Teléfonos, víctimas, vehículos... Así atrapó la Policía al pederasta de Ciudad Lineal

Los primeros días del juicio que se celebra en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid contra Antonio Ortiz, acusado de agredir sexualmente a cuatro niñas entre 2013 y 2014 en el barrio madrileño de Ciudad Lineal, han puesto en evidencia cómo desarrolló la Policía Nacional la difícil investigación que derivó en la detención del sospechoso a manos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) el 24 de septiembre de 2014, justo un año después de que el presunto pederasta cometiera su primera atrocidad.

Aquella tarde, los familiares de una niña que jugaba en un parque cercano a la madrileña calle Río Conejos comenzaron a echarla de menos. Llamaron a la Policía y comenzó un dispositivo de búsqueda. La pequeña apareció horas después en las proximidades. Al parecer la habían dejado en plena carretera y, según explicó el jefe de la investigación el pasado jueves durante la vista oral, incluso "a punto estuvo de ser atropellada".

El grupo 22 de la Brigada de Policía Judicial de Madrid se hizo cargo cuando se produjo este ataque inicial y comenzó a indagar el asunto aún como un caso aislado, ya que en ese momento incipiente todavía no había datos que apuntaran a un agresor en serie. Los miembros de este equipo policial, encuadrado dentro del denominado Servicio de Atención a la Familia (SAF) —responsable de investigar delitos contra menores—, emprendieron las diligencias que marca el protocolo bajo las órdenes de un juzgado de plaza de Castilla.

Tomaron testimonio a la niña, que relató que la habían metido en un coche y describió al autor a su manera, entre otros extremos, y comenzaron a escuchar a los pocos testigos que había. Los agentes recuperaron las grabaciones captadas por las cámaras de una gasolinera cercana, pero ninguna pista conducía a nadie en concreto. "Llegamos a un punto muerto por falta de indicios", explicó el jefe de la investigación, responsable del SAF de la Brigada de Policía Judicial y coordinador de los dos grupos que durante un año se han ido encargando alternativa de las pesquisas (el mencionado 22 y el 3).

Durante el invierno, según relató este funcionario, "los parques se vaciaron" y presumiblemente el pederasta no actuó. Hasta la llegada de la primavera. El 10 de abril, el SAF recibió un nuevo aviso. Una niña de nueve años había sido víctima de otro acto reprobable. El agresor la había invitado a subir a su coche —cuando la pequeña volvía con sus amigas de comprar chucherías— tras prometerle que le iba a probar ropa y engañarle diciéndole que venía de parte de su padre. La madre avisó a la Policía Municipal, que hizo una batida por la zona durante horas. La menor apareció finalmente ya entrada la noche en la cercana zona de Canillejas.

Esta vez la alerta recayó en el grupo 3 del SAF, el otro que conforma este servicio policial (cada semana se encontraba uno de guardia). Del caso se hizo cargo un juzgado diferente al que asumió la agresión del 24 de septiembre anterior, ya que en principio no tenía por qué haber conexión entre ambos sucesos. Sin embargo, pronto descubrieron los investigadores que había elementos en común entre los dos episodios.

La inspectora responsable del grupo 3 tomó declaración a la víctima y a los testigos, indagó en las cámaras de los establecimientos cercanos e incluso en las de los autobuses que pasaban por la zona, tomó vestigios biológicos y descubrió que ambos asuntos podían estar relacionados. "El 'modus operandi', el tipo de engaño utilizado y la descripción física" aportada por las niñas coincidían, explicó durante el juicio. En este caso, además, el testimonio de la pequeña fue muy importante. "No decía las cosas al tuntún; si las decía, es porque estaba segura", añadió la funcionaria. "Describió a un varón español, de estatura media, delgado, pero fuerte, pelo rubio corto y con una verruga en la cara y en el cuello", explicó la agente.

El 'modus operandi' coincidía

"Describía una vivienda con gálibos en el exterior, lo que la niña denominó porterías", aseguró el jefe de la investigación, quien también calificó la declaración de esta menor como sumamente relevante, tanto para unir este caso con el de septiembre pasado como para avanzar en la identificación del agresor. En paralelo, los agentes comenzaron a reclamar a las operadoras de telefonía los datos de las antenas BTS que cubrían las calles en las que habían desaparecido las pequeñas y en las que luego fueron encontradas. "Era información masiva, pero no había otra cosa; no nos proporcionaba el posicionamiento, sino el tráfico de las llamadas", detalló el inspector jefe de la operación, quien matizó que el análisis de estos datos llevó tiempo.

