El Tribunal Superior de Madrid ordena a Interior pagar más a los CSI españoles

Alrededor de 200 funcionarios de la Policía Nacional podrían estar cobrando por debajo de lo que les corresponde. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado al Ministerio del Interior abonar el complemento específico singular y general a un agente de la escala básica del cuerpo, que estaba en posesión del título de técnico superior de Laboratorio pero que no cobraba como tal, al ocupar formalmente el cargo de auxiliar analista en el Departamento de Biología y ADN de la Comisaría General de Policía Científica.

La resolución argumenta que el demandante "ha acreditado" que realiza "funciones propias de su titulación (...), del personal técnico, consistentes en elaborar procedimientos específicos, de calibración, verificación y mantenimiento de equipos, realizar actividades de control de calidad de los ensayos, organizar operaciones de calibración de equipos y materias (...), firmar informes de resultados con autorización, verificar y evaluar los resultados y manejar y trasladar vestigios". Todas estas tareas, agrega, son características del personal técnico, que recibe pluses que no percibe el auxiliar analista.

"Pese al concreto desempeño de estas funciones, la administración demandada le deniega las retribuciones complementarias pretendidas, aduciendo que el recurrente viene recibiendo las inherentes a los puestos de trabajo a los que estuvo formalmente adscrito, auxiliar analista", recuerda la Sección Séptima de lo Contencioso del TSJM, que enmienda la plana al Ministerio del Interior. "Esta sala, sin embargo —reza la sentencia—, no puede compartir la tesis desestimatoria que propugna la administración demandada, pues quedando acreditado que el recurrente (...) viene realizando funciones propias del personal técnico que para su desempeño precisa la titulación superior que ostenta con la aquiescencia y nombramiento" por parte del departamento dirigido ahora por Juan Ignacio Zoido.

El alto tribunal madrileño ordena equiparar de este modo los ingresos que recibe este policía vía complementos con los que se embolsan los técnicos que realizan sus mismas tareas en el laboratorio. "Denegar las retribuciones complementarias que reclama supondría, sin duda, un enriquecimiento injusto para la administración, que se vería beneficiada por el desempeño de unas funciones determinadas sin que en contrapartida tuviera que abonarlas", señala la resolución, la primera que emite el Tribunal Superior de Justicia en relación al aluvión de denuncias presentadas en el mismo sentido por funcionarios que se encuentran en situación similar en la Policía Científica.

En concreto, medio centenar de empleados de este último departamento de la Policía Nacional han denunciado haber estado realizando funciones propias del personal técnico sin cobrar el complemento correspondiente a este último cuerpo de la Administración. Todas ellas están siendo tramitadas por el mismo tribunal e interpuestas por el abogado Antonio Suárez Valdés, que considera este primer fallo un punto importante para cambiar las condiciones laborales de decenas de funcionarios de la Policía Nacional que venían cobrando menos pluses de los que les correspondían.

Todos ellos tendrían derecho, en caso de extenderse la mencionada resolución a los 49 procedimientos restantes, a los complementos propios de los técnicos, a pesar de no tener su categoría profesional. "En sus retribuciones complementarias debe incluirse sin distinción el complemento específico con sus componentes singular y general, aunque el segundo de estos se fije en función de la categoría, grupo o escala a que pertenezca el funcionario, pues no es esta razón sino el carácter del concepto el que da derecho a su percibo", aclara el TSJM, que recuerda las diferentes sentencias que en el mismo sentido han emitido otros tribunales superiores.

"Se tiene derecho a cobrar este complemento por estar asignado a un puesto de trabajo, aunque su cuantía se fije en función de la categoría del funcionario", subraya la resolución, que podría afectar a la situación laboral no solo del medio centenar de policías que han demandado lo mismo, sino a los más de 200 miembros del cuerpo que por toda España se encuentran ante igual panorama en los diferentes laboratorios de la Policía Nacional.

Durante los últimos años, los laboratorios de análisis de restos de ADN y huellas dactilares de la Policía y de la Guardia Civil han experimentado un notable crecimiento, paralelo a una progresiva carga de trabajo. Esta apuesta del Ministerio del Interior por los departamentos especializados ha permitido esclarecer, como destacó el anterior secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, casos como el del pederasta de Ciudad Lineal o el de la niña Eva Blanco.