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¿Falso testimonio? ¿Falta de cooperación? Así se ve en la AN el rol del BdE en el caso Bankia
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¿Falso testimonio? ¿Falta de cooperación? Así se ve en la AN el rol del BdE en el caso Bankia

La imputación de MAFO y Restoy está de nuevo sobre la mesa. El supervisor ha dejado pasar cuatro años de pesquisas para admitir contra su voluntad que la situación de la entidad era desastrosa

Foto: Sede central de Bankia, en la plaza de Castilla. (EFE)
Sede central de Bankia, en la plaza de Castilla. (EFE)

Estupor, indignación, sorpresa. Esas son las sensaciones que han provocado en la Audiencia Nacional los correos y comunicaciones internas que han demostrado, cuatro años después de que se iniciarla la investigación, que el Banco de España consideraba inviable a Bankia y que su salida a Bolsa solo sería una solución provisional que no evitaría su rescate a costa del contribuyente. El supervisor ha aportado esos datos en las últimas semanas forzado por el instructor del caso y tras mantener una larga lucha por desacreditar los informes de los peritos designados por el juez que concluyeron que la entidad salió a Bolsa con cuentas falsas. Los investigadores hablan sin tapujos de "falso testimonio" de algunos de los inspectores que declararon como testigos y subrayan la falta de cooperación del supervisor que, dicen, debiera ser el primer interesado en aclarar lo sucedido.

La instrucción del caso Bankia se puede resumir en un párrafo. El juez Fernando Andreu, el instructor del caso, nombró a dos inspectores del BdE —Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras— como peritos para que, tras analizar toda la documentación del caso, informaran de si la salida a Bolsa de Bankia se ajustó o no a la legalidad. Los peritos concluyeron que no, que la oferta pública de acciones se lanzó con unas cuentas falseadas que no recogían la imagen fiel de la entidad. Desde entonces, los imputados, pero también el BdE, han tratado de combatir con todas sus fuerzas sus informes. Hasta que el pasado septiembre, el supervisor se vio forzado por el juez a entregar todas las comunicaciones internas de su personal previas a la cotización de la entidad. Y ahí se descubrió el pastel: los inspectores dudaban de la viabilidad de Bankia a corto y medio plazo y dibujaban una situación que la abocaba al rescate, como así fue.

Desde que los peritos concluyeron que la oferta pública de acciones se lanzó con cuentas falseadas, el BdE combatió con todas sus fuerzas los informes

Las fuentes consultadas consideran que esta última documentación ha puesto en evidencia las tesis defendidas por el supervisor a lo largo de la investigación y ha desacreditado dramáticamente su posición en el caso. El último intento de difamar las tesis de los peritos nombrados por el juez se produjo a finales del pasado julio, cuando Deloitte pidió que declararan como testigos varios inspectores del organismo. Entre ellos se encontraban el ex director general de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello; el actual dueño de ese mismo cargo, Mariano Herrera; el director de Regulación y Estabilidad Financiera, Julio Durán; y el inspector Pedro González. Todos ellos repitieron como un mantra ante el juez que las cuentas con las que Bankia salió a Bolsa eran correctas y que el banco tenía provisiones suficientes para hacer frente a posibles imprevistos.

La sombra del falso testimonio

Fuentes del caso aseguran sin tapujos que la evidente discrepancia entre lo que manifestaron los inspectores ante Andreu en junio y el contenido de las comunicaciones que mantuvieron entre ellos en 2011, cuando veían inviable la entidad, podrían dar lugar incluso a causas por falso testimonio, cuya investigación y enjuiciamiento no correspondería a la Audiencia Nacional, sino a los juzgados de Instrucción de Madrid (Plaza de Castilla). Pero más allá de las posibles responsabilidades personales que pudieran derivarse de las supuestas "falsedades" declaradas como testigos ante el juez, donde estaban obligados a decir la verdad bajo juramento, las fuentes consultadas apuntan a "la alarmante falta de cooperación de una institución pública como el Banco de España". La entrega de los correos que revelaron la verdadera visión sobre Bankia que tenía el supervisor solo ahora, al final de la investigación, demostrarían la "mala fe" y el "obstruccionismo" que habría mantenido el supervisor a lo largo de la causa.

Estas incongruencias comenzaron a verse el pasado septiembre, cuando el que fuera jefe de los inspectores de Caja Madrid desde 2009 y de Bankia hasta 2013, José Antonio Casaus, declaró como testigo a petición de la acusación popular de la Confederación Intersindical del Crédito (CIC) que dirige el exlíder de UPyD Andrés Herzog. En su comparecencia aseguró que BFA, la matriz de Bankia, era "una máquina de perder dinero" y aseguró que había avisado a sus superiores de que la salida a Bolsa terminaría llevando a la entidad a la nacionalización. En mayo de 2012, el banco tuvo que ser rescatado con casi 24.000 millones de euros públicos. Casaus, además, dio otros datos interesantes, como el hecho de que los créditos a promotores de la entidad, valorados en 20.000 millones, no estaban al corriente de pago. Entre las personas a las que advirtió se encontraba Pedro Comín, actual director adjunto de Supervisión del BdE.

