La Guardia Civil descubre amaños del 3% en 2015 e implica a los Nous Catalans de CDC

La investigación sobre la trama del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha conseguido identificar otra decena de contratos públicos que presuntamente fueron amañados por sus dirigentes, para beneficiar a las empresas que financiaban ilegalmente al partido. Las pesquisas, efectuadas por agentes del Instituto Armado de la Comandancia de Tarragona y dirigidas por la Fiscalía Anticorrupción, han descubierto además que las irregularidades se habrían estado produciendo hasta solo semanas antes de que estallara en julio de 2015 la primera fase de la llamada operación Petrum, con la detención de tres miembros de la familia Sumarroca, propietaria de la constructora Teyco.

Las nuevas licitaciones bajo sospecha aparecen señaladas en un informe que ya está en poder del instructor de la causa, Josep Bosch, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de El Vendrell (Tarragona). Según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso, los investigadores también han acreditado que las empresas que recibieron las adjudicaciones retornaron luego un porcentaje de los contratos a CDC mediante donaciones a la Fundación Nous Catalans (nuevos catalanes), la entidad creada en 2012 por Artur Mas para tratar de incorporar a los inmigrantes a la causa independentista, sobre todo a los musulmanes. La formación ya ha iniciado los trámites para clausurarla, como adelantó este diario.

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Hasta ahora, el foco del 3% se centraba únicamente en otras dos entidades de CDC, las fundaciones CatDem y Fórum Barcelona. La primera, 'think tank' del partido, fue creada en 1994 con el nombre de Trias Fargas, pero Mas la renombró en 2009 después de que se viera implicada en el caso Millet. La segunda, Fórum Barcelona, ya liquidada, estaba domiciliada en la misma dirección que CatDem y también compartía con ella administrador, el tesorero de CDC Andreu Viloca.

Aparecen las mismas empresas

Documentos intervenidos precisamente en agosto de 2015 en el despacho que tenía Viloca en la sede del partido han permitido a los investigadores desentrañar la caja B de Convergència. Según informes anteriores ya incorporados a la causa, CatDem y Fórum Barcelona recibieron donaciones de grandes contratistas que habían resultado beneficiados en concursos públicos de la Administración catalana. Los pagos rondaban el 3% del importe de las adjudicaciones, aunque se han encontrado transferencias de hasta el 7%. Posteriormente, los fondos eran desviados desde las fundaciones a CDC mediante facturas falsas por prestación de servicios inexistentes. Una vez que el dinero se incorporaba a la caja del partido, era utilizado para costear sus gastos ordinarios. Según los agentes de la Guardia Civil, a esa ecuación hay que sumar ahora a Nous Catalans, que también habría participado en la ocultación de comisiones ilegales por obras.

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En total, la formación del actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, habría conseguido por esta vía 3,5 millones de euros entre 2007 y 2013, aunque la cifra real podría ser muy superior. Solo entre 2008 y 2011, seis de las empresas investigadas recibieron contratos públicos en Cataluña por valor de 402 millones. El cálculo se centra en Teyco, Copisa, Natur System, Tec 4, Rogasa y Urbaser. Pero el periodo bajo investigación ya abarca 2015, y la lista de compañías implicadas incluye también a Oproler, Grup Soler y Comsa-Emte.

Según fuentes próximas al caso, esas mismas empresas son las protagonistas de la decena de nuevos contratos presuntamente amañados que aparecen en el informe aportado por la Guardia Civil al instructor de la causa. Se trata en su mayoría de trabajos para la construcción y mantenimiento de carreteras y ferrocarriles que habrían sido licitados por instituciones controladas por Convergència: desde la propia Generalitat a ayuntamientos, pasando por empresas y consorcios públicos.

La 'tarifa plana' de Convergència

La investigación también ha logrado profundizar en el funcionamiento de los amaños. Los primeros informes apuntaban, tras analizar la agenda de Viloca y la documentación de licitaciones que apareció en su despacho —a pesar de que supuestamente no participaba en órganos de contratación—, que el tesorero de CDC se reunía con los directivos de las compañías implicadas en momentos clave de los concursos para exigirles el pago de donativos si querían seguir teniendo opciones. Como consta en el sumario, los agentes acreditaron reuniones de Viloca con empresarios en los días previos a la publicación de las adjudicaciones y, también, justo antes de que se resolvieran. El tesorero de Convergència llegó a citar a los directivos en oficinas bancarias para ingresar los sobornos automáticamente en las cuentas de las fundaciones.

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Nuevas evidencias han llevado a los investigadores a modificar ligeramente esa hipótesis inicial. Más allá de esas reuniones con Viloca en fechas señaladas, la Guardia Civil sospecha ahora que la trama exigía a las empresas un primer gran pago como condición previa para poder optar a contratos en Cataluña. Después, en una segunda fase, el tesorero y otros responsables de CDC reclamaban a esas mismas compañías donativos periódicos si querían mantenerse en el grupo de contratistas preferentes de los organismos que controlaban. Es decir, que cada soborno no estaría vinculado con una única licitación amañada. La mecánica se parece más a una tarifa plana para corruptos patentada por Convergència.