Ciudadanos prioriza la reforma de la Justicia y el Impuesto de Sociedades en los PGE

Ciudadanos sigue esperando el inicio formal de la negociación de los presupuestos de 2017. Aunque se han producido los primeros contactos en distintas áreas sobre cuestiones muy generales, los miembros del equipo desginado por la formación de centro -los economistas Luis Garicano, Antonio Roldán y Francisco de la Torre- junto a la portavoz adjunta Melisa Rodríguez y el vicesecretario del partido José Manuel Villegas- esperan comenzar conversaciones específicas esta semana. Todo depende, según explican en el partido naranja, de que el Gobierno fije por fin el techo de gasto. Aunque Ciudadanos no piensa poner lineas rojas hasta conocer una propuesta formal, sus prioridades están puestas en una reforma fiscal que permita recaudar más por el Impuesto de Sociedades y en la profunda reforma de la Justicia pactada con el PP en el acuerdo de investidura.

El plan de los de centro pasa por plasmar en las cuentas públicas el pacto de 150 reformas acordadas en agosto a cambio de que Mariano Rajoy saliera reelegido presidente del Gobierno. La cuestión es cuántos de esos puntos podrán verse incluidos en los presupuestos del próximo ejercicio. Según explican fuentes de Ciudadanos el bloque relativo a "modernizar y mejorar la eficiencia de la Justicia" será una de sus primacías. La principal reforma en este ámbito pasaría por digitalizar el sistema de gestión común y unificarlo atajando así la descoordinación que existe entre las CCAA, una de las obsesiones de los de centro. La inversión informática rondaría los 500 millones de euros según lo estimado en el pacto y actuaría como piedra angular de una futura estrategia nacional de justicia.

En su reunión mantenida, el ministro Rafael Catalá y José Manuel Villegas reafirmaron el compromiso de incluir las medidas pactadas en las partidas presupuestarias pertinentes y Ciudadanos tiene intención de que se vean reflejadas ya a partir del próximo año. Además, según fuentes del partido, en el paquete estaría incluido aumentar los recursos humanos y materiales e incluso la creación de unidades judiciales específicas.

En cuanto a la reforma fiscal, una profunda reforma en el Impuesto de Sociedades, es el primer propósito para el partido liderado por Albert Rivera para cerrar agujeros y acercar la recaudación a la media europea bajo este tributo. El acuerdo de investidura firmado entre PP y C's es claro al respecto: "mejorar el control y recaudar más sin subir los tipos nominales". Con esta medida, el equipo económico naranja calcula que el Estado podría recaudar unos 3.000 millones de euros sólo en el próximo ejercicio endureciendo las deducciones de las grandes empresas.

El mayor temor en el equipo negociador de Ciudadanos es la tentación que el Gobierno pueda tener de subir los impuestos, un límite que el partido centrista no está dispuesto a traspasar. Aunque el IRPF parece estar descartado, sobre la mesa podría haber varias opciones dentro de los indirectos: desde un incremento del IVA a la restauración y el turismo, según explican fuentes conocedoras de la negociación, hasta un aumento en impuestos especiales como tabaco o hidrocarburos. En la otra cara de la moneda está el IVA cultural, cuya bajada -sin especificar el tipo- a "los espectáculos en directo" estaba comprendida en el punto número 89 del acuerdo, dejando fuera, eso sí, al cine.

Cuenta atrás para la amnistía fiscal

El Ministerio de Hacienda tiene hasta el 30 de noviembre para reclamar el dinero de la amnistía fiscal a los defraudadores. Unos ingresos estimados en 1.000 millones para 2017 según Ciudadanos que están comprometidos en el pacto de investidura y que constituyen un asunto capital para los de centro. Rivera y los suyos insisten en que sería "impensable" que Rajoy no cumpliera y todavía más que sobre la mesa esté la opción de subir los impuestos sin haber recaudado lo debido a los que deufradaron a raíz de la amnistía ideada por Cristóbal Montoro.

Pero si no lo hace antes de esa fecha, aunque sea vía carta solicitando la tributación, prescribirá y Hacienda no podrá reclamarlo. Los dirigentes naranjas confían en que el Gobierno termine por hacerlo pese a que sólo faltan nueve días para que el plazo venza. Está por ver qué ocurrirá si el Ejecutivo de Rajoy incumple la primera medida pactada que les permitió volver a la Moncloa el pasado 30 de octubre.