El viaje a los infiernos de la juez del 11M: expulsada e ingresada en una residencia

La magistrada que durante meses protagonizó un procedimiento judicial paralelo al llevado en la Audiencia Nacional por los atentados del 11M, Coro Cillán, está hundida pero no muerta. La que fuera titular del Juzgado número 43 de Madrid durante una década recibió un fuerte varapalo hace dos años, cuando fue inhabilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por prevaricar en la administración de la discoteca Moma.

La resolución dañó el ánimo y la imagen de la magistrada, que desde su juzgado también había afrontado causas como la denuncia del financiero Javier de la Rosa contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. Y no es de extrañar. La doctora Cillán es profesora titular de derecho constitucional en la Universidad de Extremadura, ejerció como magistrada en los juzgados y en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa antes de llegar a Madrid y daba charlas con frecuencia en universidades de toda España hasta que el TSJM decretó su expulsión de la carrera judicial y su mundo -que solo había sido la judicatura- se vino abajo.

Un amigo abogado, José Luis Abascal, sin embargo, le ayudó a interponer una querella contra quien ella considera que estuvo detrás de su caída: el comisario José Villarejo, el hombre que grabó a Ignacio González en el marco de la investigación del ático de Marbella, que fue imputado en el caso Nicolás y que formó parte del grupo de policías que se trasladó a Cataluña para investigar al independentismo bajo la supervisión directa del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. En su escrito, la denunciante acusa a Villarejo de urdir un plan para precipitar el fin de la carrera profesional de la magistrada.

Cillán considera que el comisario incurrió en los delitos de amenazas, usurpación de funciones públicas, tráfico de influencias, actividades prohibidas a funcionarios y cohecho mientras planificaba cómo sacar a la querellante del Juzgado número 43 para siempre. La exjueza entiende que una conversación telefónica que tuvo lugar en 2012 entre De la Rosa y el policía, dada a conocer por 'Público' hace un año, demostraría que Villarejo movió hilos por detrás para quitar a Cillán la denuncia que el financiero había puesto contra Pujol y derivarla a la Audiencia Nacional con el fin de paralizar cualquier filtración a la prensa.

En concreto, según reveló la grabación que dio a conocer 'Público', Villarejo le prometía a De la Rosa aquel 10 de diciembre de 2012 por teléfono que se iba a encargar de apartar a Cillán de la causa: "Yo voy a... o sea, esta mañana se va a hablar con esta señora y se le va a quitar totalmente la jurisdicción, para lo cual necesito un día para hablar con la Audiencia Nacional y que la Audiencia Nacional admita todo el cuerpo, no solamente tu tema, sino los otros temas que tú ya conoces y llevarlos adelante".

"Ayer a última hora de la tarde –continuaba el comisario– se habló con el decano (que entonces era José Luis González Armengol) y el decano ya le ha pegado un tirón de orejas y ella ha dicho que ella no, que ella solamente ha hablado con su amiga de tribunales de 'El Mundo', pero que ha sido un comentario inconsciente y tal, por lo cual se le va a terminar probablemente abriendo un expediente en el Consejo General del Poder Judicial por el tema". "Tú me llamas a mí y yo tardo diez minutos en hacer una llamada y se para cualquier... se paró cualquier publicación", añadía el comisario para presumir de que él había conseguido evitar que apareciera nada en los medios sobre la querella contra Pujol.

Ingresada en La Paz

Tras interponer la querella, la Fiscalía ordenó iniciar un procedimiento de incapacitación, añadido a la inhabilitación. Un día, mientras la exmagistrada caminaba por la zona de los juzgados de plaza de Castilla, donde había ejercido durante tantos años, apareció una ambulancia del Samur y, casi sin mediar palabra, introdujo a la mujer en el vehículo medicalizado.

