El extraño caso de la lesa humanidad de ETA: ¿realmente investiga la Audiencia Nacional?

El sumario 3/2015 continúa vivo, aunque sin colear demasiado. Este procedimiento investiga a las últimas cúpulas de ETA por lesa humanidad desde que el juez Juan Pablo González decidió admitir a trámite una querella presentada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia en julio de 2015, cuando el magistrado estaba al frente del Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional. Tres meses después, González procesó a cinco jefes de la organización armada por el mencionado delito. En concreto, se trataba de José Antonio Urruticoechea Bengoechea 'Josu Ternera', Garikoitz Aspiazu Rubina 'Txeroki', Mikel Carrera Sarobe 'Ata', Aitxol Iriondo Yarza y Aitor Elizarán Aguilar.

El magistrado los consideraba los máximos responsables de los asesinatos en masa cometidos por la banda terrorista desde octubre de 2004 hasta la actualidad. Se trataba de una investigación pionera en España no solo por el hecho de acusar a los jefes de ETA de un delito tan grave, sino también por hacerlo a través de la teoría de hacer responsable de un asesinato no solo a quien aprieta el gatillo sino también a quien ordena hacerlo.

Desde la decisión de procesar a los cinco dirigentes de la banda, sin embargo, la instrucción se ha visto salpicada por continuas decisiones difíciles de comprender. Nada más ordenar el procesamiento, el juez González fue sustituido por la magistrada Carmen Lamela, que ocupó la plaza de titular del Juzgado número 3, que su predecesor había ocupado tan solo de forma provisional después de que su anterior propietario, Javier Gómez Bermúdez, se trasladara a París para ejercer como juez de enlace entre Francia y España.

La nueva inquilina del Juzgado número 3 no tenía las mismas ganas de impulsar la causa contra ETA que su antecesor, y sus hechos lo fueron demostrando. Nada más llegar a su nuevo despacho, protagonizó uno de los episodios más rocambolescos vividos en la Audiencia Nacional. Uno de los procesados, Aitor Elizarán, cumplía su condena en Francia, por lo que las autoridades galas decidieron enviarlo a Madrid. Sin embargo, y a pesar de que Gómez Bermúdez avisó de su llegada, ningún miembro de las fuerzas de seguridad le esperaba en el aeropuerto Adolfo Suárez.

La Fiscalía pidió su detención cuando Dignidad y Justicia lo solicitó, pero ya había desaparecido. La cambiante posición del Ministerio Público, que luego dijo que en realidad no había motivos para arrestar al etarra, y unas extrañas conversaciones entre la letrada del procesado y la Audiencia Nacional enturbiaron aún más el asunto, que derivó en una serie de recursos de los querellantes que aún no han sido ni resueltos por la jueza Lamela.

Se trataba de una investigación pionera. Tanto por acusar a los jefes de ETA de un delito tan grave como por hacer responsable a quien ordena el asesinato

Luego la magistrada decidió trocear el procedimiento y repartir la causa en diferentes juzgados de la Audiencia Nacional que habían investigado asuntos relacionados con los diferentes procesados. Argumentó la titular del Juzgado número 3 que de esta forma se evitarían "retrasos injustificados" y se aceleraría la instrucción. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Desde que Lamela tomó esa decisión la causa ha permanecido paralizada. Ninguno de los jueces que se repartieron el procedimiento ha tomado decisión alguna en relación con la investigación más allá de la que tomó la propia Lamela de excluir de la causa a Elizarán porque algunos informes le sitúan como número dos de la banda, y no como máximo responsable, resolución recurrida por los querellantes, que entienden que lo importante no es que fuera el jefe, sino que estuviera en la cúpula, en el órgano que dictaminó asesinar.