Fue entonces cuando el caso comenzó a tener repercusión en los medios de comunicación, lo que ayudó a que la gente denunciara cualquier asunto que tuviera que ver con la pederastia, ya que lo vinculaba al agresor en serie. "Esto permitió descubrir una tentativa que tuvo lugar a apenas 200 metros de distancia del último episodio", relató durante su intervención ante el tribunal el investigador principal, quien recordó que "una niña de 11 años contaba" que alguien también le había tratado de introducir en un coche con el señuelo de la ropa, pero que ella se negó. Luego la menor se lo contó a sus padres y estos a la Policía. Esta pequeña testigo aportó más datos, como que el sospechoso tenía un lunar.

Pasaron los meses, la presión social fue aumentando y los investigadores seguían trabajando tanto en el ámbito del análisis de los datos telefónicos como en el de la búsqueda de personas con antecedentes que encuadraran dentro de la descripción y en la criba de la información que provenía de la gente. "Todos los días teníamos avisos de gente que había visto cosas; la vía de la colaboración ciudadana fue muy importante, llegaron muchos datos y siempre se comprobaban", recordó el inspector jefe, quien aseguró que estaban en estas labores cuando recibieron una alerta en Coslada (Madrid).

Fue el 17 de junio de 2014, cuando una menor de origen chino fue agredida por un varón que la había engañado diciéndole que conocía a sus padres. También en esta ocasión, como en la de abril, la niña dijo que la había duchado. De hecho, cuando fue encontrada por una chica en el lugar donde la había abandonado el agresor, la menor tenía el pelo mojado. Estaba muy asustada, se agarraba con fuerza a la persona que la había visto por primera vez y "no quería hablar con nadie que no fuera mujer". "La descripción que hizo la pequeña no era incompatible con la que habían relatado las otras dos niñas, por lo que la tuvimos en cuenta como otro caso que podía tener al mismo autor", afirmó el jefe de las pesquisas ante la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, quien añadió que en ese momento la alarma social comenzó a dispararse.

La Dirección General dio orden de meter personal de apoyo en los grupos de investigación y la Brigada de Policía Judicial incorporó a funcionarios del departamento de homicidios de la Jefatura Superior de Madrid. "Teníamos un dispositivo especial en todas las comisarías de la zona, en Ciudad Lineal, en San Blas, en Hortaleza", rememoró el jefe de las pesquisas, quien añadió que los investigadores entregaron a los miembros de las mencionadas dependencias policiales datos sobre la descripción del agresor y las características de la vivienda que habían descrito las niñas.

Para esta última agresión, el depredador había modificado ligeramente su 'modus operandi', extremo que los investigadores no descubrieron hasta que no analizaron todos los datos telefónicos. Según reveló durante el juicio precisamente el responsable de este trabajo policial, el autor de los hechos fue incorporando técnicas antipoliciales conforme realizaba sus abominables actos. Al ir viendo en la prensa que los investigadores estaban averiguando cosas gracias al rastreo de los teléfonos, que aportaba datos sobre dónde se encontraban los terminales de los sospechosos que la Policía iba teniendo, el agresor comenzó a apagar su móvil cuando se disponía a actuar. Así al menos lo entendió el mencionado analista.

"Tanto en la agresión del 17 de junio como en la posterior y última, vemos que hay un aprendizaje del autor, porque detectamos que el teléfono no da señal justo en las horas en las que se cometen los hechos; en ese tiempo se encuentra apagado; no antes ni después, pero sí en esos momentos concretos", describió el policía, quien añadió que justo después de abandonar a la víctima del 17 de junio el terminal se vuelve a posicionar en la calle Montearagón, donde se ubica la casa de la madre de Ortiz y donde los investigadores sospecharon que podía haber ido el acusado para recoger primero y devolver después las llaves de la vivienda de Santa Virgilia, donde presuntamente cometió las atrocidades.

