José Manuel Maza: un juez conservador para combatir el soberanismo y 'domar' la fiscalía

Que el fiscal general del Estado no sea fiscal, sino magistrado, permite desterrar, en principio, cualquier tentación de corporativismo con sus subordinados del Ministerio Público ante las decisiones impopulares para el colectivo que puedan llegar desde el Gobierno. El nombramiento de José Manuel Maza (Madrid, 1951) como máximo responsable del organismo tiene, además, otra indudable ventaja: su estrecha relación con los miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de la que sale ahora para ejercer su nuevo cargo, y su cercanía a su presidente, Manuel Marchena, con el que ha compartido años de deliberaciones en el tribunal. Esos dos factores son los que, según las fuentes consultadas, habrían catapultado a este juez conservador al vértice de la fiscalía.

Porque la cercanía de la fiscalía al Supremo, en los años que vienen, es crucial para el Ejecutivo. No solo por los grandes escándalos de –Gürtel, Taula, Púnica– que afectan al PP, el partido que lo sustenta, y que, tarde o temprano, terminarán pasando por el alto tribunal. También por la guerra en varios frentes iniciada por su antecesora, Consuelo Madrigal, contra el independentismo en Cataluña. En en el alto tribunal, donde se sustancia la querella contra el diputado y exportavoz de la Generalitat Francesc Homs por seguir adelante con la consulta independentista, pero también en el Constitucional, que denunció a la fiscalía la desobediencia de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. En el Tribunal Superior de Cataluña, que investiga al expresidente catalán Artur Mas; y en la Audiencia Nacional, cuyos fiscales persiguen por rebelión o sedición a cualquier cargo público no aforado que dé continuidad al 'procés'.

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Pero además, con el nombramiento de Maza, el Ejecutivo, según las fuentes consultadas, busca evitar la oposición del Ministerio Público a algunos de sus proyectos, algo con lo que no ha contado el Gobierno de Rajoy con sus otros dos fiscales generales, ambos procedentes de la carrera fiscal. Todavía se recuerdan los enfrentamientos del primero de ellos, Eduardo Torres-Dulce con el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a cuenta de su proyecto de reforma integral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretendía entregar la instrucción a los fiscales. El fiscal general llegó a criticarla abiertamente ante el Rey y todo el Tribunal Supremo durante el acto de apertura del año judicial de 2013. Torres-Dulce también se encaró al Gobierno por la petición de Anticorrupción de encarcelar al extesorero del PP Luis Bárcenas y por las presiones para presentar la querella contra el expresidente catalán Artur Mas por la consulta del 9-N, lo que terminó por forzar su dimisión.

Según la izquierda judicial, el nuevo fiscal general será supuestamente obediente con los designios del Ejecutivo por su afinidad ideológica con él

Las discrepancias corporativas de la fiscalía con el Gobierno tampoco desaparecieron con la llegada al cargo de Madrigal. La fiscal general saliente ha mantenido varios encontronazos con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, por dos de sus iniciativas estrella, muy criticadas por sus compañeros de carrera. La jefa de los fiscales fue muy crítica con el proyecto de digitalización de la Justicia y llegó a pedir al ministerio su replanteamiento por los problemas de ineficiencia e inseguridad que, a su juicio y el de sus colegas daba la plataforma informática Lexnet, a través de la cual se buscaba la eliminación del papel de los juzgados. Madrigal también fue crítica con la limitación de la investigación de las causas penales a seis meses, solo ampliable a 18 en caso de causas complejas. Esa apuesta de Catalá obligó al Ministerio Público a revisar en seis meses 400.000 casos para comprobar si había que archivarlos, llevarlos a juicio o prorrogar su investigación.

Con el nombramiento de Maza, el primer fiscal general no fiscal de la era Rajoy –Felipe González y Zapatero ya recurrieron a esta práctica con otros dos magistrados, Carlos Granados y Cándido Conde-Pumpido–, también miembros de la Sala Penal del Supremo- ese riesgo se reduce. Según la izquierda judicial, porque el nuevo fiscal general será supuestamente obediente con los designios del Ejecutivo por su afinidad ideológica con él. Los conservadores subrayan que el hecho de que proceda de la judicatura, en principio le quita ataduras respecto a los intereses del cuerpo que está a punto de dirigir. Sus compañeros, además, lo consideran un tipo simpático, afable, de buen trato, divertido. "Es difícil que alguien pueda criticarlo personalmente", destaca uno de ellos.

En sus 40 años de ejercicio, Maza ha pasado por los juzgados de Madrid, de los que fue decano y la Audiencia Provincial, donde llegó a presidir la sección primera. Accedió a la Sala Segunda del Supremo en 2002 para sustituir a su compañero Adolfo Prego –nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial– con los únicos votos de los vocales elegidos a propuesta del PP. Después, en 2011, obtuvo la plaza en propiedad cuando Prego pidió una excedencia para dedicarse a la abogacía. A la procedencia ideológica del nuevo fiscal general apunta también el hecho de que presidiera la Unión Judicial Independiente (UJI) una asociación judicial ya desaparecida y desgajada de la conservadora APM que algunos sitúan más a su derecha.

El magistrado redactó un voto para mostrar su discrepancia con la absolución de Garzón en el caso abierto por investigar los crímenes del franquismo

Durante los 14 años que ha pasado en el alto tribunal, José Manuel Maza ha saltado a los titulares por varias de sus actuaciones. El nuevo jefe de la fiscalía, por ejemplo, podría estar a favor de la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos, porque, en 2007, firmó un voto particular en contra de la doctrina Botín, la resolución del Supremo que sirvió para evitar que el banquero se sentara en el banquillo por el caso de las cesiones de crédito, pero no ha conseguido impedir que la hermana del Rey sea juzgada como cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que se achacan a su marido, Iñaki Urdangarin.

Otro de los votos particulares del magistrado fue el que redactó para mostrar su discrepancia con la absolución de Baltasar Garzón en el caso abierto contra él por intentar investigar los crímenes del franquismo. Maza aseguró en él que el exjuez de la Audiencia Nacional debió ser condenado por prevaricación dolosa, al haber asumido un caso que, según él, "no le correspondía". El voto calificó la actuación de Garzón de "simulacro de instrucción" y le acusó de agrandar la "frustración" de las asociaciones de memoria histórica que actuaron como denunciantes. El futuro fiscal general también se mostró favorable a juzgar al expresidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Dívar, por sus viajes con cargo a los presupuestos del órgano de gobierno de los jueces.

Entre sus últimas actuaciones con repercusión mediática como magistrado se encuentra el rechazo a las querellas presentadas por el pseudosindicato Manos Limpias –cuyo líder, Miguel Bernad, está encarcelado e investigado por supuesta extorsión– contra Podemos por su supuesta financiación ilegal. Los escritos, basados en el denominado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), fabricado supuestamente por las cloacas del Estado, fueron archivadas por carecer de indicios de delito.

Ahora, Maza tendrá que hacer frente desde su nuevo puesto a la reforma integral de la justicia anunciada el pasado lunes por Catalá durante su toma de posesión. Entre las medidas señaladas por el ministro para la legislatura que acaba de comenzar se encuentra de nuevo la entrega de la instrucción penal a los fiscales que no pudo culminar Gallardón y a la que se opuso públicamente Torres-Dulce. Quizá con un magistrado del Supremo en lo más alto del Ministerio Público, los obstáculos a esa futura revolución de la justicia criminal española se terminen allanando.