Permaneció unos días en una residencia, hasta que su abogado la sacó y se enteró de que la Fiscalía había abierto el mencionado proceso de incapacitación. No sería la primera vez, sin embargo, que se la llevaba la ambulancia. Unos días después, también por sorpresa, apareció otro vehículo del Samur. Coro se encontraba en ese momento cerca de su casa cuando aparecieron los médicos y se la llevaron. En esta ocasión la trasladaron a La Paz, donde la reconocieron y la ingresaron en planta para tratarle un problema en la pierna y otro de tensión.

Fue también la Fiscalía de Madrid la que tomó la decisión de ingresar a la mujer en el hospital así como la de judicializar el procedimiento de incapacitación, que actualmente dirige el Juzgado de Primera Instancia número 65 de Madrid. Coro está supervisada por la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, perteneciente a la Comunidad de Madrid. Una letrada le asiste en la residencia de ancianos en la que se encuentra nuevamente por orden del Ministerio Público.

Desde su retiro, sin embargo, Cillán está decidida a seguir adelante con su lucha judicial contra el comisario. El Juzgado número 12 de Madrid ha admitido a trámite su querella tras un primer archivo que recurrió el abogado de Coro, pero otro fenómeno inesperado ha obstaculizado la intenciones de la exmagistrada. La primera diligencia de investigación ordenada por el mencionado juzgado ha sido citar a la querellante, quien no ha podido cumplir con el mandato por culpa de la secretaria judicial.

Esta funcionaria es la misma que ejerció como testigo de cargo en el procedimiento que acabó con la inhabilitación de la exjueza. La letrada de la administración de justicia -nueva denominación del cargo de secretaria judicial- estaba destinada en el Juzgado 43 cuando éste era dirigido por Cillán y participó por lo tanto en la investigación del caso de la discoteca Moma, que provocó el fin de la carrera de la entonces instructora. La testificación de la secretaria judicial, de hecho, además de otras pruebas, resultó ser clave para que el Tribunal Superior de Justicia se decantara por la inhabilitación.

Testigo y secretaria judicial al mismo tiempo

Esta funcionaria, destinada ahora casualmente en el Juzgado número 12 -el que investiga la querella presentada por Cillán-, impidió que la denunciante formalizara lo ordenado por la titular del juzgado, Dolores Baeza Trujillo. En concreto, cuando Cillán se presentó en sede judicial para dar poder de representación a su abogado y cumplir lo establecido por la instructora, la secretaria judicial decidió dar 15 días de plazo a la tutora nombrada por la Comunidad de Madrid, que incluso había acompañado a Coro al juzgado para avalar que ejercía su derecho con plena conciencia, con el fin de que leyera con calma el escrito presentado y decidiera si autoriza o no a la exjueza a otorgar poderes de representación a su letrado, requisito necesario para cumplir con la citación ordenada por la instructora.

La decisión de la secretaria judicial ha sido vista como una maniobra ilegal por parte de la defensa de Cillán, que ha interpuesto un recurso en el que acusa a la letrada de la administración de justicia de suspender la firma del 'apud acta' -representación ante el juzgado- "sin causa legal", "desobedeciendo" a la jueza Baeza Trujillo y "sin fundamentación jurídica alguna". La secretaria "se ha extralimitado en sus funciones y ha vulnerado manifiestamente los derechos fundamentales de mi cliente", ha subrayado el abogado de la querellante, que argumenta que la capacidad de la exjueza "no está mermada por ninguna resolución judicial" y que su tutora "está perfectamente informada del procedimiento civil en el que actúa" y "nunca ha puesto objeción alguna".

Según la defensa de Cillán, la iniciativa de la secretaria judicial únicamente "viene a dilatar innecesariamente y sin motivo alguno el procedimiento" y está tomada por alguien que "fue parte esencial" en la causa que acabó con la carrera de la extitular del Juzgado 43. "Mantiene desde hace tiempo una clara enemistad hacia Cillán" y, por lo tanto, argumenta el escrito de queja, "debería apartarse voluntariamente" del procedimiento, "pues es conocedora de que está incursa en una causa de recusación legal".