¿Quién es Francisco Correa?

Asociación ilícita, fraude continuado a las Administraciones Públicas, cohecho activo continuado, falsedad continuada, malversación de caudales públicos continuado, falsedad en documento mercantil, estafa, prevaricación, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, tráfico de influencias... son algunos de los delitos de los que se tendrá que defender Francisco Correa en el primer macrojuicio de la Gürtel. Pero ¿quién es Correa? El cabecilla de una trama que, según las investigaciones, amañó contratos por valor de 353,6 millones de euros.

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Hoy prestar declaración hoy ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, tras diversos gestos de buena voluntad, Correa desvelará si finalmente colabora con la Fiscalía, reconoce su responsabilidad en la trama o si hay algún cabecilla más. Correa declara como acusado, junto a otras 36 personas, de las actividades que realizó entre los años 1999 y 2005, utilizando sus contactos políticos, en las comunidades de Madrid y Castilla y León y en los ayuntamientos de Estepona (Málaga), Majadahonda y Pozuelo (Madrid) y en el de la capital.

Cabecilla de la trama

Correa lideró a partir de 1999 un entramado empresarial y "personal" con la intención de enriquecerse con cargo a los fondos públicos. Contando con un grupo vertebrado en torno a él "contó con la esencial colaboración de cargos públicos" a los que compensaba con pagos y regalos en especie. Este conjunto era el denominado 'Grupo Correa' formado por él y por otras cinco personas: Crespo, el contable José Luis Izquierdo, la administradora Felisa Isabel Jordán, el exvocal del PP en la Junta del distrito madrileño de Moncloa Javier Nombela y la empleada Alicia Mínguez.

[Quién es quién en la trama Gürtel]

El objetivo de Gürtel

El objetivo era obtener contratos públicos tanto para sus empresas como para otras de terceros, a cambio, esto último de la correspondiente comisión. Funcionaban --asegura el Ministerio Público-mediante sobornos a funcionarios y autoridades, la creación de facturas falsas y entramados societarios para ocultar la procedencia ilícita y el destino de los fondos.

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El escrito del fiscal señala que Correa se prevaleció de sus "amistades" con responsables políticos del PP que le permitió de fondos públicos. En concreto indica que emprendió las actividades que se juzgan en esta pieza con el exconcejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, que era el gerente de la Sociedad Municipal Turismo y Actividades Recreativas de Estepona SL. En cuanto a Majadahonda, intervino junto al entonces alcalde de la localidad entre los años 2001 y 2005, Guillermo Ortega Alonso. En Castilla y León, fundamentalmente actuó junto al extesorero del PP Luis Bárcenas y el diputado por Segovia del partido Jesús Merino, durante los años 2002 y 2003.

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Entre el 2003 y 2005 participó con el exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato, Jesús Sepúlveda. Por último, en el año 2002 y entre 2004 y 2008, Correa colaboró principalmente con el exconcejal de Servicios de Limpieza Urbana del consistorio y viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo. Todas estas personas también están acusados en la pieza 'Época I: 1999-2005' por haber percibido del 'Grupo Correa' "pagos y/o regalos en especie" por su intervención en las distintas adjudicaciones de contratos públicos.

¿Pacto con la Fiscalía?

Correa parece haber alcanzado un acuerdo con la Fiscalía para reducir la pena que le pueda ser impuesta. El pasado 26 de septiembre solicitó al tribunal que le juzga poder acceder a una de las cuentas que tiene en Suiza para pagar más de dos millones de euros como "reparación del daño reclamado" y hacer así efectivo el pago de la cuantía que le exige la Fiscalía Anticorrupción como responsabilidad civil. Piden 125 años de cárcel para él.

Comisiones millonarias

Según Anticorrupción, Correa percibió por aquellos contratos públicos adjudicados a sus empresas durante el periodo 2000-2008 -que coincide esencialmente con la primera etapa de la trama que se está juzgando-, la cantidad aproximada de 8,4 millones de euros. Los contratos generaron según la acusación "un importante perjuicio a las entidades públicas adjudicadoras