Un mes antes, sin embargo, en julio, Comín había declarado ante Andreu que, en marzo de 2011, antes de la salida a Bolsa, Bankia disponía de provisiones genéricas de fondos no asignadas y destinadas a cubrir "deterioros adicionales" que se pudieran producir en caso de necesidad. Esas previsiones, según el director general adjunto de Supervisión, eran de 3.000 millones de euros, "un colchón" con el que hacer frente a contingencias concretas que pudieran darse en el futuro. Comín llegó a afirmar, para quitar hierro a la situación por la que atravesaba la entidad, que los 19.000 millones que pidió al Estado el actual presidente, José Ignacio Goirigolzarri, para salvar el banco eran "excesivos".

La entrega de los correos electrónicos cruzados entre los inspectores y supervisores en esa época, han demostrado que Comín estaba al corriente de las advertencias de Casaus. Sus avisos fueron aún más demoledores de lo que el inspector relató en su declaración. Casaus no solo informó a su superior de que el banco era inviable y de la excesiva morosidad de sus deudores, también aseguraba que BFA, la matriz de Bankia, estaba quebrada con 21.000 millones de pasivo, 5.000 más que su activo sin contar Bankia y que el mecanismo de lucha contra los impagos era refinanciar para que los créditos no aparecieran como morosos. También advertía de la "cuestionable honradez de los gestores", "un consejo muy politizado y poco profesional" que no dudaba en adjudicarse bonus pese a la mala situación de la entidad.

Casaus no solo informó a su superior de que el banco era inviable, también aseguraba que la filial BFA estaba quebrada con 21.000 millones de pasivo

Algunas de las predicciones de Casaus parecían obtenidas de una bola de cristal. Previó que una parte de la quiebra la tendrían que pagar los preferentistas y los que adquirieron deuda subordinada, lo que provocaría un enorme escándalo social. También advirtió de que, a su juicio, BFA tendría que ser nacionalizado con un rescate de unos 15.000 millones y Bankia sería vendido a un tercero. "Con ello, habremos socializado las pérdidas y habremos perdido unos meses/años", "algo injusto y contrario a lo que nos pide la norma (velar por un uso eficiente de los recursos públicos)", escribió. Su relato tiene claras semejanzas con lo que ocurrió después.

Casaus ha tratado de mitigar los efectos de la explosión de sus 'emails' con una carta enviada al juez el pasado 11 de octubre en la que asegura que las referencias que realizó en los correos al "grupo Bankia" tanto en esos correos como en su declaración, deben de entenderse atribuidas al "grupo BFA-Bankia" porque el seguimiento que él hizo fue "a nivel global" de las dos entidades. "Nosotros calificamos como inviable al grupo BFA-Bankia (...) y no nos pronunciamos sobre Bankia SA ni el grupo Bankia", asegura en esa carta. Fuentes consultadas por El Confidencial aseguran que se trata de un balón de oxígeno para el supervisor, que así podría alegar que las irregularidades contables se produjeron en BFA y no en Bankia, y que esta última no engañó a los inversores.

En medio de este ambiente de desconfianza hacia el BdE, Herzog, el abogado de la acusación popular de la CIC, ha vuelto a solicitar la imputación del gobernador al tiempo de los hechos investigados, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, así como la de Fernando Restoy, actual subgobernador y, por entonces, consejero nato de la institución al ocupar el cargo de vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El lunes, la Sala de lo Penal confirmó la decisión de Andreu de rechazar esa petición, rechazo que se produjo el 1 de julio, cuando el instructor aún no conocía los correos de Casaus. Ahora, la situación es muy diferente, pero el acuerdo, por el momento, sigue siendo una incógnita.

Estupor, indignación, sorpresa. Esas son las sensaciones que han provocado en la Audiencia Nacional los correos y comunicaciones internas que han demostrado, cuatro años después de que se iniciarla la investigación, que el Banco de España consideraba inviable a Bankia y que su salida a Bolsa solo sería una solución provisional que no evitaría su rescate a costa del contribuyente. El supervisor ha aportado esos datos en las últimas semanas forzado por el instructor del caso y tras mantener una larga lucha por desacreditar los informes de los peritos designados por el juez que concluyeron que la entidad salió a Bolsa con cuentas falsas. Los investigadores hablan sin tapujos de "falso testimonio" de algunos de los inspectores que declararon como testigos y subrayan la falta de cooperación del supervisor que, dicen, debiera ser el primer interesado en aclarar lo sucedido.

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