dinero aportado por personas físicas o jurídicas para difundir la candidatura de Albert Rivera. En concreto, aseguró haber recibido donaciones por importe de 30.360 euros. Otros 31.600 euros tuvieron su origen en la caja de la formación. El resto procedió de créditos concedidos por entidades bancarias en concepto de adelanto de subvenciones electorales.

Los gastos de la sede naranja

El Tribunal de Cuentas denuncia que Ciudadanos computó como gastos electorales facturas por valor de 387.667 euros que, en realidad, se correspondían con gastos ordinarios. De la auditoría del órgano fiscalizador se desprende que el partido naranja introdujo en sus gastos de campaña los costes de mantenimiento de su sede principal en Madrid. A pesar de las alegaciones, el Tribunal ha concluido que esos gastos “no son susceptibles de ser financiados con gastos electorales”.

En total, los partidos políticos destinaron a la campaña del 20-D un total de 57,7 millones de euros, cinco millones menos de lo que declararon en los comicios de cuatro años antes, cuando presentaron ante el órgano fiscalizador facturas por valor de 62,7 millones de euros. Sólo 47.336 euros tuvieron su origen en donaciones privados. La mayor parte del presupuesto de 2015, 33,9 millones de euros, procedieron de créditos de entidades bancarias.

Entre las recomendaciones, el órgano de fiscalización plantea la necesidad de regular nuevas fórmulas de financiación de los partidos como las “operaciones de endeudamiento por concesión de microcréditos”. También aconseja evaluar la “eficiencia material y económica” de seguir enviando publicidad y papeletas a los electores mediante correos postales en lugar de implantar otros métodos sistemas de comunicación, como correos electrónicos o intercambio de información a través de redes sociales, que permitirían “la reducción de los fondos públicos destinados a financiación” de las campañas. En todo caso, el Tribunal reclama que, en el futuro, se justifiquen los envíos realizados en cada circunscripción. Hasta ahora, los partidos reciben una subvención fija por elector para remitir propaganda y no tienen la obligación de demostrar después que los envíos efectivamente se han realizado.

Para ahorrar también en gasto público, la institución de control recomienda que las subvenciones a los partidos se asignen en función del número de electores a los que se dirige cada uno de ellos y no teniendo en cuenta “el número de habitantes de las poblaciones” en la que cada formación presenta candidatura. Asimismo, considera imprescindible que la regulación electoral establezca con mayor claridad los “conceptos, la justificación y la imputación” de los gastos electorales.