En ese momento, sin embargo, la causa continuaba siendo instruida por tres jueces diferentes y los agentes tenían más elementos para pensar que podía haber un solo autor, pero no contaban con datos definitivos para sacar la conclusión sin ningún género de duda. Fue entonces cuando llegó el 22 de agosto y los miembros del SAF recibieron la última alerta. Una menor fue encontrada cerca de la carretera de Canillas y describió un 'modus operandi' similar. Explicó que un varón la había embaucado diciéndole que se acercara, que le iban a gastar "una broma" a su abuelo.

"Una broma", término determinante

El uso de esta palabra —"una broma"— ayudó casi definitivamente a los responsables de las pesquisas, que buscaron en los antecedentes de algunos de los sospechosos y descubrieron que se trataba del mismo término que años atrás había utilizado Ortiz en la única agresión por la que había sido condenado. Además, la descripción de esta última menor apuntó en la misma dirección que en las anteriores: un hombre musculado, que sudaba mucho, que tenía las venas marcadas. Parecía claro que los cuatro casos estaban conectados.

Fue entonces cuando el jefe de los dos grupos del SAF se hizo cargo directamente del conjunto de las investigaciones y se situó como instructor policial de las diligencias. Una veintena de policías se unió al dispositivo habitual de seguridad ciudadana con el fin de patrullar por los distritos afectados. "Dimos retratos robots a las patrullas y comenzaron a llegar datos más claros sobre el análisis telefónico", explicó ante el tribunal el jefe de las pesquisas, quien señaló que ahora lo que había que hacer era "ir separando la paja hasta llegar a la aguja".

Una testigo identificó a una persona con una mochila que fue vista en el lugar de la última agresión. "Comprobamos que tenía antecedentes y que aparecía en las llamadas y que tenía acceso a vehículos compatibles con los que habían descrito las niñas", aseguró el inspector jefe, quien agregó que en aquel momento tenían tres sospechosos, uno de ellos que viajaba de metro en metro buscando parques por todo Madrid para fotografiar a niños y el otro frecuentaba gimnasios, usaba coches como los buscados y físicamente "no era descartable".

Finalmente, los investigadores descartaron a los otros dos sospechosos. Las detalladas descripciones de las niñas sobre el aspecto del acusado y, sobre todo, de su casa, así como los posicionamientos telefónicos, que situaban a Ortiz en los mismos lugares en las horas señaladas, salvo en los dos últimos casos por el mencionado motivo de que el teléfono aparece inactivo justo en los momentos en que se produjeron los hechos, fueron determinantes para que los agentes del SAF se decantaran por el actual procesado, para quien la Fiscalía pide 77 años de prisión.

Hasta seis horas en el gimnasio

El jefe de las pesquisas relató que la presión social fue fundamental en el último momento. Cuando los agentes reclamaron a las operadoras telefónicas datos sobre estos tres últimos sospechosos, éstas "no tardaron dos meses como al principio en proporcionar los datos, sino que en apenas una semana" aportaron toda la información. También fueron muy rápidos en colaborar los funcionarios de la Policía Municipal, aseguró el instructor policial, quienes ayudaron a localizar el Citroën Xara Picasso que los investigadores trataban de localizar y que fue utilizado presuntamente por el acusado para cometer sus atroces agresiones.

Una vez que estaba identificado y localizado el supuesto culpable, los agentes del SAF intervinieron su teléfono y montaron un dispositivo de seguimiento. "Había días que el hombre pasaba hasta seis horas en el gimnasio", contó el investigador principal, quien explicó también que en un momento determinado los agentes le pidieron la documentación y que posiblemente esto alertó al sospechoso, que poco después se marchó a Santander. De ahí que los responsables de las pesquisas decidieran intervenir. "El GEO iba con pies de plomo, porque no sabía con lo que podía encontrarse", advirtió el instructor policial antes de cerrar su intervención con la detención de Ortiz.

Tras arrestarle, los agentes registraron los diferentes domicilios del sospechoso y de su familia, tanto en Santander como en Madrid. El juez que se hizo cargo al final de todo el proceso consideró que había pruebas suficientes para inculparle y desechó incluso la posibilidad, planteada por los funcionarios del SAF, de pedir posicionamientos telefónicos de los otros dos sospechosos que los policías habían descartado. "No lo vio conveniente", sentenció el instructor ante la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, que celebrará vistas del juicio hasta el próximo 15 de diciembre previsiblemente, cuando la sala dejará visto para sentencia el proceso judicial que ha mantenido a Ortiz durante dos años en prisión provisional.