Pero no es solo que los jueces responsables no hayan tomado decisión alguna, sino que la propia Lamela ha seguido pronunciándose sobre determinados extremos de la causa a pesar de haberse inhibido de la mayoría de ellos. En concreto, sobre el mencionado levantamiento del procesamiento a Elizarán. La jueza lo ordenó el pasado 20 de abril, 19 días después de que la Sala de lo Penal confirmara la inhibición que antes había acordado la propia Lamela a favor de los juzgados 1, 4 y 6, que únicamente dejaba a la magistrada la competencia para investigar el asesinato de Isaías Carrasco cometido el 7 de marzo de 2008. Quedaba al margen de sus atribuciones, por lo tanto, la actuación de Elizarán, que se sitúa en la cúpula de ETA únicamente desde mayo de 2008 hasta octubre de 2009, cuando es detenido. Esta supuesta falta de competencia seguirá peleándola jurídicamente Dignidad y Justicia, que prepara ya acciones legales en ese sentido.

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Roberto R. Ballesteros

Fuentes jurídicas consultadas explican además que hay decenas de diligencias solicitadas por Dignidad y Justicia que ni siquiera han sido respondidas por el juzgado que dirige Lamela, quien más de un año después del procesamiento tampoco ha notificado aún su situación a los etarras afectados. Cierto que uno de ellos, Josu Ternera, está en paradero desconocido, pero los otros tres (excluyendo a Elizarán) sí se encuentran localizados en concretas prisiones francesas, por lo que no tiene explicación que ninguno haya recibido comunicación oficial sobre su procesamiento.

Otro extraño asunto relacionado con la causa de lesa humanidad es el reciente auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 6, que respondió el pasado 31 de octubre a la solicitud de cooperación reclamada por el Juzgado de lo Criminal Federal 6 de Buenos Aires (Argentina), que también a instancia de Dignidad y Justicia comenzó a investigar los crímenes de ETA anteriores a 2004 como delitos de lesa humanidad después de que la Audiencia Nacional declarara que tan solo podía enjuiciar los posteriores a ese año, dado que es en ese momento cuando se integra en el ordenamiento jurídico español el mencionado tipo penal.

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El juzgado de Instrucción español rechazó responder a la comisión rogatoria remitida por Argentina, que pedía información respecto a crímenes cometidos antes del 2004, y argumentó que los tribunales de Buenos Aires "carecen de jurisdicción" para investigar estos hechos "conforme a la legislación interna". "Nuestros tribunales han rechazado la calificación jurídica de estos hechos como delito de lesa humanidad, pero han investigado y enjuiciado de forma efectiva a cientos de individuos por su participación" en los asesinatos cometidos por ETA, arguyó la Audiencia Nacional, que sin embargo pasó por alto el hecho de que ella misma continúa investigando a la banda por lesa humanidad.

En el marco del sumario 3/2015, en el que se encuadra el procesamiento de los cuatro jefes de ETA antes citados, de hecho, no se ha producido por el momento resolución alguna que indique que no existe lesa humanidad. Al contrario, tras el mencionado procesamiento de Ternera, Txeroki, Iriondo y Ata, la causa continúa abierta, si bien en la situación narrada, en la que se han producido las mencionadas actuaciones anómalas.

Sin embargo, el auto del Juzgado de Instrucción 6 ignora este extremo y apela a un procedimiento que nada tiene que ver con la lesa humanidad –pero que entra a valorarla sin que el demandante siquiera lo reclame– para hacer ver a Argentina que aquí ya se ha resuelto ese asunto. En concreto, se refiere al auto de 8 de abril de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que rechaza la mencionada calificación jurídica para el caso del asesinato en el año 2000 del que fuera fiscal superior de Andalucía Luis Portero, padre del actual presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, que en ningún modo está siendo investigado por lesa humanidad.

Aún hoy existen 379 asesinatos sin esclarecer anteriores a 2004 que se atribuyen a la banda terrorista ETA. Algunos comenzaron a investigarse pero apenas se conservan unas pocas hojas grapadas en la Audiencia Nacional. Otros fueron destruidos intencionadamente hace años y unos cuantos ni siquiera se merecieron la simple apertura de unas diligencias previas.