La burundanga y otras sustancias de violación que quedan impunes

Cuando Ana se despertó en su cama una mañana de verano, lo primero que sintió fue un fuerte dolor de cabeza de una borrachera que no recordaba. A pesar de encontrarse en su propio cuarto, había algo que le resultaba desconocido, un presentimiento que le decía que algo no iba como debería, confirmado por un escozor en la zona genital y un olor en las sábanas que no era el suyo.

“No sé qué ha pasado, pero algo ha ido mal”. La abogada Ester García se encuentra a menudo con afirmaciones como esta en el despacho donde atiende a víctimas de agresiones sexuales. Son víctimas de sumisión química: el uso de sustancias que provocan la pérdida de voluntad, una práctica cada vez más común por la dificultad de demostrar su uso, que deja impunes a muchos agresores.

Entre el 20% y el 30% de las agresiones sexuales se producen mediante sumisión química

“La impunidad es más viable que en otras agresiones; ellas no recuerdan y no hay lesiones ni pruebas para demostrarlo”, explica García sobre el delito que tiene como caso mediático más reciente el de los presuntos agresores de San Fermín. Según el Instituto Nacional de Toxicología, se estima que entre el 20% y el 30% de las agresiones sexuales se producen mediante este tipo de sumisión, con sustancias como la famosa burundanga o escopolamina, las benzodiacepinas, las drogas de abuso o, el más común, el alcohol etílico.

Dificultad para detectar la sustancia

La forma más habitual en que el agresor intoxica a su víctima es administrando estas sustancias en la bebida de forma subrepticia, o haciendo que las inhale sin saberlo (por ejemplo, haciendo que lea un periódico). Con una pequeña dosis se consigue un efecto casi inmediato y de varias horas de duración, para desaparecer luego rápidamente del organismo, lo que dificulta su reconocimiento.

Dependiendo de la sustancia, puede tardar de seis horas a cinco días en desaparecer

“La detección de los casos de sumisión química supone un reto para los laboratorios de toxicología”, reconoce una circular del Ministerio de Justicia con instrucciones de actuación para estos casos. Además, es habitual que la víctima, confundida y con lagunas, tarde más de un día en denunciar los hechos o acudir a un hospital, tiempo suficiente para que el tenue rastro desaparezca de sangre y orina. “Dependiendo de la sustancia, puede tardar de seis horas a cinco días en desaparecer”, explica Emilio Mencías, médico del Instituto Nacional de Toxicología.

A partir de entonces, la única prueba capaz de demostrar el uso de algunas de estas sustancias es mediante el análisis de una muestra de pelo, donde se mantiene hasta su corte. Sin embargo, la mayoría de los hospitales carecen de un protocolo que detecte en urgencias este tipo de casos, lo que dificulta la recogida de pruebas que pueden ser fundamentales en un proceso judicial de por sí complicado. “En España, solo unos cinco lo tienen, y al Instituto solo llegan los que han tenido una denuncia previa porque dependemos del Ministerio de Justicia, no del de Sanidad”, cuenta el médico toxicólogo. Además, el desconocimiento del uso de estas sustancias tampoco ayuda a la recogida de pruebas, para las que tiene que haber una sospecha previa. “Esta es una realidad que la Administración desconoce. Algunos jueces piensan que pido la muestra del pelo del agresor y no del de la víctima”, cuenta la abogada García.

Falta de indicios judiciales

Del total de agresiones sexuales con sumisión química, el Ministerio de Justicia estima que menos del 20% se denuncia a la Policía. Las víctimas que dan el paso se encuentran a menudo con el desconocimiento de las autoridades y la dificultad de demostrar algo que apenas recuerdan. “Depende mucho del agente que les atienda: algunos lo hacen bien, pero en otros casos no las creen”, cuenta García. “Se registran muchas quejas precisamente en estos casos, y algunas finalmente no denuncian por el trato que reciben”.

Las veces que deciden seguir adelante, se encuentran ante una nueva barrera: tener indicios suficientes para abrir un procedimiento, teniendo en cuenta las lagunas de la víctima y la falta de pruebas químicas. De todos los casos que llegan a esta abogada, muchos derivados del Hospital Clínico de Barcelona, solo en torno a un 60% o 70% prosperan. El resto se archiva por falta de pruebas, antes incluso de llamar a declarar a la víctima. “Llegar a juicio ya es todo un éxito”, asegura García.

Cuando lo consiguen, ante la falta de una muestra de la sustancia en el organismo, cobran especial relevancia otro tipo de pruebas para saber qué sucedió la noche de la violación. Además, el agresor, que suele ser un conocido de la víctima, habitualmente no niega la relación sexual, pero alega que esta ha sido consentida. La falta de otros indicios de violencia y la presencia de muestras de su ADN corroboran esta versión.

Por eso, en primer lugar lo más importante es la declaración de la víctima, de la que se valora, por ejemplo, que no haya contradicciones en su testimonio durante las distintas fases del proceso judicial. Algunas no se acuerdan de nada, otras tienen algunos 'flashes' de lo que pasó. “Tienen recuerdos difusos, por lo que su discurso puede ser desordenado o inseguro, lo que refuerza la creencia de que la mujer oculta algo o de que se lo inventa”, cuenta Yolanda Trigueros, psicóloga del Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual de la Comunidad de Madrid (Cimascam), gestionado por la fundación Aspacia. También suele ser de utilidad el cuadro psicológico que manifiestan, habitualmente con características comunes, como estupor, gran incertidumbre, estrés postraumático y emociones depresivas: las secuelas del abuso. “Suele ayudar bastante en el proceso aportar un informe psicológico que refleje las consecuencias del hecho traumático”, explica Trigueros.

De manera complementaria, se utiliza la “comprobación periférica”: testigos que estuvieron con la víctima antes o después de la agresión y que percibieron algo raro en ella. En un caso, por ejemplo, una agredida llegó a casa sin medias, lo que llamó la atención de su familia. Además, también suelen utilizarse, si las hay, las grabaciones de las cámaras de seguridad o el testimonio de testigos a la salida de discotecas o de hoteles.

Condena social y sensación de culpabilidad

A estas dificultades hay que sumar, según los expertos, el estigma social que las acompaña por el desconocimiento de estas prácticas y el contexto en que se producen. “A diferencia de otras agresiones, sí que suele haber más condena por parte de la sociedad si se ha dado en un entorno de fiesta”, explica Ana Torres, psicóloga del Hospital Clínico de Barcelona.

“Hay mucha gente que todavía cree que es el cuento de la abuela de que te echan polvos en la bebida”

Después de una noche de fiesta, donde habitualmente la víctima ha ingerido alcohol con sus amigos, muchas se encuentran ante sentimientos de culpabilidad y vergüenza que se refuerzan durante el proceso judicial o en su entorno social. “La víctima es continuamente cuestionada y lo vive traumáticamente”, comenta García.

Algunas no se animan a denunciar nunca. Otras, como Ana, lo hacen cuando ven un caso en los medios parecido al que sufrieron. Por eso, para la psicóloga Trigueros, es fundamental la visibilidad de estos casos: “Hay mucha gente que todavía no se lo cree, que es el cuento de la abuela de que te echan polvos en la bebida, pero es una realidad que se está extendiendo”.