La Audiencia de Sevilla reabre el caso de las minas de Aznalcóllar

Nuevo giro al caso. Contra todo pronóstico, la Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado reabrir la investigación sobre la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación de las minas de Aznalcóllar. La sección Séptima de la Audiencia ha dictado un auto en el que estima el recurso interpuesto por la empresa Emerita Resources España contra el auto en el que la juez de Instrucción número 3 de Sevilla en el que se archivaba la causa.

Emerita dejaba claro en su recurso que existían más que irregularidades administrativas, "delitos de prevaricación". En su auto, fechado el 6 de noviembre, la magistrada decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones y precisó que "deberá ser la jurisdicción contencioso-administrativa la que resuelva los aspectos que son objeto de impugnación por las acusaciones".

“No puede convertirse a la instrucción penal en instancia encargada de la baremación de las diversas soluciones propuestas si no existen indicios suficientes más allá de meras sospechas o conjeturas de la existencia de desviación de poder al ejercer las potestades de selección de las ofertas presentadas", indicaba el auto de archivo de la causa.

La juez ya explicó en su resolución que el archivo provisional de las actuaciones se acuerda “con independencia de que haya que actuar por la vía de lo contencioso administrativo, y de que la administración competente deba cumplir con rigor el control del uso racional de las adjudicaciones”.

La Junta de Andalucía entregó en noviembre de 2015 la explotación de la mina de Aznacóllar a Minera Los Frailes, la ganadora del concurso, formada por Magtel, beneficiada con millonarias subvenciones de la Junta, y el Grupo México, la causante del mayor vertido en la historia de México. El Ejecutivo andaluz recuerda que fue el mes de mayo pasado cuando el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, tras la denuncia presentada por la empresa perdedora del concurso, acordó el inicio de unas diligencias probatorias, “consecuencia de que en el atestado policial se revelaban, a juicio de la policía judicial, la concurrencia de hechos acaecidos durante el procedimiento del concurso calificados como irregularidades graves, al menos indiciariamente".

El grupo adjudicatario tenía prevista la contratación de 200 personas para la investigación y, más adelante, de otras 1.100 en la puesta en marcha de la actividad. Para toda la campaña de investigación, se prevé una inversión total de siete millones de euros. Ramón Escudero, abogado de Emeritas Forbes Manhattan, la empresa perdedora del concurso, ya dudó hace un año que ninguna empresa fuera “a invertir en Aznalcóllar hasta que el tema judicial no se aclare”.